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Archive for the ‘sociedad civil’ Category

 

10762VenezuelaEn los últimos días se han presentado numerosos análisis sobre las elecciones del 8 de diciembre en Venezuela, que consideran factores importantes como el contexto económico, las condiciones de la competencia, los niveles de abstención y el impacto de sus ambiguos resultados en el futuro inmediato. A pesar de la indudable validez de estos análisis, ellos parecen quedarse en el plano de la racionalidad instrumental de los sujetos individuales y colectivos, que planean estrategias, se organizan para ejecutarlas y evalúan los resultados para corregir el rumbo. El gran ausente es el mundo de las emociones, como si los analistas se hubieran esforzado por censurar su alegría o decepción por los resultados, para generar un discurso neutro y “objetivo”, ajeno a las turbulencias afectivas que, sin duda, afectaron a dirigentes, ciudadanos comunes y analistas, tanto durante la campaña electoral como, sobre todo, en el momento crucial del conteo de los votos.

En vida de Chávez, la estrategia política era inseparable de su dimensión emocional, y ambas eran magistralmente conducidas por el caudillo para reforzarse mutuamente: toda decisión sobre políticas públicas era acompañada de un relato histórico-afectivo en el cual se señalaban claramente héroes y villanos, pero sobre todo víctimas y victimarios, estimulando la compasión por unos y el odio hacia los otros, relato que culminaba identificando cada política pública con una reivindicación de los primeros y un castigo a los segundos.

Maduro intentó imitar las palabras del relato, pero él mismo terminó por darse cuenta de que ellas por sí solas carecían de la potencia necesaria para reanimar el fervor revolucionario, porque eran inseparables de la persona misma del difunto presidente; oírlas en la voz de Maduro hacía más cruel el contraste entre el original y la copia. Es quizás por ello que, acorralado por la pérdida de popularidad que indicaban los sondeos, decidió huir hacia adelante, sustituyendo su discurso inefectivo por decisiones impactantes que removieron emociones ya casi olvidadas.

Son algo simplistas las explicaciones que atribuyen el aumento de la aprobación del gobierno en las últimas semanas a una especie de incorregible carácter consumista y rentista de los venezolanos, como si fueran cobayas de laboratorio que responden a un estímulo con una respuesta condicionada. En la avalancha de saqueos -legitimados o no por el gobierno- hubo algo más que deseos adquisitivos: se trató de una revancha contra los “explotadores”, hasta el punto de que muchos de los participantes en los tumultos se llevaban, o compraban, objetos que no habían creído necesitar o, cuando se agotaron los más codiciados, terminaban por conformarse con los de escaso valor, pero no querían perderse el acto mismo de participar en el castigo que el gobierno había impuesto desde arriba; más allá de la obvia racionalidad económica de apropiarse sin costo -o a uno muy bajo- de mercancías que se convierten en reserva de valor ante la inflación, el saqueo legitimado fue un ritual de reencuentro emocional de las bases decepcionadas con el discurso redentor de la revolución.

Aunque se formaron largas filas de espera para acceder a los productos rebajados de precio, el carácter de ellas era radicalmente distinto de las que se hacen para obtener los productos básicos. Liberarse aunque sea por pocas horas, como en un cuento de hadas, de las apremiantes leyes del mercado, alivió la sensación de pérdida de libertad que acompaña siempre a la escasez: después de meses de incertidumbre sobre la presencia o no de bienes básicos en el mercado, de centenares de horas dedicadas a hacer filas para obtenerlos, de impotencia ante los aumentos cotidianos pero inexplicables de los precios, la invitación a apropiarse de aquellos objetos no esenciales, dedicados a mejorar la calidad de vida de quienes han resuelto el problema de la subsistencia, significaba una reivindicación del derecho de cada uno a escapar, unas pocas horas al día, del reino de la necesidad para administrar sus pequeñas y privadas parcelas de libertad. Libertad negada por las horas perdidas en interminables retrasos del tránsito; por las largas esperas en los hospitales, las oficinas públicas o los bancos, sin posibilidad alguna de renunciar a ese trabajo, ese servicio, ese subsidio, esa promesa, y por lo tanto de escapar a las exigencias de la necesidad.

Esta tentación de liberarse momentáneamente de las presiones de una economía inflacionaria no fue exclusiva de los sectores populares; entre los aspirantes al mágico regalo de un precio ajeno al mercado se contaron muchos de clase media, que no dejan de sentir la misma asfixia ante el creciente bloqueo de las expectativas que por mucho tiempo formaron parte de su identidad. Pero, si por algunos días la emoción predominante fue el alivio, no sólo por las acciones del gobierno sino más aún por sus promesas de extender el control de precios a todo el universo económico, poco a poco retornaron a la superficie otras emociones que habían permanecido latentes: la ira, el resentimiento y el miedo.

Al contrario de lo que algún discurso opositor radical quisiera, la ira y el resentimiento no son propiedad exclusiva de los chavistas, ni el miedo lo es de los opositores. En los últimos quince años estas emociones se han entreverado y circulado como una corriente alterna entre los polos que hoy constituyen nuestra sociedad. Si bien es cierto que el discurso de Chávez y sus sucesores se alimenta en gran parte de las dos primeras emociones, y las ha utilizado para potenciar el impacto de sus políticas, el chavista de base también teme a los opositores, como han recordado frecuentemente quienes tratan de excusar las tendencias autoritarias del régimen; el golpe de abril de 2002 y el impacto de la huelga general de ese mismo año sobre la población se aducen como prueba de un pretendido carácter reactivo de la agresividad política oficial, y de la desconfianza que impide a muchos oficialistas descontentos consumar su ruptura con el régimen.

Y por su parte, la ya larga cadena de fracasos, así sean relativos, de los intentos opositores por desplazar o al menos frenar el avance del proyecto totalitario alimenta la ira y el resentimiento de sus bases. Cuando se cree que la razón, el conocimiento, los “valores” y el bien están de nuestro lado, se hace más difícil comprender, y menos aceptar, que ese enemigo al que despreciamos se nos imponga una y otra vez, y sepa manipular hábilmente las instituciones para aparentar que obedece a las reglas de un juego limpio.

Y no hay un terreno donde esta paradoja se exprese con más intensidad que en el electoral. En efecto, el sistema electoral venezolano es un ejemplo casi perfecto de lo que Andreas Schedler ha llamado la manipulación de las instituciones democráticas, y especialmente de las elecciones, por el autoritarismo electoral. Desde el proceso electoral de 2006, los opositores de base se han visto enfrentados a un doble mensaje proveniente de sus líderes: sí, es cierto que el Consejo Nacional Electoral está parcializado a favor del gobierno, y hará todo lo posible por arrancar cualquier victoria de nuestras manos, pero debemos participar en este proceso sesgado porque no tenemos alternativa, y además hay una pequeña isla de neutralidad técnica en la que se detiene la capacidad de manipulación del régimen.

Se enfrenta así el opositor de base a algo muy parecido al “doble vínculo” de Bateson, en el que sus mismos dirigentes están atrapados; debo votar, pero es muy probable que mi voto sea robado o ignorado; pero, de todas maneras, debo seguir votando. Esta tensión entre una esperanza tenue y una frustración segura (porque, aunque se obtengan victorias parciales, ellas siempre estarán teñidas por el ventajismo y la manipulación) se traduce en unos casos en apatía, en otros en rabia y casi siempre en resentimiento, no sólo contra el adversario, sino contra el propio campo y hasta sí mismo.

El opositor que, distanciándose momentáneamente de sí mismo, se observa como lo haría un espectador, puede llegar a sentir una profunda indignación por la manera en que una y otra vez se somete a la intrusión del proyecto totalitario en sus derechos políticos y cívicos, su libertad y hasta su vida cotidiana, tolerando situaciones que nunca habría imaginado poder soportar. La conciencia de que es el miedo el que impulsa esta sumisión agrava la ira y el resentimiento, al enfrentar, en otro terreno pero con la misma intensidad, a la persona con los límites de su libertad. Por más humillantes que sean las restricciones impuestas por el régimen, el principio de realidad obliga a la prudencia, el silencio o la retirada ante un poder cada vez más arrollador. Y de allí que, de tanto en tanto, la ira se convierte en acicate para acciones o proyectos que, no por ser desesperados o poco realistas pierden su intensa atracción, ya que responden a una necesidad profunda de creerse libres, de soñar que se puede enfrentar la realidad para cambiarla. La indignación que producen hechos como la manipulación descarada de las cifras por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, al presentar los recientes resultados electorales, parece indicar que ellos y otros similares operan como provocaciones para manipular, ya no las emociones de sus seguidores, sino las de sus adversarios.

Para concluir, no se trata de recomendar que pongamos nuestras emociones a un lado y nos comportemos como seres pretendidamente racionales, sino de reconocer el papel que ellas juegan en toda estrategia política. Desde octubre de 2012 en adelante, el dos veces candidato de la oposición, Henrique Capriles, parece haber comprendido la importancia de esta dimensión, tanto en su aspecto constructivo como destructivo, y ha tratado de canalizarla. Sin embargo, las emociones negativas parecen hoy estar predominando sobre aquellas que favorecen el diálogo y la convivencia entre los ciudadanos.

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En la entrada anterior comentábamos nuestra extrañeza por la ausencia, en la página web de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, de su documento original  sobre el financiamiento internacional de las organizaciones sociales. Afortunadamente ya esta omisión fue corregida y el documento en su totalidad puede verse en:

http://bit.ly/b4yG0u

Como era fácil de imaginar, el documento original es mucho más rico y matizado que las dos versiones cortadas y sesgadas del mismo, y es una contribución muy valiosa al debate de fondo sobre el tema.

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El comunicado de la Red de Apoyo en el que toma posición sobre el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a recibir fondos del extranjero fue recogido por los medios de comunicación el 15 de septiembre de 2010. En forma algo sorprendente, no podemos conocer directamente el texto original del comunicado porque el mismo no ha sido publicado (cuatro días después de su emisión) en la página web de la organización (http://www.redapoyo.org.ve). Ello permitió a los medios del gobierno y de la oposición enfatizar los aspectos del texto que más coincidían con su propia visión, lo que muestra los peligros de la polarización en nuestros espacios públicos: quien no haya leído sino una de las dos versiones del documento tendrá una visión radicalmente distinta de quien haya leído la otra versión; por eso a continuación copiamos ambas, para que el lector pueda deducir parcialmente el sentido completo y verdadero de la posición de la Red de Apoyo, mientras seguimos a la espera de la publicación de su versión oficial.

La versión de la agencia oficial de noticias:

ONG reconoce que es deber del Estado tomar medidas para regular financiamiento externo

Caracas, 15 Sep. AVN .- La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz reconoció que el “Estado puede tomar medidas a fin de evitar intervenciones indebidas en los asuntos internos del país”, al referirse al financiamiento extranjero que reciben algunas Organización No Gubernamental (ONG) de derecha.

Así lo manifestó esta ONG a través de un comunicado que este miércoles publica el diario opositor El Universal.

No obstante, la misiva reseña que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz aboga por el derecho de las ONG Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) a recibir recursos del exterior siempre y cuando sean destinados “para fines lícitos, transparentes y pacíficos”, al tiempo que se opone a la investigación que adelanta en esa materia el Gobierno Nacional.

Organizaciones venezolanas como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) son las principales beneficiarias del financiamiento que el Departamento de Estado estadounidense canaliza a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), así lo dio a conocer en julio de este año la abogada Eva Golinger.

De acuerdo con la denuncia presentada por Golinger, el Departamento de Estado ha dado un financiamiento de 4 millones de dólares al Ipys y a la ONG Espacio Público. Ese financiamiento, oficialmente otorgado para la formación de comunicadores sociales, tendría por objetivo real llevar a cabo una campaña de desestabilización en este año electoral.

Recibir financiamiento internacional para actividades de política interna supone una transgresión al artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que “los sistemas democráticos se apoyan en la participación de sus ciudadanos y de las organizaciones políticas que los aglutinan para participar en el sistema político y, así, articular la actuación pública en favor de los miembros de la sociedad nacional y no de agentes externos que pudieran intervenir en la vida política de un Estado, lesionando el derecho de la Nación a su autodeterminación, su independencia y soberanía”.

12:13 15/09/2010

La versión de un diario opositor:

Defienden derecho de ONG a buscar fondos en exterior [...]

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL miércoles 15 de septiembre de 2010  12:00 AM

Las organizaciones civiles tienen derecho a buscar y recibir financiamiento del exterior para cumplir sus objetivos, siempre y cuando los mismos sean “para fines lícitos, transparentes y pacíficos”.

La afirmación la hizo la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la cual se sumó al coro de voces que se han alzado contra los procesos abiertos contra Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y a la campaña de desprestigio que contra sus directivos se ha lanzado desde medios estatales, debido a los recursos que ambas instancias recibieron fondos desde el extranjero para llevar adelante sus programas.

En un comunicado, la agrupación reconoció que el Estado puede tomar medidas para “evitar intervenciones indebidas en los asuntos internos del país”. Sin embargo, aclaró que las mismas “no deben desembocar en la anulación de la cooperación internacional, que siempre será ideológicamente diversa, como diversas son las organizaciones”.

La agrupación tildó de “saludable para la democracia” que se debata sobre el financiamiento que obtienen las organizaciones no gubernamentales allende las fronteras, pero demandó de los organismos públicos lo mismo y le recordó a las autoridades que los obs- táculos que han puesto al acceso a la información dificultan “la posibilidad del ejercicio de la contraloría social y de la democracia participativa”.

La Red demandó de la nueva Asamblea Nacional que convoque una “mesa plural” para aprobar una Ley de Cooperación Internacional que “contemple criterios justos, equilibrados y transparentes”.

El comunicado de la Red se emite una semana después de que 100 organizaciones civiles fijaran posición sobre las amenazas que se ciernen sobre ellas y el cual no suscribió. [...]

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La Red de Apoyo por la Justicia y Paz es una organización de defensa de los derechos humanos con larga trayectoria en el país. Esta organización difiere, en cierta medida, de otras del mismo campo en que ha decidido dar prioridad explícita a los derechos de los sectores populares, y tiende a identificarse con las posiciones globalmente calificables como “izquierda”. Sin embargo, no se le puede acusar de ser complaciente con el gobierno actual por compartir esta ideología de izquierda; por el contrario, ha hecho y sigue haciendo denuncias serias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios gubernamentales, aunque igualmente ha denunciado dichas violaciones cuando han sido cometidas por miembros de la oposición. Y al mismo tiempo, ha colaborado en los programas de formación de funcionarios en el tema de los derechos humanos. Quizás por querer mantener esta equidistancia entre gobierno y oposición, la Red no se sumó al pronunciamiento de la mayoría de las organizaciones que  defendía su derecho a recibir fondos del extranjero. Aunque la Red también ha recibido fondos de numerosas fuentes extranjeras (evitando recibirlos de fuentes ligadas al gobierno de los EEUU) prefirió expresar su opinión en un comunicado propio, en el que coincide en términos generales con las otras organizaciones, aunque cree necesario enfatizar que dicho financiamiento es legítimo  “siempre y cuando los mismos sean para fines lícitos, transparentes y pacíficos”. Aunque debería ser obvio que las organizaciones de la sociedad civil, por definición, se dedican a ese tipo de fines, la advertencia tiende a dar cierta credibilidad a las acusaciones del gobierno sobre el carácter “subversivo” o “golpista” de algunas organizaciones. En la siguiente entrada veremos cómo fue interpretada esta toma de posición de la Red de Apoyo por  medios de comunicación oficialistas y opositores.

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Liliana Ortega (COFAVIC), Feliciano Reyna (SINERGIA) Rafael Uzcátegui (PROVEA)

Por una significativa coincidencia, en los últimos días se han presentado a la opinión pública nacional e internacional dos documentos con el título de “Pronunciamiento”. Esta palabra tiene connotaciones de activismo, de preparación y sobre todo de advertencia a quienes va dirigido, anunciando que se está dispuesto a respaldar las palabras con acciones. Y tan contundente es, que en España hubo a lo largo de los años tantos “pronunciamientos” militares que la palabra perdió su apellido para convertirse en sinónimo de alzamiento militar. Sin embargo, no estamos hablando de ese tipo de pronunciamiento, sino de los que provisionalmente se limitan a las palabras, pero anuncian su disposición a ir más allá de ellas.

El “Pronunciamiento de organizaciones de sociedad civil venezolanas”, firmado por 111 organizaciones y seis redes de diversos campos de acción,  puede ser leído en su totalidad en la excelente página “entrelaces”:  http://www.entrelaces.org/noticias.php?accion=3&noticia=1975.

Sin repetir su contenido, podemos destacar que el documento defiende la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil y su derecho a recibir fondos de donantes nacionales e internacionales sin que ello implique complacencia hacia los donantes ni identificación con sus orientaciones políticas; asimismo  expresan su “más enérgico rechazo a las campañas de desprestigio y descalificación contra nuestra labor, así como a cualquier práctica o sentencia que impida o restrinja nuestro derecho a promover y defender los derechos humanos.” Pero también solicitan al poder público “Abrir canales de comunicación e interlocución con las organizaciones de sociedad civil para la búsqueda conjunta de caminos que hagan realidad la plena vigencia de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades democráticas en Venezuela.” De esta forma, combinan la defensa frontal de su autonomía con la oferta de diálogo, a pesar de los innumerables ataques que vienen sufriendo muchas organizaciones por parte del gobierno.

El segundo documento, titulado “Pronunciamiento de la Central de Trabajadores de Cuba” no podía ofrecer un contraste mayor con el primero. Publicado en los principales medios de comunicación cubanos, (por ejemplo: http://www.granma.cu/espanol/cuba/13-septiembre-pronunciamiento.html) expresa formalmente la posición de los representantes de los trabajadores cubanos frente a las reformas económicas que se están poniendo en práctica en ese país. Sin embargo, más parece una copia casi literal de los discursos del presidente Raúl Castro al referirse al mismo tema. La idea del sindicato como expresión de intereses específicos de los trabajadores se disuelve en la necesidad de cumplir con los objetivos planteados por el gobierno, aun si ello implica el despido del 10% de la fuerza laboral de la isla. Se convierte así la CTC, no sólo en seguidora y repetidora sumisa de la línea oficial, sino en agente activo de la zafra de empleos.

Así, la CTC anuncia (y nadie duda de su disposición a cumplir su palabra) que:

“El éxito del proceso que ahora se inicia dependerá del aseguramiento político que desde el movimiento sindical y bajo la dirección del Partido los dirigentes sindicales demos previamente a las acciones que se deben emprender, y del consenso social que alcancemos sobre la pertinencia económica y política de este paso. Estas medidas de disponibilidad laboral buscan la identificación de las plazas que no resultan indispensables y la reubicación en otro puesto de trabajo donde sea necesario y posible o la reorientación laboral de los trabajadores que las ocupan.”

Bajo el manto del enrevesado lenguaje burocrático, los trabajadores entenderán que el sindicato le hará el favor al Estado-patrono de identificar a los empleados sobrantes, aliviándole así de la penosa responsabilidad por esta política “salvaje” de despidos masivos que debe estar cumplida  para el primer trimestre de 2011. Pero ¿acaso este adelgazamiento del aparato estatal se traducirá en mejoras salariales para los trabajadores que quedan? ¿Exigirán sus “representantes” algún tipo de compensación para los afectados? Veamos qué dice la Central:

“Todo este proceso se efectuará sobre bases y normas nuevas y se modificará el actual tratamiento laboral y salarial para los disponibles e interruptos, [sí, dice "interruptos"] pues ya no será posible aplicar la fórmula de proteger o subsidiar salarialmente de forma indefinida a los trabajadores.” [...]

Un asunto de singular importancia lo constituye el salario. Hay que revitalizar el principio de distribución socialista, de pagar a cada cual según la cantidad y calidad del trabajo aportado. Los sistemas de pago por resultado, aplicados en centros con plantillas mejor ajustadas, continuarán siendo la vía para elevar la productividad y como consecuencia de ello, el ingreso de los trabajadores.”

El sindicato respalda así la reafirmación de la productividad laboral, al más puro estilo capitalista, como criterio para la remuneración, dejando para quién sabe qué tiempo la forja del “hombre nuevo” que respondería a incentivos morales.

En síntesis, el “Pronunciamiento” de la CTC es la mejor muestra de lo que ocurre cuando se permite que el Estado sustituya a la sociedad civil diversa, autónoma y en ejercicio de sus derechos ciudadanos por una pseudo-sociedad civil que esconde, bajo las formas legitimadas por el tiempo, los tentáculos del poder totalitario.

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En  los últimos años, un amplio sector de organizaciones ha tratado de evitar la polarización política, situándose en posiciones intermedias y dando prioridad a sus misiones originales, sobre todo en la defensa de los derechos humanos y la auto-organización de  los sectores populares. Su labor  se ha visto presionada por los intentos del gobierno de sustituir o desplazar a las actividades autónomas, y los de ciertos sectores de la oposición por cooptar aliados. Sin embargo, han logrado hasta ahora escapar, aunque sea parcialmente, a la lógica de la polarización. Ellas han intensificado sus esfuerzos previos por restablecer el diálogo y la comunicación en el seno de la sociedad, tratando de encontrar áreas de consenso y cooperación entre todos los actores, y de defender los derechos ciudadanos independientemente de quiénes los violen. Estas organizaciones podrían llegar a ser el núcleo más sólido de una sociedad civil autónoma, actor indispensable para la reconstrucción de la democracia en Venezuela. Una característica de ellas es que tienden a agruparse en redes que potencian su alcance. Una de estas redes es el  Foro por la Vida, que agrupa 18 organizaciones promotoras de los derechos humanos, tanto de carácter nacional como regional o local, e incluye centros de investigación académica.

Ayer, el Foro por la Vida emitió una declaración en la que analiza las responsabilidades de diferentes ramas del Estado en la muerte de Franklin Brito. Más que comentarlo, el documento merece ser conocido en su totalidad, y puede ser consultado en la siguiente página:

http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=6209

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Hoy se dio a conocer la muerte de Franklin Brito, como consecuencia de la última de las muchas huelgas de hambre que realizó para reivindicar la propiedad de su pequeño fundo en el estado Bolívar. El caso de este pequeño productor agropecuario se prolongó durante varios años, en los cuales se produjeron marchas y contramarchas de diversos organismos del Estado, intentos de negociación que parecían a punto de culminar para fracasar a último momento, y una cobertura mediática polarizada, como todos los temas sensibles en la Venezuela de hoy. No contamos con suficiente información para poder explicar claramente toda la madeja de errores, malos entendidos, confusión voluntaria e involuntaria que culminó en esta muerte; pero se imponen dos reflexiones: la primera es el asombro ante la insensibilidad, pero también la gran torpeza política, del gobierno. ¿Era  tan difícil  satisfacer las demandas de Franklin Brito, que después de todo, eran más simbólicas y formales que materiales y costosas? ¿Valía la pena dejar morir a un hombre por no concederle unas demandas elementales, de mínimo costo para el gobierno, y que se habrían traducido en un inmediato olvido del “caso” por la opinión pública?

La segunda tiene más que ver con el tema de la organización social: ¿Quién apoyó a Franklin Brito? Ciertamente, muchos medios de comunicación, partidos opositores y ciudadanos comunes siguieron con atención y apoyaron las acciones cada vez más desesperadas de Brito para tratar de ser oído; pero ¿Dónde estaban las organizaciones de sus pares, los pequeños y medianos productores rurales? En la práctica, estaban ausentes, y esto porque la sociedad civil en el campo agropecuario refleja en gran parte  lo que ocurre en el país. Por una parte, la Federación Campesina de Venezuela, que en principio representa a los trabajadores y pequeños productores del campo, fue siempre una organización colonizada por los partidos políticos; durante muchos años por Acción Democrática, y hoy por el oficialismo. La Confederación  Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, que agrupa a productores medianos, aunque siguió el caso en sus publicaciones, nunca se pronunció formalmente. Esta Federación, aunque no es controlada directamente por el gobierno, mantiene una extremada prudencia frente a él, dada su dependencia de las políticas agrícolas estatales. En síntesis, no hubo un respaldo organizado de los gremios que, en principio, debieron poner todo su peso organizativo y de presión tras las denuncias y reivindicaciones de Franklin Brito;  la debilidad de este  sector de la sociedad civil también contribuyó, en algún grado, a su muerte.

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