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Archive for 31 agosto 2010

Hoy se dio a conocer la muerte de Franklin Brito, como consecuencia de la última de las muchas huelgas de hambre que realizó para reivindicar la propiedad de su pequeño fundo en el estado Bolívar. El caso de este pequeño productor agropecuario se prolongó durante varios años, en los cuales se produjeron marchas y contramarchas de diversos organismos del Estado, intentos de negociación que parecían a punto de culminar para fracasar a último momento, y una cobertura mediática polarizada, como todos los temas sensibles en la Venezuela de hoy. No contamos con suficiente información para poder explicar claramente toda la madeja de errores, malos entendidos, confusión voluntaria e involuntaria que culminó en esta muerte; pero se imponen dos reflexiones: la primera es el asombro ante la insensibilidad, pero también la gran torpeza política, del gobierno. ¿Era  tan difícil  satisfacer las demandas de Franklin Brito, que después de todo, eran más simbólicas y formales que materiales y costosas? ¿Valía la pena dejar morir a un hombre por no concederle unas demandas elementales, de mínimo costo para el gobierno, y que se habrían traducido en un inmediato olvido del “caso” por la opinión pública?

La segunda tiene más que ver con el tema de la organización social: ¿Quién apoyó a Franklin Brito? Ciertamente, muchos medios de comunicación, partidos opositores y ciudadanos comunes siguieron con atención y apoyaron las acciones cada vez más desesperadas de Brito para tratar de ser oído; pero ¿Dónde estaban las organizaciones de sus pares, los pequeños y medianos productores rurales? En la práctica, estaban ausentes, y esto porque la sociedad civil en el campo agropecuario refleja en gran parte  lo que ocurre en el país. Por una parte, la Federación Campesina de Venezuela, que en principio representa a los trabajadores y pequeños productores del campo, fue siempre una organización colonizada por los partidos políticos; durante muchos años por Acción Democrática, y hoy por el oficialismo. La Confederación  Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, que agrupa a productores medianos, aunque siguió el caso en sus publicaciones, nunca se pronunció formalmente. Esta Federación, aunque no es controlada directamente por el gobierno, mantiene una extremada prudencia frente a él, dada su dependencia de las políticas agrícolas estatales. En síntesis, no hubo un respaldo organizado de los gremios que, en principio, debieron poner todo su peso organizativo y de presión tras las denuncias y reivindicaciones de Franklin Brito;  la debilidad de este  sector de la sociedad civil también contribuyó, en algún grado, a su muerte.

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En la página sociedad civil de Facebook (http://www.facebook.com/pages/Sociedad-Civil/#!/pages/Sociedad-Civil/113999225282333?ref=ts) hemos encontrado un enlace a una noticia proveniente de Nicaragua, en la que se puede constatar la gran coincidencia entre gobiernos autoritarios cuando se trata de hostigar y desprestigiar a la sociedad civil. El viceministro de relaciones exteriores para la cooperación externa de ese país se presentó sin ser invitado en una reunión entre organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y representantes de varios países europeos para tratar acerca de las posibles donaciones de esos países. La mayoría de las organizaciones se retiraron de la reunión, por considerar que esta irrupción era una forma de presionar y amedrentar a la sociedad civil.

La noticia con sus detalles puede encontrarse en:

http://www.confidencial.com.ni/articulo/1657/gobierno-presiona-a-cooperantes-del-fondo-comun

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A pesar de los intentos de delimitar y precisar el ámbito de la sociedad civil y las características que definen a una organización como perteneciente a ese ámbito, no es posible establecer fronteras perfectamente definidas entre la sociedad civil y otras esferas de la vida social. Por eso, todo intento de describir o clasificar a la sociedad civil en un país debe ser considerado como una aproximación, más que como una medición exacta.

El Centro de Investigaciones Sociales CISOR (www.cisor.org.ve) emprendió hace varios años la enorme tarea de hacer un censo de las organizaciones de la sociedad civil que actúan en Venezuela (o, en los términos usados por CISOR, “Asociaciones y organizaciones privadas sin fines de lucro”). Esa tarea ha ido avanzando en medio de grandes limitaciones de recursos, por lo cual hoy sólo podemos contar con los datos recogidos hasta el año 2002, que se muestran en el cuadro siguiente. A pesar de esta limitación, los datos permiten constatar que la sociedad civil es una realidad en Venezuela, independientemente de las debilidades o insuficiencias que ella tenga; y que es un aspecto de la realidad venezolana que no puede ser ignorado, a riesgo de hacerse una imagen deformada e incompleta de esa realidad.

Los criterios de inclusión y clasificación pueden ser, por supuesto, discutibles. De acuerdo con la definición dada en la entrega anterior de este blog, los partidos políticos no deberían estar incluidos en el ámbito de la sociedad civil. Sin embargo, en la clasificación de CISOR sí se incluyen, porque en ella se parte de otros criterios teóricos según los cuales es legítimo incluirlos.  Pero más allá de esas posibles divergencias, el cuadro es un punto de partida de gran riqueza para investigar y profundizar en la realidad de la sociedad civil venezolana.

Asociaciones y organizaciones privadas sin fines de lucro en Venezuela a inicios del año 2002 según la base de datos de CISOR
Total Nota
Cultura 3383
Beneficencia, filantropía 874
Cooperativas 2154 a
Deportes y recreación, clubes 1045
Educación 1026 b
Condición física, género, familia 2048
Hábitat, ambiente, vivienda, transporte 1758
Asociaciones y cámaras empresariales 1021
Previsión social y cajas de ahorro 431
Organizaciones campesinas 1805 c
Desarrollo social y comunitario 440
Políticas 742 d
Comunicación y opinión 592 e
Iglesia y religión 2558 f
Salud 631
Vecinales 3160
Consumidores y usuarios 3012 g
Sindicales y gremiales 4486
Científicas y profesionales 639
Desarrollo regional 208
TOTALES 32013
Notas
a.-Cooperativas: todas las registradas en la antigua ley (mil aproximadamente) y unas pocas de la nueva ley
b.-Educación: planteles sin fines de lucro (por ejemplo los de AVEC,Asociación Venezolana de Educación Católica, más de 700); más las organizaciones de fomento y apoyo educativo;
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes registra en el país más de 20 mil planteles
c.-Las organizaciones campesinas registradas son principalmente aquellas afiliadas a la Federación Campesina de Venezuela
d.-Partidos y demás grupos políticos que en algún momento tuvieron alguna actividad
e.-Se incluyen algunos medios privados
f.-De la iglesia católica : más de mil parroquias (en cada una hay al menos una asociación de carácter
religioso: cofradía, legión, etc.); no se incluyen congregaciones y casas religiosas cuyas obras y
servicios figuran en otras categorías. Se incluyen las iglesias y cultos no católicos (estos últimos no completos).
g.-Incluyen centros de estudiantes y asociaciones de padres y representantes (estas últimas deben ser más numerosas, considerando el número de planteles en el país).

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El concepto de sociedad civil, como muchos de uso cotidiano, está sujeto a diversas interpretaciones; se le puede ver, desde el punto de vista de la filosofía política, como uno de los componentes normativos de la “buena sociedad” o del “buen gobierno”, y en este sentido es una especie de ideal al que la realidad empírica se aproxima más o menos (generalmente, menos que más). Pero, desde el punto de vista de la sociología y de la ciencia política, puede ser considerado como una categoría de objetos (y sujetos) sociales empíricamente observables, caracterizados por ser organizaciones con características específicas que los distinguen de otras organizaciones de las sociedades modernas, como las empresas, los partidos políticos, los gobiernos y los Estados. Aunque el debate sobre lo que serían estas características sigue y seguirá abierto, porque la sociedad civil va cambiando junto con todas las estructuras sociales, hay algunos consensos mínimos acerca de lo que distingue a las organizaciones de la sociedad civil de otros tipos de organizaciones. En forma muy sintética y quizás simplificando en exceso, pueden mencionarse las siguientes:

1- La sociedad civil moderna se diferencia de los “segmentos” que componen a las sociedades premodernas, porque consiste en conjuntos ampliamente diversos de asociaciones voluntarias, constituidas por individuos libres, y garantizadas por un moderno Estado de Derecho. Esta distinción es importante para evitar una asimilación entre organizaciones de la sociedad civil y “comunidades” de adscripción.

2- La sociedad civil no es lo mismo que “la sociedad” ni que “el conjunto de la población” ni “todo lo que no es el Estado”. Es un conjunto de organizaciones que actúan en la esfera de lo público, pero no con el fin de acumular capital (como las empresas) o controlar directamente el poder del Estado (como los partidos políticos), sino el de expresar necesidades, intereses, puntos de vista, identidades diversas y dispersas que no caben en los marcos unificadores de la racionalidad económica o de la igualdad abstracta de los ciudadanos individuales.

3- En tercer lugar, la sociedad civil depende de condiciones contextuales específicas, como la existencia de un mercado, de una noción moderna de individuo separado de sus adscripciones primarias, de un marco jurídico al menos liberal, y preferiblemente liberal-democrático. Estas son precondiciones necesarias pero no suficientes, puesto que la formación de los actores que en su conjunto constituyen la sociedad civil estará sometida a coyunturas históricas específicas. En este sentido, la sociedad civil sería, no sólo un “lugar” social, sino un espacio de construcción de la sociedad por ella misma. Sin negar el rol del Estado ni el de la política, ella aportaría una de las dimensiones constituyentes de la modernidad: la autonomía de los sujetos, no solamente como individuos que intercambian bienes y servicios en los mercados, ni como ciudadanos en el espacio político, ni como sujetos de un Estado, sino en la densidad de su multiplicidad de roles sociales.

4- Para que pueda existir y desarrollarse una sociedad civil, el Estado debe saber limitar su poder: en una sociedad donde el Estado pretenda ser el agente único de las decisiones, no puede existir sociedad civil. A la autolimitación del Estado corresponde la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil. Esta autonomía no significa aislamiento, puesto que la sociedad civil  está en contacto permanente con la política y el Estado. Lo que significa es diferenciación clara de los actores de uno y otro ámbito, y de sus formas de acción.

5- Finalmente, la sociedad civil forma parte del “imaginario constitutivo” de las sociedades modernas, que necesitan creerse compuestas por sujetos activos y no simplemente por individuos determinados por la necesidad, representada en lo moderno por el mercado.  La idea de sociedad civil es uno de estos imaginarios constitutivos, así como la idea de Estado supone (aunque este supuesto nunca se realice plenamente en la práctica) que existe un ente que representa a toda la sociedad y puede actuar en su nombre. Esto explica por qué no existe contradicción entre el individualismo jurídico y económico de la sociedad moderna y la idea de sociedad civil. La acción colectiva se produce a través de la libre voluntad; y la voluntad colectiva es producto de un proceso de asociación y deliberación entre individuos libres.

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Hemos descrito en entregas anteriores los ataques desde el poder legislativo y judicial contra la sociedad civil, pero falta el más importante, porque es el origen de los otros dos: los ataques verbales del presidente Chávez, que sirven como señal orientadora para que los otros poderes activen sus mecanismos de persecución. El 15 de febrero de 2004, en el programa “Aló Presidente”, Chávez se refirió al financiamiento recibido por el  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su siglas en inglés), organismo relacionado con varias ONGs venezolanas de derechos humanos. Entre otras cosas, Chávez afirmó:

“Esto se lo dan a un Centro llamado Por la Justicia y Derecho Internacional, es el beneficiario, vamos a ver quienes son estos, ¿quiénes serán estos chico? ¿son venezolanos estos, seguro? El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, aquí aparece una firma de Viviana Krstisevic, lo que no estoy seguro si este es un centro venezolano, vamos a ver aquí tiene que decir, aquí dice, vamos a ver, beneficiario: Center for Justice and International Law.”  […] “Vean ustedes como utilizan la figura hermosa de los derechos humanos, primero para cogerse unos reales porque seguramente algunos se quedan en los bolsillos de más de uno, y por otra parte para atentar contra un gobierno legítimamente constituido. Bueno, vamos a investigar también, ah pero aquí están, miren, no aquí están las instituciones, vamos a ver qué dice aquí, el Centro este de Derechos Humanos empleará un abogado para preparar y avanzar los casos relacionados con Venezuela ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, aquí está la plata, ya lo hemos descubierto hoy yo, al menos yo, no tengo duda ya de dónde saca tanta plata esta gente para viajar a Washington, para viajar a Madrid, a pagar abogados, para acusarme a mí de que yo estoy violando aquí los derechos internacionales, los derechos humanos y bueno, y que estoy bueno, inmerso o incurso en un delito de lesa o delitos de lesa humanidad, pidiendo que me enjuicien en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, el tirano Chávez, pues, ahora sí se, ahora estamos sabiendo de dónde sale la plata, del gobierno de los Estados Unidos, vale. […] Citando el proyecto de CEJIL: ” ‘En este caso, el Centro continuará su colaboración con un diverso espectro de organizaciones venezolanas que promueven los derechos humanos, incluyendo a Cofavic, esa es una; Cofavic, nombre y apellidos, Provea. Cofavic, Provea, otra que se llama Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, la iglesia.” Vean ustedes, Vicaría Episcopal de Caracas, Vicariato Apostólico de Machiques y Humanidad vigente, corporación jurídica. Bueno, aquí entonces dice, habla de entrenamiento, entrenan gente aquí y diseminación de información. O sea, los enseñan pues, todo esto, aquel señor que se plantó una vez frente al Tribunal Supremo en huelga de hambre, un señor, todo eso los entrenan, ellos no son sino actores de un reparto macabro, de una gran conspiración contra Venezuela, y después los llevan a Londres, perdón a España y los ponen a hablar ante un juez español, todo esto lo financia o no sé si todo, al menos una parte, por aquí por esta vía. Bueno, imagínense ustedes, 83 mil dólares.”

Fuente: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_133.htm#07

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Cuando la sentencia  796 de la Sala Constitucional del TSJ asume que, por recibir fondos de un Estado extranjero, Súmate se convierte automáticamente en un agente de ese Estado, está acusando, sin proponérselo, al propio Estado venezolano, que ha financiado y sigue financiando organizaciones en todo el mundo. Generalmente, ellas son definidas como “grupos de solidaridad con Venezuela”, por lo cual no tendrían incidencia en la política interna, pero se han producido denuncias en varios países sobre la injerencia de esos grupos en campañas y otras actividades políticas.

Esta paradoja fue subrayada por el coordinador de Provea, Marino Alvarado, al recordar la situación de los activistas de las “Casas del Alba” en Perú:

“Alvarado defendió la legalidad de la cooperación internacional, alegando que la misma es parte de las relaciones entre los Estados y recordó que Venezuela destina grandes sumas de dinero a apoyar a movimientos estadounidenses, ecuatorianos y peruanos.

‘El Gobierno venezolano cuestionó que se procesara a los activistas peruanos que pusieron en funcionamiento las Casas del ALBA con recursos suyos, entonces por qué aquí defiende lo contrario’, se preguntó el vocero de Provea, quien indicó que los fondos que reciben del exterior las agrupaciones de derechos humanos les permite mantener su autonomía frente a un Estado con el que interactúan o se confrontan permanentemente.”

Reportaje: “Estado también se beneficia de fondos que reciben ONG”, en: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=5587

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El 16 de julio de 2010, la página oficialista abrebrecha.com publicó una entrevista con un diputado a la Asamblea Nacional, en la cual se expone con una claridad casi ingenua la convergencia entre la estrategia legislativa y la judicial para el control y sometimiento de la sociedad civil. Por su importancia, transcribimos la nota completa:

“Yenderth Alcalá. Caracas (Especial).-El asambleísta Pedro Infante anunció que ante el plan conspirativo de organizaciones no gubernamentales como el Opus Dei y la Fundación Konrad Adenauer, que están financiando a la jerarquía eclesiástica y partidos políticos de la oposición con la intención de derrocar al presidente Hugo Chávez, es necesario que desde la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional se promueva la segunda discusión del Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.

Infante aseguró que con la aprobación de esta ley venezolana se buscaría neutralizar y detener “la abierta y grosera” injerencia internacional en los asuntos internos del país, dirigida a consolidar planes desestabilizadores para crear zozobra y poner en tela de juicio los 11 años de revolución que bien ha sabido liderar el Jefe de Estado.

“El objetivo es penalizar con el delito de traición a la patria a todos aquellos que reciban financiamiento o donaciones de gobiernos extranjeros para subvertir el orden institucional”, sentenció el diputado Infante.

Argumentó que muestra de esto queda evidenciado en el Observatorio Venezolano de Prisiones, dirigido por Humberto Prado, quien anualmente recibe grandes sumas de dinero en Euros por parte de la Comisión Europea, así como las recientes denuncias ante la Fiscalía por parte del Movimiento Periodismo Necesario sobre el financiamiento dirigido a periodistas y medios de comunicación privado para generar el caos.”

http://www.abrebrecha.com/79530_Ley-de-Cooperaci%C3%B3n-Internacional–acabar%C3%ADa-con-injerencia-extranjera.html

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