DILEMAS DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA ANTE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2018: ENTRE LA COOPTACIÓN Y LA IRRELEVANCIA (Final: Una proposición)

VIII ¿Tiene sentido abstenerse?

Y ahora la pregunta más difícil: si no participamos, ¿qué? Ante todo habría que aclarar que no participar no es sinónimo de “quedarse en casa”, de apartarse y desentenderse del proceso electoral. El peligro de amalgamar la no participación con “no hacer nada” es que crea un falso dilema, ya que el no participar electoralmente no es sinónimo de pasividad: es el punto de partida para posibles acciones alternativas. Si esas acciones no están bien definidas, o si fracasan en sus objetivos, es un problema distinto, independiente de la otra decisión, la de abstenerse, con sus propias razones y justificaciones que ya hemos discutido.

La abstención electoral es, o debería ser, una campaña política organizada, con objetivos y metas claras (y no por ello con garantía de éxito), orientada por una estrategia política a largo plazo. El objetivo de la abstención organizada no es “ganar espacios de poder” porque, existiendo un ente supraconstitucional que en realidad es un monarca absolutista, no existen “espacios de poder” que puedan contar con un mínimo de autonomía, más allá de la gestión administrativa que alivie las cargas del Estado central. El objetivo de la abstención como campaña organizada es desmontar las justificaciones institucionales del proceso electoral, mostrando cómo se articulan los diferentes actores que forman parte de él alrededor de un proyecto que aparenta canalizar la voluntad de los electores, cuando su verdadera misión es suprimirla. Es cierto que, hasta el momento actual los partidos organizados en la MUD no han logrado impulsar esa deseable campaña política organizada, más allá de ciertos débiles intentos.

IX Los costos asimétricos de abstenerse y participar: una proposición

Faltando menos de un mes para la fecha de la votación, la discusión en las redes sociales sobre participar o no en ella sigue con intensidad; se citan principios, valores, estrategias, encuestas, proyectos y cálculos con argumentos a veces muy bien elaborados, pero que hasta ahora parecen no tomar en cuenta un punto clave: no todos los electores potenciales están en la misma situación; para los que tienen la posibilidad de decidir, el costo de ambas opciones es fundamentalmente subjetivo: el ciudadano podrá decirse después del hecho si hizo bien en votar o en abstenerse, pero las consecuencias de su acción serán en todo caso compartidas con las del resto de la población.

Pero sabemos, aunque muchas veces olvidamos, que hay una gran parte de la población venezolana, abrumada por la crisis económica y oprimida por un Estado cada vez más totalitario, que simplemente no tiene la posibilidad de decidir si votar o no: ya ello ha sido decidido por quienes controlan el poder, que han hecho quedar claro una y otra vez que quien necesita de algún apoyo del Estado, sea el central, regional o local, sea en función del empleo, la seguridad, la salud, la vivienda y, sobre todo, la alimentación, tendrá que demostrar su lealtad por medio del voto progubernamental en las próximas elecciones, so pena de perder el “beneficio” con el que cuenta, sea un empleo, una pensión, una vivienda, un medicamento o una caja del CLAP. Esto se anunció, se ensayó, se fue perfeccionando y demostró su eficacia en las tres elecciones de 2017. No es cierto, como han dicho algunos, que las condiciones de esta votación sean equivalentes a las de 2015; más allá de unas pocas concesiones cosméticas, la esencia de este sistema electoral es la coerción más brutal y abierta al elector para controlar su voluntad; como han mostrado artículos recientes de Michael Penfold, a una persona rodeada de esta maraña de presiones, aún si es opositora, le será extremadamente difícil votar contra el gobierno o abstenerse, porque el aparato partidista-estatal conoce todos sus datos y los de su familia; si no ha votado la buscará en su casa para obligarla a votar, si no confía en ella le aplicará los mecanismos de coacción conocidos para que vote en la forma “correcta”, y probablemente ya la habrá presionado durante meses para que garantice, además de su voto, el de su entorno inmediato.

Algunos interpretarán que, en términos cuantitativos, la cantidad de votantes que ha sido y será chantajeada de este modo quizás no sea tan grande, y que bastaría con que todos los que desean un cambio vayan a votar para que se supere el desequilibrio. Pero es que no se trata de números: aunque no fueran tantos, el problema de fondo es que mientras unos somos libres para decidir otros no lo son. Está claro que cualquier resultado, así fuera una (para mí casi imposible) victoria del candidato Falcón, no le quita a este proceso de votación su carácter fundamentalmente injusto, desequilibrado y violador de un derecho humano básico como es la libertad de conciencia.

Una visión pragmática diría que lo que importa es ganar para defender a esos que no pueden votar libremente, y que participar es la única forma de ayudarlos. Se trataría de poner entre paréntesis los principios y la “ética de la convicción” y aceptar los términos planteados por el régimen en nombre de una “ética de la responsabilidad”, de producir un resultado más cercano al de la salida, o al menos el debilitamiento o apertura de dicho régimen.

La discusión sigue girando en torno a los mismos dilemas, pero lo resaltante es que los costos para los sectores populares están allí, presentes, y se ejercen permanentemente, sin esperar a las elecciones. Mientras que para los pocos que tienen la fortuna de no depender totalmente del Estado, gracias a la posesión de algún tipo de capital monetario, social o cultural, las palabras y decisiones tienen un peso diferente: el voto de un opositor de “clase media” puede ser una molestia para el régimen, pero no tanto como para perseguirlo activamente, ya que por otra parte tiene la ventaja de convertirse en aval del proceso electoral, pues difícilmente se le pueda atribuir un carácter coercitivo a esa participación: por el contrario, ella indicaría que esos ciudadanos que votan libremente lo hacen porque creen que en realidad la elección permitirá derrotar al gobierno.

Pero quien no participe y no tema a las amenazas del gobierno tampoco está corriendo ningún riesgo. Puede quedarse en su casa criticando a quienes participan y no contribuir a ningún esfuerzo de cambio. Otros acompañarán un conjunto de actividades de protesta y resistencia como los que se han venido produciendo, algunos espontáneamente, otros organizados por redes sociopolíticas como el Frente Amplio y otras menos conocidas como redes sectoriales, vecinales, profesionales, sindicales, etc.

Sin embargo, no se ha construido un enlace simbólico, productor de significado, entre el no asistir a las votaciones y el rechazo activo al régimen, porque simplemente el “no asistir” es una actitud percibida como pasiva, como de retirada y huída frente a la ofensiva incesante del poder. En cambio, si la abstención deja de ser una actitud individual para convertirse en acción colectiva, y al mismo tiempo quienes participan en ella están dispuestos a asumir los costos y riesgos de una forma de participación política activa, podría adquirir el sentido de un desafío colectivo a la ilegítima convocatoria electoral.

La propuesta que se deriva de esta idea es muy simple: ya que el CNE ha notificado, a través de sus voceros autorizados, que sancionará la “propaganda electoral” que “desestimule” el voto, se trataría de desafiar a ese organismo a sancionar a miles de ciudadanos que afirmen públicamente su invitación a no votar, y asuman su responsabilidad por ello, sea personalmente o por la vía de organizaciones que consideren representativas (incluyendo a las directivas de los partidos políticos). Aunque la estrategia obvia de esas autoridades sea la de ignorar los desafíos para que se extingan por sí solos, un número suficiente de ellos podría ponerlas en el dilema de aparecer como incapaces de frenar la desobediencia o efectuar una represión masiva de los abstencionistas. Éstos a su vez estarían dando un paso político que implica ciertos riesgos (inicialmente de multas, pero que podrían escalar) por lo cual su manifestación de voluntad de desafiar explícitamente la ley al promover la abstención y no acatar las sanciones deja de ser un simple discurso para convertirse en un acto público en el que está asumiendo su responsabilidad.

Esto no implicaría, por supuesto, ningún estigma para quienes prefieran participar en la votación, ni sería adecuado presionar a nadie para que se incorporara a la desobediencia; pero tendría la ventaja, para el que prefiera abstenerse, de sentir que su opción no es una simple palabra al viento sino un compromiso político, compromiso que comporta un cierto riesgo, aunque sea muchísimo menor que el que corren los que están bajo la vigilancia permanente del aparato estatal. Saber que hay otros asumiendo aunque sea ese pequeño riesgo quizás pueda reforzar la voluntad de quienes resisten en las peores condiciones.

Una iniciativa de este tipo, aunque motivada por la coyuntura electoral, podría ir más allá de la misma en la medida en que promoviera mecanismos de reconocimiento mutuo entre ciudadanos que hoy en día se sienten aislados en medio de la polémica verbal, asociándolos en opciones que implican compromiso, organización y lazos de solidaridad entre sus participantes.

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Dilemas de la oposición venezolana ante la elección presidencial de 2018: entre la cooptación y la irrelevancia (VI y VII: la decisión de participar)

VI

Los tres procesos electorales de 2017 y la elección presidencial anticipada que convocó la ANC a fines de enero de 2018, prevista para el mes de mayo, se han producido en medio del agravamiento sin fin de la crisis económica y social, producto de la hiperinflación, la escasez de productos de consumo y de servicios esenciales como la salud, la energía y el transporte. En un régimen democrático, es casi un axioma que los gobiernos cuya gestión económica y social es percibida como deficiente serán derrotados en elecciones con un mínimo de equidad. El que sea precisamente en esta situación de crisis que se hayan convocado elecciones, alterando los cronogramas constitucionalmente establecidos, posponiendo unos procesos y adelantando otros, y hasta creando y haciendo elegir un organismo al margen de sus características constitucionales, indica que los gobernantes tienen plena confianza en que ese axioma general no se cumple en la Venezuela de hoy. ¿Se trata, acaso, de que los venezolanos no perciben la gestión actual como deficiente y por eso siguen confiando en los conductores del país? Esta hipótesis debe descartarse por la coincidencia entre las más diversas encuestas acerca de la opinión abrumadoramente negativa de los ciudadanos sobre la marcha del país y sobre la responsabilidad principal de los gobernantes en esa situación. También se ha argumentado que la desaprobación del gobierno no se traduce automáticamente en apoyo a la oposición, ya que esta, por su fragmentación y aparente incoherencia, no logra capitalizar el descontento ciudadano. Aunque esta interpretación es parcialmente confirmada por las encuestas, no lo es tanto como para impedir que una mayoría suficiente, aunque ciertamente no abrumadora, afirme que en una elección competitiva votaría contra el partido de gobierno y sus candidatos.

Puede pensarse entonces que el régimen confía en un nuevo éxito de la fórmula que le ha dado resultado en el último año: control absoluto del proceso electoral, incorporándole nuevos mecanismos para garantizar que no vuelva a ocurrir una sorpresa como la de 2015; manejo de las expectativas de corto plazo de algunos sectores de oposición, ofreciéndoles parcelas de poder secundario, como gobernaciones y alcaldías, que pueden tener un gran valor para quienes las ejercen y sus electores, pero han sido despojadas de prácticamente toda su autonomía de acción y además están bajo la permanente amenaza de destitución (o incluso de prisión) por parte de la misma ANC que han reconocido; cierre de cualquier otra alternativa o esperanza de cambio, sea legal e institucional o de protesta, por medio de una represión implacable y un aparato de persecución judicial, policial y militar estrechamente coordinado.

VII

¿Y si no participamos, qué? es la pregunta angustiada de muchos ciudadanos. Veamos primero qué puede pasar si participamos. El “juego” perverso al que nos somete el régimen es un dilema perder-perder; en un régimen democrático los resultados electorales son inciertos: quien participa no lo hace porque está seguro de ganar, pero sabe que si gana su victoria será reconocida, y si pierde tendrá otras oportunidades en el futuro. En el régimen venezolano actual, si no se participa se pierde; si se participa la probabilidad de ganar es cada vez menor, debido a los mecanismos fraudulentos que se han venido ampliando y perfeccionando. La estrategia de participar en las elecciones a pesar de todos los obstáculos y condiciones inicuas se justificaba mientras el régimen tenía márgenes para tolerar bases y espacios de poder limitado diferentes al suyo, y podía confiar en un apoyo real que no le exigía la alteración profunda de los resultados electorales. Esa estrategia tuvo éxitos relativos durante muchos años, culminando en la gran victoria de 2015. La combinación de un esfuerzo unitario tenaz, un exceso de confianza del régimen en su capacidad de manipulación, y un sistema de representación fuertemente sesgado hacia las mayorías produjo una sorpresa de la que los gobernantes se fueron recuperando con rapidez, para garantizar que nunca volviera a ocurrir. Las tres elecciones de 2017 han sido los simulacros que han permitido afinar los mecanismos para garantizar la victoria en la más estratégica, la que no pueden darse el lujo de perder, la presidencial.

Pero en la coyuntura actual, ya el problema no es si “la oposición” participa o no en la elección, porque un grupo de actores políticos que se identifican a sí mismos como opositores tomaron la decisión de participar respaldando la candidatura del exgobernador, exalcalde y exchavista Henri Falcón, cuyo partido, Avanzada Progresista, formaba hasta hace poco tiempo parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Ya no se trata de un dilema sino de dos caminos contrapuestos, donde el criterio de decisión gira en torno a la autenticidad del proceso electoral planteado. Para la MUD y sus principales aliados de la sociedad civil, no es que las irregularidades y desequilibrios electorales sean nuevos, sino que han superado un límite más allá del cual ha desaparecido la incertidumbre sobre el resultado electoral: incertidumbre que era posible cuando desde el poder se contaba con una base de aprobación que permitía introducir un riesgo calculado: la oposición podía tener márgenes para avanzar, pero se dosificaban los mecanismos ventajistas y clientelistas para limitar ese avance al indispensable para dar credibilidad a los resultados. La estrepitosa caída de la votación chavista en la elección presidencial de 2013, que obligó a extremar las maniobras oscuras y a impedir que se hiciera una auditoría efectiva del resultado, fue una primera advertencia del cambio de condiciones; la debacle de diciembre de 2015 fue la segunda y última: la vocación leninista de permanecer indefinidamente en el poder dejó de ser compatible con un resultado electoral incierto, y las maniobras fraudulentas dejaron de ser complementarias para convertirse en esenciales, en el sentido fuerte de la palabra: la esencia de los procesos electorales de 2017 y 2018 es su carácter fraudulento.

Pero los sectores que apoyan la candidatura de Falcón insisten en que la mayoría social descontenta puede convertirse en una mayoría electoral triunfante. Supongamos por un momento que milagrosamente todos los opositores salieran a votar y sus votos fueran (relativamente) reconocidos, ¿qué pasaría al día siguiente? La respuesta sería que el gobierno, o bien hace un fraude más para no reconocer la victoria opositora (con lo cual podría provocar una ola de indignación que lo desestabilizara), o bien reconoce el resultado formalmente, sin cambiar un ápice la estructura real de las relaciones de poder, porque tendría un período de al menos ocho meses (hasta el final del período constitucional, sin contar cualquier otra decisión arbitraria de la Constituyente) para anular la victoria opositora presidencial, tal como hizo con la parlamentaria. Ya tenemos experiencias históricas de ambos tipos de situación: la indignación que produjo en una población claramente mayoritaria la fraudulenta elección de la Constituyente nada pudo contra la represión organizada que ya venía ejerciéndose sistemáticamente y culminó con una verdadera masacre el mismo día de la elección de ese cuerpo. Y el desmantelamiento en frío, en cámara lenta, de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional mostró que la oposición era una mayoría electoral pero no podía traducir esa fuerza electoral en poder político real.

Si la oposición, en condiciones de relativa unidad, ha aceptado participar en procesos electorales que me atrevería a llamar indignos, por estar llenos de humillaciones como la de renovar una y otra vez, sin ningún fundamento legal ni constitucional, y en condiciones cada vez más difíciles, su carácter de partidos legítimos, o aceptar la inhabilitación de sus candidatos más capaces, o la destitución y prisión de los alcaldes y diputados que ha elegido, ¿puede tener, dividida, la fuerza real para que sean respetadas sus hipotéticas victorias? El triste ejemplo del fraude ejercido contra Andrés Velásquez en las elecciones de gobernadores de 2017 y la falta de solidaridad (o simplemente, de capacidad) de muchos actores de la oposición, que no se movilizaron para defender su triunfo electoral, no permiten hacerse muchas ilusiones al respecto.

Si a pesar de todo Falcón lleva su candidatura hasta el final y el resultado oficial es la reelección de Maduro (a pesar de los eternos reclamos que nunca se pueden probar porque no se permite el acceso a las pruebas), ¿qué se hace? ¿esperar a las parlamentarias de 2020? Si se produce ese resultado, que creo el más probable, los participantes habrán reconocido tanto el proceso mismo como a los organismos que lo administran: CNE, Plan República, sistema judicial. Y la pregunta siempre puede ser: si ustedes sabían todo sobre las trampas, porque ya las habían sufrido en carne propia, ¿por qué entonces aceptaron participar? ¿Creyeron realmente que podían ganar y se respetaría el resultado en una elección absolutamente decisiva, en la cual se juega la permanencia en el poder de quienes no han vacilado ante el asesinato masivo para conservarlo? ¿Cuál fue el costo de profundizar una división ya existente en el sector opositor en lugar de contribuir a formular una estrategia coherente de rechazo global al conjunto de las instituciones subordinadas al poder dictatorial? ¿Acaso un candidato del que desconfían gran parte de los ciudadanos opositores será capaz de llamarlos a defender su hipotética victoria? Si se acepta someterse a las condiciones de absoluta falta de transparencia del proceso electoral, ¿con qué argumentos se podrá disputar su resultado? La estrategia de participación en el terreno movedizo de la institucionalidad oficialista lleva a despojarse de argumentos para cuestionarla.

Pero ello no quiere decir que la vía contraria, la de la no participación en el proceso electoral, sea más fácil ni tenga asegurado el éxito. (Continuará)

Dilemas de la oposición venezolana ante la elección presidencial de 2018: entre la cooptación y la irrelevancia (III, IV y V): la telaraña electoral

III

Una vez “elegida” la espuria Constituyente, la nueva maniobra fue todavía más fácil: convocar apresuradamente unas elecciones de gobernadores cuando todavía se estaba discutiendo la magnitud del fraude. Sin dar oportunidad a la discusión, el partido AcciónDemocrática anunció de inmediato que participaría, cortando el debate sobre la política más adecuada a aplicar por la oposición. Los demás partidos se dejaron llevar a la participación y sus demandas de reformas en el sistema y en los organismos electorales cayeron una vez más en el vacío, mientras se multiplicaron las maniobras retorcidas para obstaculizar la expresión clara de la voluntad popular, siendo la más novedosa el traslado masivo de votantes de zonas predominantemente opositoras a enclaves chavistas, lo que estimuló un gran crecimiento en la abstención de esta tendencia. Un rasgo novedoso de esta elección fue que por primera vez se comprobó la alteración de los resultados de mesas electorales por medio de la modificación de las actas de escrutinio, práctica que quizás no había sido necesaria en ocasiones anteriores, pero a la que tuvo que recurrir el oficialismo ante la victoria del opositor Andrés Velásquez en el estado Bolívar. Este hecho indica un verdadero cambio cualitativo en el nivel y carácter de las irregularidades electorales que se vienen produciendo desde hace mucho tiempo, y el que no haya sido investigado ni tomado en cuenta por el CNE (lo cual no es sorprendente) indica que una nueva arma ha entrado en la panoplia necesaria para impedir que las mayorías reales se conviertan en triunfos electorales. Independientemente de las causas del resultado, en el cual pueden haber influido tanto la abstención de muchos opositores decepcionados como la práctica más refinada de los mecanismos de coerción ensayados para la constituyente, llama la atención que hayan sido candidatos de AD los que triunfaron en todos los casos menos uno, y que ellos aceptaran juramentarse ante la ANC. ¿Do ut des? Es sólo una hipótesis, que será quizás probada o descartada dentro de muchos años, cuando se tenga acceso a informaciones hoy ocultas. Un argumento utilizado por quienes han tratado de justificar esas juramentaciones, como posteriormente las de algunos alcaldes, es que juramentarse ante la ANC no significa legitimarla. Cuando alguien se juramenta ante un organismo quizás habría que decir, con más precisión, que lo “reconoce”. La legitimidad no se la da ni se la niega el que se juramenta, pero reconocer a la ANC, y sobre todo subordinarse a ella, que puede destituir a cualquier funcionario electo en cualquier momento y sin proceso previo, es mucho más importante que una supuesta “legitimación”: uno de esos gobernadores podrá decir que no la considera legítima por su carácter inconstitucional e ilegal, pero de todos modos se está subordinando a ella, y si ella decide despojarle de su cargo, de nada le servirá decir que es ilegítima. El tema de si fue legitimada o no se vuelve ocioso.

IV

El siguiente paso en el tejido de la red que ha ido atrapando a la oposición en sus contradicciones fue la inmediata convocatoria de nuevas elecciones, esta vez para alcaldes, cuando todavía se estaban denunciando las nuevas y viejas modalidades de fraude que se habían cometido en las de gobernadores. Esta vez la respuesta fue inicialmente más unitaria, porque los partidos se daban cuenta del carácter contradictorio de llamar a votar a los mismos ciudadanos que habían sido objeto de manipulaciones, presiones y amenazas para anular su voluntad. Pero a los pocos días, la demanda de algunos electores situados en territorios tradicionalmente opositores hizo que presentaran sus candidaturas algunos aspirantes real o ilusoriamente independientes e incluso de dirigentes partidistas que lo hacían sin la autorización de sus partidos. El legítimo pero quizás miope interés de corto plazo de muchos ciudadanos por no sufrir el destino de sus vecinos gobernados por alcaldes oficialistas privó sobre la estrategia de largo plazo de presentar un bloque unido, ya fuera para participar o para abstenerse, que demostrara una vez más el carácter minoritario del oficialismo. Curiosamente, algunos de los partidos que habían prometido no participar en esas elecciones terminaron apoyando en forma visible pero vergonzante a los candidatos “independientes” o los que se habían lanzado al margen de sus partidos. El argumento de “defender los espacios”, que hasta poco antes tenía el sentido de no ceder los ámbitos o focos de poder en las instituciones públicas, tomó un sentido prácticamente literal de defensa de los territorios hasta entonces no alcanzados por la ola destructora del chavismo: algo así como “con mi burbuja no te metas”.

V

Los resultados de las elecciones de alcaldes fueron los previsibles: la oposición conservó algunos de los espacios que ya tenía y perdió otros, pero tras una serie de acrobacias discursivas, los opositores electos se juramentaron en una ceremonia nocturna ante una representación de la Constituyente. Mientras tanto, este tercer ejercicio electoral por iniciativa oficialista desde 2015 mostró la sistematización y el refinamiento de los nuevos mecanismos de fraude que se agregaron al repertorio tradicional del oficialismo: el voto múltiple, que si bien ya existía, fue potenciado por la eliminación de la (ya débil) marca de tinta indeleble en el dedo; y el “carrusel electoral”, que destierra definitivamente el secreto del voto al instaurar un canje entre el comprobante del voto emitido a favor del gobierno contra el “Carnet de la Patria”, medio cada vez más imprescindible para acceder a la alimentación, la salud y otros beneficios. (Continuará)

DILEMAS DE LA OPOSICIÓN VENEZOLANA ANTE LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 2018: ENTRE LA COOPTACIÓN Y LA IRRELEVANCIA (I y II)

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Algunos antecedentes de la coyuntura actual

I

En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 se logró un escenario tan optimista que ni la misma oposición lo había creído posible: se obtuvo una mayoría calificada que podía, téoricamente, producir los cambios esperados por los opositores y frenar el creciente autoritarismo del régimen. Esa mayoría calificada fue posible porque las sesgadas reglas de representación establecidas por el chavismo durante los años anteriores (cuando creían que siempre serían mayoritarios) sobrerrepresentaban a las mayorías, pero también porque la oposición obtuvo una mayoría electoral real (56,22 vs. 40,91). Ello suponía un respaldo que en principio podía ir más allá del voto, en términos de movilización y resistencia contra las trampas que le pudieran poner. Sin embargo, el desmontaje de esa mayoría comenzó a las pocas horas del triunfo y avanzó indeteniblemente en los meses siguientes, sin que las bases ni los dirigentes pudieran hacer nada para impedirlo. El intento de salida por la vía pacífica, democrática, electoral y constitucional que representaba el referéndum revocatorio presidencial fue descartado de un plumazo, sin que los reclamos sirvieran de nada. Se denunció ante organismos internacionales, se intentó participar en mesas de diálogo, se movilizaron las bases, se protestó hasta el sacrificio de numerosas vidas, se votaron leyes y resoluciones, y hasta se declaró la “ausencia absoluta” del presidente (!). La alianza entre militares, mafiosos y leninistas logró anular de hecho un resultado electoral no sólo legal sino legítimo.

II

Aprovechando la desmoralización producida por estas derrotas, el gobierno convocó, en forma inconstitucional, a una Asamblea Constituyente. Al conocerse las bases con las que se pretendía seleccionar a sus integrantes, totalmente ajenas a los criterios mínimos de una elección democrática, la reacción unánime de las bases y dirigencias opositoras fue la de no participar en ese proceso y de reafirmar, con un referéndum puramente simbólico, que seguían siendo mayoría. La elección de la Constituyente quizás tenga lecciones para la oposición que no se han pensado con suficiente profundidad. En primer lugar, se logró una cohesión prácticamente inmediata, y sin necesidad de negociaciones, entre todos los partidos opositores, la sociedad civil y gran parte de la ciudadanía alrededor de la no participación: esto indica que hay límites y criterios implícitos y explícitos que fueron reconocidos en forma intuitiva por todos esos actores, a diferencia de la ambigüedad y bizantinismo del debate acerca de la participación en otras coyunturas. En segundo lugar, el régimen se vio obligado a utilizar todos los recursos posibles de coerción sobre los ciudadanos, los empleados públicos y los beneficiarios de subsidios del Estado para obligarlos a participar en la elección, porque sabía que no contaba con suficientes votantes espontáneos para lograr una mayoría. A pesar de todos estos esfuerzos, tuvo que cometer un fraude, pero escogió hacerlo tan abierto y visible que parecía que se le quisiera publicitar y no ocultar. La desventaja de ello fue que hasta la empresa que había controlado el proceso electoral desde 2004 denunció una discrepancia en los resultados de al menos un millón de votos, lo que confirmó ante los observadores internacionales lo que ya se había intuido: que la participación en el referéndum fue muy escasa y predominantemente compulsiva, lo que contribuyó más aún a destacar su ilegitimidad. Sin embargo, se ha constatado una y otra vez que dicha ilegitimidad no ha sido un límite para que la Constituyente haya dado una pátina pseudoparlamentaria a las decisiones de la camarilla en el poder.

(Continuará)

El árbol y el matapalo

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Recientemente se ha producido una escasez de gasolina de alto octanaje en Cuba. La noticia es sorprendente si se toma en cuenta que el parque automotor de ese país es relativamente pequeño y la cantidad de automóviles que requieren de esa gasolina es todavía menor. Pero sobre todo sorprende porque se tiende a suponer que Cuba, por ser un socio político y económico privilegiado, debería tener una alta prioridad en las exportaciones petroleras de Venezuela, aun si, como se sabe, no las paga en dinero sino en servicios a precios inflados. Puede entonces suponerse que si PDVSA no envía esa gasolina a Cuba, no es porque no quiera sino porque no puede: la situación de esa empresa, bien conocida en todo el mundo, es tan grave que la lleva a incumplir sus compromisos con su primer aliado.

Pero tras estas sorpresas surge una duda quizás más importante: ¿Por qué la élite dirigente cubana, a la cual se suele atribuir una relación de fuerte influencia, para no decir dominio, sobre la venezolana, ha permitido que su principal fuente de divisas se deteriore hasta ese punto? ¿No estaría en el interés de esa élite que Venezuela hubiera conservado la productividad de la industria, aumentado sus exportaciones, generando flujos de divisas para contribuir al crecimiento económico? Más allá del tema estrictamente petrolero, la economía venezolana en su conjunto vive una caída sin precedentes, con graves repercusiones sociales y políticas que también afectan a Cuba.

En las últimas décadas, los subsidios y donaciones provenientes de Venezuela han sido decisivos para el funcionamiento de la economía cubana y para la estabilidad de su régimen político; el agotamiento de ese flujo implica varias consecuencias negativas, como un aumento del descontento y las protestas estimulado, en parte, por carencias materiales inmediatas, pero también por el temor a una repetición de algunas de las restricciones que caracterizaron al “período especial”, producido también por la pérdida de una importante fuente de subsidios externos. A ello se suma que, a diferencia del caso del derrumbe de la URSS, proceso histórico en el cual Cuba no tenía la menor posibilidad de influir, la caída de Venezuela ocurre después de muchos años de tutelaje por la nomenklatura cubana.

En el ámbito de las relaciones internacionales, las consecuencias son igualmente graves: el país que, gracias al carisma de Chávez y a su nutrida chequera, se había convertido en cabeza de puente para la expansión de la influencia castrista en América Latina, es ahora el “hombre enfermo” de la región, incapaz de seguir sosteniendo con recursos y propaganda a sus aliados “progresistas”, y es objeto de la preocupación y la censura de los gobiernos regionales.

Dados todos estos costos, ¿por qué, entonces, no ha podido el régimen cubano impedir el deterioro de su par venezolano?

Una primera hipótesis sería que la supuesta tutela ejercida por los dirigentes cubanos sobre los venezolanos es más mito que realidad, y que la capacidad del chavismo para destruir al país y poner en riesgo su propia continuidad en el poder es tan grande que ni siquiera los aliados más influyentes, y más perjudicados por esa destrucción, han sido capaces de frenarla. Sin embargo, esta aparente autonomía del régimen venezolano pareciera limitarse a lo económico, porque en lo político, militar y policial la influencia cubana es omnipresente.

Otra posibilidad es que la dirigencia cubana no tenga nada que ofrecer en términos de políticas públicas para una economía de mucha mayor dimensión y complejidad, con una diversidad de actores dentro y fuera del Estado, y con intensas relaciones comerciales con el mundo. Sin dudar que existan en Cuba economistas competentes, su marco de referencia es el de un Estado propietario de la casi totalidad de los medios de producción, que toma decisiones burocráticas sobre todas las actividades económicas. Un ejemplo de esta debilidad es la efímera presencia como asesor, durante algunos meses de 2014, del economista Orlando Borrego, cuyos principales méritos en un currículum más bien gris son su amistad con el Che Guevara y su paso por el ministerio de la industria azucarera en los años sesenta. Presentado con gran entusiasmo por Maduro, su asesoría pareció no tener mayores efectos y pronto desapareció del discurso oficial. Y en cuanto al aspecto específicamente petrolero, Cuba tampoco tiene capacidad de asesorar a Venezuela.

Un factor que puede frenar la eficacia de una posible asesoría cubana es la existencia de facciones en pugna en el interior del chavismo. La conducta vacilante y hasta errática de Maduro en el campo económico, con anuncios de medidas que luego no se efectúan, y con políticas que se contradicen unas a otras, puede estar reflejando un equilibrio inestable entre facciones que no permite decidir un rumbo, porque éste podría afectar los intereses vitales de alguno de los grupos y privilegiar a otros. Ante el peligro de contribuir más a la división del chavismo, es posible que el régimen cubano se haya abstenido de hacer recomendaciones imperativas que, de ser seguidas, implicarían el riesgo de un posible fracaso que podría debilitar a su facción preferida o su propia influencia.

Por otra parte, aun en medio de su debacle, el régimen venezolano sigue aportando subsidios y petróleo, así sea en cantidades menores. Esto llevaría a pensar que, al menos en la etapa actual, el objetivo político compartido entre ambos regímenes, la consolidación de un régimen autoritario con vocación totalitaria, tiene prioridad sobre la viabilidad de la economía. Como se ha repetido innumerables veces, la miseria generalizada de la población, si bien puede crear un fuerte descontento subjetivo, se convierte en un medio de sujeción por la vía de la distribución de alimentos y otros bienes escasos. El régimen cubano avanzó muy rápidamente hacia el control total del Estado y la sociedad, lo que le ha permitido (al menos hasta ahora) arrancar de raíz el descontento, la protesta y la organización autónoma de la sociedad mientras son todavía incipientes. Esto le permite un cierto margen de flexibilidad para introducir tímidas reformas hacia el reconocimiento de mecanismos de mercado, sin temer que ellas puedan desestabilizar su control político sobre la población.

El caso venezolano es un recorrido en el sentido contrario: partiendo de una sociedad con un fuerte sector estatal pero donde todavía existen amplios sectores donde predominan los mecanismos de mercado, el régimen ha venido tratando, desde su inicio, de reducir la diversidad de actores en lo económico y político, tomando (al principio vagamente, luego explícitamente) como modelo el “socialismo del siglo XXI”, que en sus rasgos fundamentales es el mismo socialismo totalitario del siglo XX.

Como se sabe, en Venezuela esa tarea está lejos de ser cumplida en lo económico, tanto por la resistencia de los partidos opositores y la sociedad civil, como por la incapacidad de gestión del chavismo, que en lugar de fortalecer al sector económico público lo ha venido liquidando. Y si bien en lo político se ha avanzado más en el proyecto totalitario por la vía de la creciente concentración de poderes y la cooptación del sector militar, tampoco se ha podido lograr la institucionalización del partido único ni de las organizaciones ciudadanas como correas de transmisión de las órdenes del Estado.

No sería descartable entonces la hipótesis de que la situación económica y social de Venezuela sea vista por ambos regímenes como oportunidad más que como amenaza: la de someter a la población a un racionamiento generalizado y condicionado a la lealtad política, a través de los CLAP, mientras se toman decisiones políticas escandalosas, que logren provocar reacciones desesperadas o irracionales de la oposición y la sociedad civil, que servirían de excusa para intensificar el autoritarismo del régimen y eliminar adversarios políticos.

En ese sentido, podría considerarse como una acción racional de la dirigencia cubana, en términos estratégicos, permitir la profundización de la crisis económica y política venezolana, ya que se sabe capaz de manipular hábilmente las situaciones de pobreza y escasez para atribuírsela a enemigos externos, y hacer de la guerra contra este enemigo la justificación para reprimir y descalificar a los opositores. Sería entonces un sacrificio temporal de ingresos con el fin de garantizar la consolidación de su cabeza de puente, ahora casi única, en la región, esperando tiempos mejores.

Por lo demás, ya Venezuela no parece ser la única carta de Cuba para reactivar su economía: la diversificación de los socios comerciales, con sus avances y retrocesos, parece haber tenido un éxito político antes que los económicos: la puesta en sordina de cualquier crítica a las violaciones de derechos humanos a cambio de la promesa de buenos negocios.

Las hipótesis que hemos discutido parten de suponer un mínimo de racionalidad en los actores políticos, pero es sabido que ese supuesto no es absoluto, y hay momentos en los cuales dichos actores parecen actuar contra su propio interés, sea por una percepción equivocada de la realidad, sea por una confianza exagerada en su propia capacidad política. Después de todo, los grandes imperios fueron perdiendo sus colonias a pesar de sus esfuerzos por mantener un modelo que había dejado de ser sustentable en lo económico y lo político.

Fueron –o son- semejantes a esos parásitos que en nuestra región llamamos matapalos, cuya estrategia de vida consiste en ir rodeando con sus raíces a otro árbol, alimentándose de él hasta que la víctima muere, dejando un vacío que ningún otro árbol podrá llenar, y les hace perder su sustento. La relación entre Cuba y Venezuela podría terminar como un manojo de raíces sin sustento alrededor de un espacio vacío.

Intermedio: crítica a un izquierdista bienintencionado que reprende y da consejos paternales a la oposición venezolana

Un número reciente de la revista Nueva Sociedad incluye un artículo sobre Venezuela, cuya identificación está en el enlace (por un error técnico, la revista aparece como si fuera de 2011, pero obviamente corresponde a este año). Algunos amigos lo han compartido en Facebook, y muchos de ellos saben quién es el autor del artículo, Benjamin Reichenbach; pero no es necesario saber quién es para leerlo y formarse una opinión sobre el mismo. En mi caso, aunque reconozco que algunas de sus ideas son válidas, esta opinión es bastante desfavorable, sobre todo porque pienso que el autor muestra un conocimiento muy inadecuado de la sociedad venezolana, que le hace repetir una serie de mitos y prejuicios difundidos en los últimos años.

En síntesis, mi argumento es que el autor se permite darle lecciones a la oposición venezolana, basándose en informaciones incompletas o sesgadas.

Plantea un análisis de coyuntura política como el que se podría hacer en un país relativamente democrático y relativamente “normal”. Prácticamente no habla del inmenso poder de los militares; apenas toca superficialmente el tema de la corrupción y el narcotráfico enquistados en el gobierno. No se diga de los presos políticos, las arbitrariedades judiciales, las torturas, las OLP. Pareciera creer que el gobierno de Maduro todavía es un interlocutor válido. Pero lo peor es que repite el nuevo lema de los apologistas del chavismo: la crisis no es responsabilidad del chavismo ni del modelo socialista, sino que es una expresión de la crisis de la Venezuela rentista de siempre, como si esta fuese comparable a aquellas: “La crisis actual es una crisis de este modelo rentístico que se ha consolidado durante el último siglo en la mentalidad de la sociedad venezolana. De este modo, es una continuación de la crisis de fines de las décadas de 1980 y 1990.”

Lo que no dice es que el chavismo profundizó el rentismo hasta niveles nunca antes vistos, ni siquiera cuando éste era casi inevitable, en los inicios de la explotación petrolera. No es una continuación, sino una alocada profundización, totalmente evitable, del rentismo. Nada obligaba al chavismo a ser más rentista, teniendo el apoyo popular y los recursos para emprender otra vía. Es como decir que el fracaso del Socialismo del Siglo XXI se reduce a la “mentalidad” rentista de la sociedad venezolana.

Aunque esta es la afirmación que me parece más grave, a lo largo del texto hay muchas otras muestras de la insuficiente o deformada información que el autor utilizó para escribirlo. Entre otras, las siguientes:

“Aparentemente, la MUD tenía una idea errónea de la evolución de los acontecimientos políticos y esperaba que el gobierno reconociera y dejara trabajar a la mayoría parlamentaria sin mayores concesiones.”

Es decir, dejar trabajar a la mayoría parlamentaria sin mayores concesiones, que es el deber mínimo de todo gobierno republicano, debía ser negociado por la oposición. Entonces es culpa de la oposición que el gobierno no respete el resultado electoral, la división de poderes, ni la Constitución.

“Resulta asombroso, sobre todo, que no haya habido ningún intento de la dirigencia de la MUD de negociar condiciones con el oficialismo inmediatamente después de las elecciones parlamentarias, para aprobar juntos leyes que alivien la crisis social de la población.”

Lo que resulta asombroso es que el autor olvide que lo primero que hizo el oficialismo, aún antes de instalarse la nueva Asamblea, fue designar en forma ilegal e inconstitucional nuevos magistrados del Tribunal Supremo, totalmente comprometidos con el gobierno, para bloquear cualquier iniciativa legal de la Asamblea Nacional entrante. La negociación para aprobar leyes juntos se hace en el parlamento, en forma abierta y pública, y no como una concesión del gobierno a una oposición que, de paso, es mayoría. Y la oposición sí propuso leyes para aliviar la crisis social de la población, que el oficialismo rechazó sin dialogar ni negociar y el TSJ invalidó como “inconstitucionales”. Entre ellas se encuentran la Ley de Bono para Alimentos y Medicinas a Pensionados y Jubilados, la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros Programas Habitacionales del Sector Público y la Ley Especial Para Atender la Crisis Nacional de Salud.

“Como no fue factible ni la renuncia ni la enmienda, durante el mes de abril la MUD recogió las primeras firmas para iniciar el revocatorio y a comienzos de mayo entregó al cne un total de 1,8 millones.[…]…rápidamente quedó en claro que el cne podría aprovechar el tardío accionar de la MUD para demorar el proceso.“

El autor ignora que si la MUD recogió las firmas en abril, fue porque había solicitado iniciar el proceso desde el 9 de marzo, momento en que empezaron las maniobras dilatorias del CNE. Y por lo demás, los plazos legales, si se hubieran seguido de acuerdo a lo establecido, eran más que suficientes para convocar el referéndum, como ocurrió con otros que fueron convocados y realizados en pocos meses. ¿Es que acaso el autor, o alguien, puede creer que si la solicitud se hubiera hecho el 11 de enero el CNE no habría retardado también el referéndum? Una vez más, la acción ilegal, autoritaria y sesgada del árbitro electoral… es culpa de la oposición!

“Ante este nuevo escenario [La suspensión del revocatorio], considerado por la oposición una ruptura del orden constitucional,…”

“Considerado por la oposición”. El autor, que se permite opinar y juzgar a todos los actores a lo largo del artículo, aquí se vuelve tímido y no se atreve a decir si está o no de acuerdo con que es una ruptura del orden constitucional.

“La consecuencia sería un aumento de las protestas sociales. El Ejército se hallará entonces ante el interrogante de si debe actuar violentamente contra la propia población o desobedecer las órdenes.”

¿Se vería ante ese interrogante? ¿Será que el autor no ha visto lo que hacen los militares contra la población desde hace ya bastantes años? ¿Será que no ha leído los informes de organizaciones serias sobre la violación constante de los derechos humanos y de la represión contra las protestas? ¿Será que nunca ha oído hablar de las OLP?

“La MUD deberá ofrecer determinadas garantías al presidente Maduro si desea un traspaso de mando en paz.”

Aquí el autor acepta con toda tranquilidad el chantaje que el régimen viene haciendo desde que perdió la mayoría: no importa que ustedes hayan ganado la AN, ni importaría que ganaran el referéndum, porque si ustedes tratan de llegar al poder legalmente, incendiaremos el país para impedirlo. El autor está reconociendo implícitamente el carácter dictatorial del régimen, pero además recomienda a la oposición que acepte la inutilidad de luchar por la vía electoral, pacífica y democrática para lograr el cambio político, y se resigne a negociar el derecho ganado a través del voto.

El autor dedica toda una sección a lo que llama “El desprecio de la MUD por el chavismo descontento”. Según él, la oposición ha hecho gestos, como el retiro de los retratos de Chávez y Bolívar (no de Bolívar, sino de una versión sectaria y politizada de la imagen de Bolívar) “…para que el gobierno se cierre en lugar de abrirse.” “Los dirigentes de la MUD deben responder en qué medida están distanciados de este pasado [la Cuarta República] y por qué no representan solamente a las clases sociales más altas”.

El autor por lo visto no conoce la composición de clase de la mayor parte de los militantes de los partidos de la oposición y de buena parte de sus dirigentes, ni que los dos partidos más importantes de la oposición no existían en ese pasado, ni tampoco que el crecimiento de la oposición en los últimos años (de un mínimo de 24,2 por ciento en marzo de 2014 a un 52,8 por ciento en diciembre de 2016) , sólo se ha podido alimentar de ex chavistas decepcionados, porque su base de apoyo de clases “medias y altas” no ha cambiado.

“La MUD no ha convencido suficientemente a estos electores [los ni-ni] y la polarización entre el PSUV y la MUD hace difícil que terceras fuerzas, como el Movimiento al Socialismo (mas) o Marea Socialista, se posicionen como actores que tiendan puentes entre los dos bandos.”

Si la MUD no hubiera convencido suficientemente a esos electores, simplemente no habría crecido como lo ha venido haciendo en los últimos años. El autor debería leer, por ejemplo, la encuesta de Infobarómetro hecha en noviembre y publicada en diciembre de 2016: ella muestra que el porcentaje de personas que se consideran “neutrales” ha venido bajando desde un 31,5 por ciento en noviembre de 2015 a 14.8 por ciento un año después, paralelamente al crecimiento de la oposición. (http://www.biendateao.com/encuesta-venebarometro-19-5-venezolanos-come-una-vez-al-dia-45-5-come-dos-veces/)

Pero en cualquier caso, sería culpa de la MUD que Marea Socialista no tienda puentes, como si ese grupo fuera simplemente un actor reactivo frente a la acción de la MUD, y no tuviera sus razones propias para no tender esos puentes. En cuanto a la mención del MAS, demuestra un desconocimiento notable, ya que todo el mundo en Venezuela sabe que lo que queda de ese partido es un cascarón vacío. Más le habría valido hablar de Avanzada Progresista, partido que representa a muchos ex-chavistas y hasta tiene un precandidato presidencial dentro de la MUD.

“Además, si bien la crisis política del país se expresa en la decadencia económica y social, la crisis del gobierno de Maduro tiene, en el fondo, menos que ver con la inflación y la escasez de alimentos que con la confianza que las bases han perdido en que los líderes políticos puedan solucionar estos problemas.”

¿Será que el autor nos está insinuando que, si la población tuviera esperanza en la solución de sus problemas, la inflación y la escasez de alimentos serían más tolerables? ¿Será que piensa que la crisis sería menor si la gente siguiera diciendo, como antes, “Con hambre y sin empleo, con Chávez me resteo”? Sí, seguramente las colas y las muertes por falta de medicamentos serían más tolerables.

El autor repite uno de los mitos difundidos en todos estos años por el chavismo:

“Para muchas personas se hizo más fácil e incluso posible por primera vez el acceso a la atención médica, a prestaciones sociales y a instituciones educativas.”

Sí, ¡por primera vez! Repetir este mito, que ha sido muchas veces demostrado como falso, demuestra un desconocimiento grave de la historia venezolana de los últimos sesenta años. Es la repetición de que antes de Chávez el pueblo era totalmente ignorado, que ningún pobre tenía derecho a la alimentación, la salud ni la educación, que era imposible competir contra AD y COPEI, y otros mitos semejantes, sin darse cuenta de que si eso fuera cierto, sería inexplicable la legitimidad que durante muchos años tuvo el régimen iniciado en 1958.

“ Si bien Chávez se empeñó en reducir la dependencia venezolana del petróleo, en los 14 años de su mandato presidencial sucedió lo contrario: un fortalecimiento extremo de esa dependencia.”

¿En qué se basa eso de decir que Chávez “se empeñó” en reducir esa dependencia, si teniendo tanto poder y tantos recursos hizo todo lo contrario? Claro, es que no fue culpa de él sino de la mentalidad rentista de esos corruptos venezolanos, que sólo quieren que les repartan renta en vez de trabajar. El pobre Chávez termina siendo entonces una víctima de esa sociedad que no lo merecía.

Otra visión distorsionada es la que tiene sobre la oposición, cuando dice, por ejemplo:

Al mismo tiempo, la oposición venezolana le ha hecho fácil al gobierno que la ubique como derecha. Cuando Lilian Tintori festeja con Mauricio Macri su victoria electoral en Argentina y VP busca lazos con los republicanos en Estados Unidos y el Partido Popular de España, su movimiento no puede esperar que se lo considere como fuerza de izquierda o centroizquierda, incluso cuando, para sorpresa general, fue aceptado en 2014 dentro de la Internacional Socialista (junto con los socios AD, MAS y UNT).”

Primero, pareciera que para que una oposición sea legítima tiene que ser de izquierda, como si ser “de derecha” no fuera una posición legítima en un sistema político pluralista. Pero más allá de eso, es obvio que Lilian Tintori tiene el derecho de “festejar” con quien quiera, y no se ha reunido solamente con gobernantes y partidos “de derecha”, sino de todas las tendencias democráticas, en su campaña contra la prisión injusta e ilegal de Leopoldo López. Y en todo caso, LT no puede ser sinónimo de “la oposición”, ya que obviamente hay en ella muy diversas tendencias.

Una afirmación que provocaría risa por lo absurdo es:

“La MUD obliga constantemente a los partidos que la componen a tener un discurso unificado, dominado por conservadores y liberales.”

Eso de que la MUD “obligue” a los partidos a tener un discurso unificado es poco creíble sabiendo que esa alianza tiene dificultades incluso para ponerse de acuerdo en temas tácticos y coyunturales. Por el contrario, hay debates y diferentes posiciones entre las cuales puede haber conservadoras y liberales, pero están lejos de ser las únicas.

Un tema, aunque secundario, que muestra la ignorancia del autor sobre Venezuela y la necesidad de buscar fuentes más confiables es esta afirmación sobre Ramos Allup:

“Por lo demás, todos los partidos deberían, en pos de una mayor credibilidad, fortalecer los mecanismos de democracia interna. Quien dentro de un partido no ha sido elegido nunca democráticamente –tal es el caso de Ramos Allup como secretario general de ad– se caricaturiza a sí mismo, al no contar con legitimación dentro de su propia fuerza, cuando critica la falta de democracia en el país.”

¿Quién le dijo al autor que HRA nunca fue elegido democráticamente en su partido? ¿Y por qué le creyó sin tomarse el trabajo de verificar esta afirmación? Por lo demás, no sería mala idea que el autor estudiara la historia de la selección de las autoridades en el chavismo, empezando por el MVR y luego en el PSUV y la alianza llamada Polo Patriótico.

En síntesis, aunque el autor pueda tener buenas intenciones en sus paternales consejos a la oposición, y por supuesto tiene todo el derecho a emitir sus opiniones, sería recomendable que las basara en un conocimiento aunque sea un poco más profundo sobre la sociedad venezolana y sus actores políticos.

No quisiera que lo siguiente se tome como un argumento “ad hominem”, sino al contrario: no considero que el autor dice lo que diga porque tenga algún interés oculto, ni sea un criptochavista, no. El problema es que esa visión insuficientemente informada puede perjudicar la ejecución eficaz del rol institucional que el autor desempeña en Venezuela.

 

 

La formación de un “intelectual de izquierda”: 1. En la UCV

bibl-humanidadesBiblioteca de la Facultad de Humanidades de la UCV, que en 1965 era uno de los salones de clases de primer año de sociología y antropología.

En la UCV

En noviembre de 1965 entré a la UCV para estudiar sociología. La opción por esa carrera significa casi siempre una cierta distancia frente a la sociedad en que se vive, a la que se quiere comprender más allá de las ideas recibidas. La observación de desigualdades, injusticias y conflictos sociales, la atención a debates políticos con posiciones radicalmente opuestas y algunas lecturas no convencionales me habían llevado a esperar que fuera posible entender la sociedad con instrumentos “científicos”. Esta esperanza no se basaba en algún conocimiento específico ni en la lectura de textos sociológicos, sino en la promesa que ofrecía el nombre de la disciplina. No tenía modelos de rol, porque había muy pocos sociólogos en Venezuela (la primera promoción databa de 1957). Jamás había oído de la existencia de Durkheim, Weber o Parsons, aunque sí de Marx, en términos condenatorios o elogiosos, pero más como fundador de una doctrina política que como científico social.

El primer año de la carrera incluía, entre otras, una materia políticamente “neutral”, cuyo nombre he olvidado, en la que debíamos aprender técnicas básicas de investigación como hacer fichas y resúmenes. Pero el profesor era casi una caricatura del cmhuadro estalinista y su pensamiento dogmático: uno de nuestros primeros trabajos fue fichar “El materialismo histórico”, de F.V. Konstantinov, de la Academia de Ciencias de la URSS. Así se aseguraba de que los nuevos estudiantes conocieran el marxismo de la fuente más autorizada y ortodoxa. Esa fue una vertiente de mi primer encuentro con esa teoría en su forma más dogmática (y aburrida).

Sin embargo, afortunadamente (¿o no?) hubo otra totalmente distinta. Alfredo Chacón, recién llegado de Francia, era el profesor de Introducción a la Antropología. De una seriedad y distancia que intimidaban, no hacía la menor concesión a nuestra ignorancia, y sus clases parecían dar por supuesto un nivel mayor que el que teníamos (por eso su primer examen parcial fue una verdadera hecatombe). Antes de entrar en los temas específicamente antropológicos, comenzaba la materia con una discusión filosófica sobre el carácter de las ciencias sociales, basada sobre todo (pero no únicamente) en algunos capítulos de “Las ciencias humanas y la filosofía”, de Lucien Goldmann.

Aunque no sé si todavía perdura el uso de su libro en los cursos introductorios de sociología de nuestras universidades públicas o si ya fue olvidado, Goldmann (1913-1970) era uno de los autores de referencia en el debate marxista de la postguerra en Francia. lucien-goldmannNo era sociólogo en sentido estricto, sino un cruce entre filósofo e historiador de las ideas: su obra fundamental, “El Dios Oculto”, pretendió encontrar una analogía estructural entre la situación de la nobleza de toga en la sociedad francesa del siglo XVII y la estructura del teatro de Racine y de los Pensamientos de Pascal. Pero lo más interesante de Goldmann era su lucha por reivindicar una ciencia social dialéctica, para lo cual se inspiraba sobre todo en el primer Lukacs, el joven que había escrito “Historia y Conciencia de Clase”, libro irreverente y audaz, y no el Lukacs posterior que se sometió al estalinismo.

En “Las ciencias humanas y la filosofía” Goldmann subrayaba “la identidad parcial entre el sujeto y el objeto del conocimiento” y la necesidad de integrar en el estudio de los hechos sociales la historia de las teorías sobre ellos y, a la inversa, estudiar los hechos de conciencia a la luz de su entorno histórico. Hoy esto nos puede parecer más que obvio, pero muestra que Goldmann buscaba abrirse un camino “dialéctico” ante lo que veía como el objetivismo tanto del marxismo mecanicista como de la teoría sociológica clásica.

Las cincuenta y tantas páginas del capítulo titulado “El método en las ciencias humanas” contienen una especie de síntesis de su pensamiento: a partir de las premisas mencionadas, critica a Durkheim, Weber y Lukacs, a los dos primeros por abordar el problema de la objetividad en forma no dialéctica, y al tercero por creer que ella sería una consecuencia de la “conciencia límite” del proletariado, idea que a Goldmann parece “excesiva”. Habiendo dispuesto de los fundadores, Goldmann hace una crítica de la “sociología universitaria” de la época, a la que califica de ahistórica, para finalmente insistir en la unidad entre vida material y pensamiento, y concluir en la necesidad de que las ciencias sociales, reconociendo esa unidad, sean dialécticas.

Esta lectura tuvo un gran impacto sobre mí, y creo que también sobre muchos otros estudiantes de sociología, porque sentaba las bases de dos dogmas que iban a acompañar mi pensamiento por muchos años: primero, que la sociología académica estaba irremisiblemente limitada, si no invalidada, por su rechazo al enfoque dialéctico, derivado de su condición de pensamiento que expresaba la visión del mundo de la burguesía, y segundo, que si bien algunos marxistas habían caído en desviaciones de interpretación, Marx mismo estaba por encima de toda crítica (esto no era dicho explícitamente, pero el único autor no criticado en esas páginas era Marx).

Y esto no era dicho con la pesadez y didactismo de los manuales, sino con una argumentación brillante y erudita que se paseaba por las principales corrientes y autores del siglo XIX y XX, y especialmente por algunas teorías sociológicas importantes. Una vez superada con esfuerzo la falta de familiaridad con todo un campo del conocimiento que apenas comenzaba a explorar, el texto de Goldmann reclamó para el marxismo los mapas mentales que me iban a orientar en el territorio de la sociología y de las ciencias sociales en general, creando una desconfianza de entrada hacia autores que no había leído, y peor aún, hacia la disciplina misma en la que me iba a formar.invesgigaciones-dialecti001

Pero esta lectura también tuvo un aspecto positivo: me mostró que podía existir un marxismo más profundo y matizado que el de los manuales; a partir de ese momento me convertí en “fan” de Goldmann y busqué sus otros libros. Cuando veo mi viejo ejemplar de “Investigaciones dialécticas” (traducido por Eduardo Vásquez y editado por la UCV en 1962), intensamente subrayado, detecto una pasión intelectual que había olvidado y que pocas veces he vuelto a sentir.