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Archive for 18 septiembre 2008

Hoy se dio a conocer el informe de esta reconocida organización sobre los diez primeros años del régimen chavista. Aunque la previsible reacción del gobierno será rechazarlo  y atribuirlo a una nueva maniobra del “imperio”, el informe nos devuelve a los venezolanos, con una mirada externa, los testimonios de cientos de ciudadanos que fueron entrevistados por los enviados de esta organización. Lo que hemos vivido como incidentes puntuales, procesos graduales, momentos cruciales separados en el tiempo, están en este informe comprimidos y sistematizados, a la manera de un gran fresco que nos muestra en unos cuantos metros la síntesis de un proceso histórico. En la medida en que vivimos los hechos como parte de lo cotidiano, sin saber hacia dónde apuntan, se van convirtiendo en fragmentos desconectados, o quizás conectados por emociones como el miedo, la incertidumbre y la oscilación entre la esperanza y la desesperanza.
En este documento se van construyendo, con numerosas pruebas y testimonios, los elementos para evaluar al régimen desde el punto de vista de los derechos humanos, si no en tribunales formales, al menos en el juicio de los ciudadanos de hoy y del futuro.

Algunas de las ideas centrales del informe son:

“La discriminación política ha sido una característica definitoria de la presidencia de Chávez.”

“Otra característica definitoria de la presidencia de Chávez ha sido el desprecio manifiesto del principio de separación de poderes consagrado en la Constitución de 1999 y, en especial, de la idea que un poder judicial independiente es indispensable para proteger derechos fundamentales”

“El gobierno del Presidente Chávez ha logrado, en la práctica, neutralizar al poder judicial como un poder independiente.”

“El gobierno del Presidente Chávez ha socavado la libertad de expresión en Venezuela a través de diversas medidas que buscan alterar el control y el contenido de los medios.”

“El gobierno del Presidente Chávez ha intentado rehacer el movimiento sindical venezolano a través de fórmulas que vulneran principios básicos sobre libertad de asociación.”

“El gobierno del Presidente Chávez ha debilitado su propia capacidad para abordar los problemas de derechos humanos de Venezuela, que existen desde hace tiempo, al adoptar una actitud de confrontación agresiva frente a los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil.”

“El Presidente Chávez ha buscado activamente proyectarse como un defensor de la democracia, no sólo en Venezuela, sino en toda América Latina. Sin embargo, su presunto compromiso con esta causa es contradictorio con el desprecio, por parte de su gobierno, de garantías institucionales y derechos fundamentales indispensables para la participación democrática.”

El informe completo se encuentra en la siguiente dirección:

http://hrw.org/spanish/reports/2008/venezuela0908/venezuela0908spweb.pdf

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Más allá de lo anecdótico, el “caso del maletín” o valijagate como se le llama en Argentina, permite atisbar en los mecanismos internos de un régimen muy hermético. En efecto, el control total que ejerce en Venezuela el poder ejecutivo sobre los poderes legislativo, judicial, electoral y “moral” (fiscalía, contraloría, defensoría del pueblo) permite al régimen presentar una cara homogénea y sólida frente a cualquier crítica, denuncia o cuestionamiento. Puesto que el presidente y los más altos funcionarios del gobierno simplemente no admiten a los periodistas de medios de comunicación independientes u opositores a las ruedas de prensa nacionales, se ven a salvo de preguntas incómodas o indagaciones indiscretas. Es sólo en sus viajes al extranjero, cuando el presidente Chávez no puede evitar la pluralidad de medios en sus ruedas de prensa, que se expone a este tipo de preguntas, a las cuales suele responder con insultos al periodista, denuncia de los intereses del medio que lo envía y maniobras evasivas. El discurso oficialista tiene una gran uniformidad, en la medida en que sólo el presidente puede hablar con libertad y ninguno de sus seguidores en la burocracia o en el partido se atreverían a dar opiniones propias, ya que los pocos que lo han hecho lo han pagado con sus cargos y con la exposición a la vindicta pública “en vivo” a través de las intervenciones televisivas del presidente.

Esta fachada uniforme y sin fisuras permite a los funcionarios del gobierno y el partido una gran libertad interna en la discusión y ejecución de sus políticas, ya que saben que los mecanismos que, en una democracia normal, obligarían a la transparencia y la rendición de cuentas, están en Venezuela casi totalmente domesticados o neutralizados (con la excepción de algunos pocos medios, como Globovisión, a quien se dirigen preferentemente las furias de Chávez y sus secuaces).

Es por ello que, cuando se oyen las grabaciones o se leen las transcripciones del juicio de Miami, se  entra a un laberinto subterráneo donde reinan el cinismo, la corrupción, el uso ilegal de los recursos del Estado y sobre todo, la certeza de la impunidad de cualquier transgresión o delito. Los enviados del gobierno para convencer a Antonini de “no decir la verdad”, de asumir como suyos los dólares del maletín, no parecen haberse planteado en ningún momento alguna duda de tipo ético. Saben que están cometiendo el delito de encubrimiento, que están negociando con un chantajista (ya que Antonini está exigiendo dinero por su silencio), que el origen del dinero era la desviación de fondos de una empresa pública y su destino contribuir ilegalmente a la campaña electoral de un país extranjero. Más bien se enorgullecen de su habilidad y relatan con satisfacción otras hazañas, como introducir bienes de contrabando al país, efectuar ventas con sobreprecios a entes del Estado, con el correspondiente pago de comisiones a funcionarios, y la administración del dinero de estas comisiones, en lo que equivale a una legitimación de capitales provenientes de delito. En medio de todo esto, mencionan una y otra vez sus relaciones estrechas de amistad y confianza con algunos de los más altos funcionarios del régimen.

Por eso, si se hubiera tratado sólo de Venezuela, Antonini no habría recibido ninguna atención: era simplemente imposible que su versión del incidente fuera investigada por algún organismo público del país. Tal como cínicamente afirmó la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores: “no lo investigaremos nunca”. La capacidad de chantaje de un Antonini sin pruebas, apoyado sólo en su palabra contra la del bloque unánime del Estado venezolano, era nula.

Sin embargo, la situación con Argentina no es la misma, porque este último país tiene todavía, aunque fuertemente amenazados, algunos grados de autonomía de los poderes públicos. Existe una oposición diversa pero fuerte en el Congreso, los medios de comunicación están menos intimidados y el poder judicial, aunque fuertemente influenciado por el Estado (como lo evidencian las mismas grabaciones) no está total y absolutamente subordinado al ejecutivo como en Venezuela.

Esta diferencia quizás explica el por qué los gobiernos venezolano y argentino no tuvieron otra opción que aceptar el chantaje de Antonini y tratar de comprar su silencio. Aun sin pruebas, una denuncia completa de sus relaciones con funcionarios argentinos de alto nivel, de las conexiones entre PdVSA y empresas públicas argentinas, y del eventual destino del dinero habría tenido un impacto político casi tan grave como el que tienen ahora las grabaciones, aunque no estuviera respaldada por pruebas tan contundentes como las que hoy existen.

Esta diferencia se confirma al comparar las reacciones de los dos países: en Venezuela, sólo los medios y los partidos de oposición tratan de mantener vivo el caso, denunciando sus graves implicaciones, pero el frente de poderes incondicionales al jefe de Estado mantiene su cerrada negativa a hablar siquiera del caso, más allá de una investigación formal de la fiscalía, que no ha producido resultado alguno en más de un año (tal como garantizaba uno de los enviados a Antonini: no habría nada contra él en Venezuela).

En Argentina, por el contrario, la reacción de los medios y de la oposición ha obligado al juez de la causa, no muy diligente ni inquisitivo por cierto (hasta el punto que tempranamente excluyó de la indagación a Claudio Uberti), a reactivar la investigación, bajo la vigilancia de una opinión pública alerta. El propio vicepresidente, enfrentado políticamente a la presidenta, ha exigido una investigación rápida y profunda, y es muy probable que el Congreso decida emprender sus propias investigaciones. Es por ello que quizás, en el próximo futuro, tendremos que mirar más a Buenos Aires que a Miami o Caracas para llegar al fondo del “escándalo del maletín”.

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