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Archive for 22 julio 2010

-Que ignorar a la gente produce resentimiento, y el resentimiento puede convertirse en odio.

-Que el Estado venezolano tiene tanto poder material sobre la sociedad que, si se lo propone, puede ponerla a sus pies.

-Que los partidos y el Estado hasta 1998 habrían podido someter a la sociedad pero decidieron no hacerlo, autolimitándose para no entrar en conflicto con las elites economicas y militares e insertarse en un modelo liberal-pluralista de sociedad favorecido internacionalmente.

-Que la mayoría de los venezolanos se benefició de la acción de los partidos y el Estado al menos hasta fines de los ochenta.

-Que por eso y por las identificaciones emocionales partidistas que se habían formado desde la década de los cuarenta, esa mayoría siguió votando por AD y COPEI, aún después que habían perdido su identidad como partidos y se convirtieron en agencias de negocios.

-Que entre los beneficiados por el Estado y los partidos se encontraban no sólo las masas populares, sino los sectores medios y los empresarios pequeños, medianos y grandes.

-Que en Venezuela se podía manipular al Estado, evadir los impuestos y comprar la justicia, por lo que quienes tenían poder y dinero gozaban de impunidad.

-Que a pesar de hablar durante sesenta años de “sembrar el petróleo”, nunca se logró esta meta, porque implicaba modelos de desarrollo y estrategias a largo plazo que interferían con la captación de renta a corto plazo.

-Que el aumento de los niveles educativos de los políticos y de los tecnócratas formados en las mejores universidades del mundo, no les sirvió para percibir las tensiones, conflictos, resentimientos y odios que se estaban generando.

-Que una gran parte de las elites económicas y mediáticas olvidó que los partidos políticos habían sido su dique de contención y pararrayos frente al resentimiento producido por los fracasos del modelo de desarrollo, y comenzaron a soñar con regímenes tecnocráticos, apartidistas y neoliberales.

-Que, como consecuencia de este olvido, se dedicaron a atacar ferozmente el “populismo” de AD y COPEI, y creyeron que sus ideas liberales y tecnocráticas eran compartidas por el país.

-Que el resentimiento y, sobre todo, el deseo de venganza pueden convertirse en una pasión política, capaz de llevarse por delante los argumentos y discursos racionales, y no quedar satisfecha hasta liquidar a los últimos representantes del antiguo orden.

-Que el reconocimiento de quienes se sienten incluidos después de muchos años de exclusión aporta una lealtad muy duradera, incluso intergeneracional (como lo muestra el ejemplo de AD o del peronismo).

-Que las identidades políticas forjadas por emociones pueden prevalecer sobre el descontento coyuntural con la situación del país.

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Los intentos de diversas OSC de justificar sus “actividades de representación” a través de una “representación asumida” no necesariamente resuelven dos problemas clave: el de la autonomía de los actores, y el de las diferentes dotaciones de recursos entre ellos. Los estudios de Gurza et al. han mostrado que la participación en los nuevos espacios institucionalizados es más efectiva para aquellas OSC que tienen algún tipo de lazo con los partidos políticos,  y especialmente con el partido que controla el poder local. Si a esto sumamos el carácter “mediador” de las OSC, se entra en un terreno que roza muy de cerca el clientelismo político. La garantía de que la relación entre ciudadanos de base y mediadores no se convierta en una de clientelismo estaría en que las instancias de participación sean realmente abiertas, incluyentes y no sesgadas, de manera que los ciudadanos de base puedan plantear sus demandas y reivindicaciones en forma pública y en igualdad de condiciones con los demás actores.

En cuanto a las desigualdades de recursos, como ha subrayado Oxhorn (2006), los criterios para definir a la sociedad civil en América Latina no pueden ser los mismos que los de los países avanzados. A diferencia del énfasis consensual de las teorías sobre la sociedad civil en esos países, en América Latina la sociedad civil surge muchas veces de conflictos originados en la precariedad de los derechos civiles, políticos y sociales. Las OSC provenientes de sectores populares están en desventaja frente a las de los sectores dominantes, ya que estos aprovechan su capital social y cultural para mantener y reforzar su posición privilegiada. Por su parte, las OSC de los excluidos viven una dinámica dual, ya que al mismo tiempo que se resisten a subordinarse al Estado, están demandando su inclusión en las estructuras políticas nacionales. Por eso Oxhorn propone una concepción diferente, colectivista y no individualista, de sociedad civil donde el Estado no sea un rival, sino un aliado, especialmente de las OSC de origen popular, para “nivelar” el campo de juego; se trataría de equilibrar una relación inicialmente sesgada a favor de los más poderosos, en la que el Estado debería fomentar, pero evitando la tentación de controlar, una SC más diversa y menos desigual.

Sin embargo, frente a esta estrategia no se puede evitar pensar en los peligros del corporativismo de Estado y el clientelismo, puesto que es difícil pensar que el Estado o el grupo gobernante no vaya a esperar algún tipo de contraprestación a cambio de su apoyo.  Es por eso que la promoción “desde arriba” de la organización de los sectores populares, intentada muchas veces en América Latina por gobiernos de diversas orientaciones, ha tendido a ofrecer resultados ambiguos, que pocas veces se han traducido en la generación de organizaciones autónomas y sostenibles. El desafío para la sociedad civil y el Estado estaría en lograr un equilibrio entre la necesidad de estimular la organización de los sectores populares y la tentación de convertir a estas organizaciones en clientelas de un proyecto hegemónico; en otras palabras, la de combatir una forma de exclusión para sustituirla por otra.

(Oxhorn, Philip (2006). Conceptualizing civil society from the bottom up: a political economy perspective. En: Feinberg, Richard, Carlos H. Waisman y Leon Zamosc, (eds.) Civil Society and Democracy in Latin America. New York-Houndmills; Palgrave Macmillan: 59-84.)

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Un cambio de imagen

Los (muy contados) visitantes de este blog notarán que ha cambiado la imagen de la portada. El grupo de soldados con cara de pocos amigos empieza a difuminarse y a mezclarse con una multitud civil que protesta civilmente. Aunque no hay elementos “objetivos” que permitan creer en un debilitamiento del puño militar-leninista sobre la sociedad venezolana, y por el contrario las amenazas reiteradas se van cumpliendo sin pausa, alguna fuerza desconocida nos impulsó a mezclar las tintas y a vislumbrar un futuro no uniformado en verde olivo.

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Aun si el resultado de la intervención de las OSC en la vida política fuera positivo, se plantea la inevitable pregunta sobre la legitimidad de esta intervención, y en particular sobre la representatividad como una credencial para legitimar la intervención de estos actores en la vida propiamente política y la pretensión de influir en las políticas públicas estratégicas.

Tradicionalmente, se ha reconocido como representativas a las organizaciones corporativas como los sindicatos o los gremios, ya que ellas tienen una base social identificable y mecanismos universalistas de elección de sus autoridades. Pero si se trata de participar en la esfera pública, incluso con medidas de presión, para influir sobre las políticas públicas, no bastaría un origen formal electoral para ser representativas, sino que además los ciudadanos, o grupos significativos de ellos, se identifiquen con las proposiciones y acciones de las organizaciones, sin ser necesariamente integrantes de ellas.

Gurza, Houtzager y Castello (2005), en un estudio sobre organizaciones civiles en Sao Paulo, Brasil, identifican varios criterios según los cuales ellas actúan y se perciben a sí mismas como “representantes” de determinados sectores. Según estos autores, las organizaciones estudiadas ejercen diversos tipos de “actividades de representación”, como la presencia en  espacios de participación institucionalizados, la mediación directa de demandas frente a organismos públicos específicos, el apoyo a candidatos políticos, y la formulación de demandas a los diferentes niveles de gobierno.

Sin embargo, estas actividades no garantizan el carácter representativo de las OSC que las ejercen, por lo cual estas se ven obligadas a elaborar argumentos convincentes para justificar su representatividad. El estudio identifica seis formas de “representación asumida”: clásica-electoral, basada en que las organizaciones realizan elecciones democráticas para la selección de sus líderes; proximidad, que enfatiza la relación de intimidad, cercanía y horizontalidad con su público; servicio, sustentada en las acciones de la organización para mejorar la calidad de vida; mediación: el rol de la OSC como mediador ante otros actores permite a su público un acceso a centros de poder y decisión que sin ella no tendría; membresía: esta forma de representatividad corresponde a aquella en la que el interés representado es creado por el hecho mismo de la formación del cuerpo representativo, cuyo ejemplo clásico es el sindicalismo; identidad: Se refiere a la semejanza de características sustantivas entre representante y representados, tales como género u origen étnico.)

El estudio mencionado subraya dos hechos importantes: la necesidad de ampliar las formas de concebir la representatividad,  y la tendencia, aparentemente irreversible, a la difuminación de las fronteras entre la acción de  influencia externa que se atribuye a la sociedad civil y la acción política directa.

[Gurza, Adrián, Peter Houtzager y Graziella Castello (2005). In whose name? Political representation and civil organisations in Brazil. Brighton, IDS Working Paper 249]

(Continuará)

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A veces se incluye a los movimientos sociales dentro de la categoría de organizaciones de la sociedad civil, aunque sin atribuirles una misión histórica predeterminada, ya que ésta dependerá de las coyunturas sociopolíticas. Uno de los roles centrales que estos movimientos han tendido a jugar es el de ofrecer mecanismos alternativos de expresión y hasta de representación a sectores sociales excluidos de las decisiones sobre políticas públicas. Y esto ha planteado el difícil tema de la denominada “antipolítica” y las pretensiones de sustituir a los partidos por otros actores cuya legitimidad democrática no siempre es evidente, en medio de las profundas crisis políticas de algunos países de la región en los últimos años. En un estudio comparativo de tres de esas crisis, Hochstetler y Friedman (2008) estudiaron hasta qué punto las organizaciones de la sociedad civil (OSC) habían logrado sustituir a los partidos como instancias de participación y representación cuando estos últimos entraron en crisis. Los casos comparados fueron Bolivia, Argentina y Brasil, y las autoras concluyen en que sólo en el primer caso, en el cual el colapso de los partidos tradicionales fue más completo y radical, las OSC llegaron a tener una influencia decisiva en el desarrollo y resolución de la crisis; mientras que en Argentina, el protagonismo de las OSC fue temporal y los partidos recuperaron en un tiempo relativamente breve la legitimidad necesaria para retomar la iniciativa política. Y en Brasil, las OSC afines al PT casi siempre prefirieron trabajar “desde adentro” del partido y sólo rara vez se le enfrentaron como actores alternativos.
Pero lo más importante, como plantean las autoras del trabajo, es que la intervención, aun temporal, de OSC en coyunturas políticas críticas no es suficiente para resolver los problemas de fondo de la representación. Por una parte, la hipótesis de la “crisis de representación” de los partidos no explica la aparición de otros casos en los que la representación deriva hacia populismos que desplazan tanto a los partidos preexistentes como a las OSC. Pero además, el supuesto normativo según el cual las OSC podrían suplir la función de representación de los partidos es dudoso, como muestra, según las autoras, el caso boliviano, donde OSC opuestas entre sí reproducen los conflictos que los partidos no pudieron resolver, sin poder ellos tampoco superarlos. [Hochstetler, Kathryn y Elisabeth Jay Friedman (2008). Can civil society organizations solve the crisis of partisan representation in Latin America? Latin American Politics and Society, V. 50, N. 2: 1-32.]
(Continuará)

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Hace casi dos décadas, Arturo Escobar y Sonia Álvarez publicaron un panorama de los movimientos sociales en América Latina, en el que destacaban su impacto sobre las sociedades del continente y su creciente visibilidad para el mundo académico, pero también la incertidumbre sobre su desenvolvimiento futuro (Escobar, Arturo y Sonia E. Alvarez (eds.) (1992). The making of social movements in Latin America: identity, strategy and democracy. Boulder, Westview Press). El estudio se centró en tres ejes o dimensiones: identidad, estrategia y democracia. Con esto se pretendía superar la dicotomía entre los enfoques de “movilización de recursos”, centrados en las estrategias racionales de los movimientos y sus recursos organizativos, y los de “nuevos movimientos sociales”, más orientados hacia la explicación de los conflictos subyacentes al origen de los movimientos y  su construcción de nuevas identidades colectivas. El tercer eje implicaba que los movimientos sociales impulsarían la democratización, contribuyendo a desmontar los residuos autoritarios y ampliando el acceso de los excluidos a la formulación e implementación de políticas públicas. Un rasgo llamativo de ese libro es la ausencia casi total de la noción de sociedad civil, que iba a tener un papel tan protagónico en el debate intelectual de las dos décadas siguientes. Al parecer, no se había encontrado aún una hipótesis para pensar la articulación entre los movimientos sociales y las instituciones establecidas sin comprometer la autonomía y la identidad de los primeros y la legitimidad de las segundas. Ello daba lugar a una tensión característica de los movimientos, entre la afirmación de su identidad autónoma y la exigencia de reconocimiento de sus demandas por el Estado y los actores políticos establecidos.
En años recientes, la presencia y actividad de movimientos sociales ha perdido su novedad en nuestra región, y en algunos casos ellos han tenido un papel decisivo en los cambios institucionales producidos. Sin embargo, pareciera que se ha subsumido a los movimientos dentro de las teorías de la sociedad civil, en tanto se la considera como un espacio dinámico, no limitado a los actores “tradicionales” o neocorporativos, sino capaz de abarcar todo tipo de actores, de los  tradicionales a los  nuevos, de los  conservadores a los  radicales, y de los  localistas a los universalistas. Es así como muchas de las demandas de reformas políticas por la ampliación de los derechos ciudadanos y de la participación han resultado en la creación, en las constituciones promulgadas en las últimas décadas,  de instancias de participación donde se hace explícito que el sujeto de dicha participación es la sociedad civil y no, por ejemplo, los movimientos sociales, como si estos no tuvieran la jerarquía lingüística o cultural necesaria para ser admitidos en los textos constitucionales que tanto les deben.
(Continuará)

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