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Archive for 19 septiembre 2010

En la entrada anterior comentábamos nuestra extrañeza por la ausencia, en la página web de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, de su documento original  sobre el financiamiento internacional de las organizaciones sociales. Afortunadamente ya esta omisión fue corregida y el documento en su totalidad puede verse en:

http://bit.ly/b4yG0u

Como era fácil de imaginar, el documento original es mucho más rico y matizado que las dos versiones cortadas y sesgadas del mismo, y es una contribución muy valiosa al debate de fondo sobre el tema.

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El comunicado de la Red de Apoyo en el que toma posición sobre el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a recibir fondos del extranjero fue recogido por los medios de comunicación el 15 de septiembre de 2010. En forma algo sorprendente, no podemos conocer directamente el texto original del comunicado porque el mismo no ha sido publicado (cuatro días después de su emisión) en la página web de la organización (http://www.redapoyo.org.ve). Ello permitió a los medios del gobierno y de la oposición enfatizar los aspectos del texto que más coincidían con su propia visión, lo que muestra los peligros de la polarización en nuestros espacios públicos: quien no haya leído sino una de las dos versiones del documento tendrá una visión radicalmente distinta de quien haya leído la otra versión; por eso a continuación copiamos ambas, para que el lector pueda deducir parcialmente el sentido completo y verdadero de la posición de la Red de Apoyo, mientras seguimos a la espera de la publicación de su versión oficial.

La versión de la agencia oficial de noticias:

ONG reconoce que es deber del Estado tomar medidas para regular financiamiento externo

Caracas, 15 Sep. AVN .- La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz reconoció que el “Estado puede tomar medidas a fin de evitar intervenciones indebidas en los asuntos internos del país”, al referirse al financiamiento extranjero que reciben algunas Organización No Gubernamental (ONG) de derecha.

Así lo manifestó esta ONG a través de un comunicado que este miércoles publica el diario opositor El Universal.

No obstante, la misiva reseña que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz aboga por el derecho de las ONG Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) a recibir recursos del exterior siempre y cuando sean destinados “para fines lícitos, transparentes y pacíficos”, al tiempo que se opone a la investigación que adelanta en esa materia el Gobierno Nacional.

Organizaciones venezolanas como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) son las principales beneficiarias del financiamiento que el Departamento de Estado estadounidense canaliza a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), así lo dio a conocer en julio de este año la abogada Eva Golinger.

De acuerdo con la denuncia presentada por Golinger, el Departamento de Estado ha dado un financiamiento de 4 millones de dólares al Ipys y a la ONG Espacio Público. Ese financiamiento, oficialmente otorgado para la formación de comunicadores sociales, tendría por objetivo real llevar a cabo una campaña de desestabilización en este año electoral.

Recibir financiamiento internacional para actividades de política interna supone una transgresión al artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que “los sistemas democráticos se apoyan en la participación de sus ciudadanos y de las organizaciones políticas que los aglutinan para participar en el sistema político y, así, articular la actuación pública en favor de los miembros de la sociedad nacional y no de agentes externos que pudieran intervenir en la vida política de un Estado, lesionando el derecho de la Nación a su autodeterminación, su independencia y soberanía”.

12:13 15/09/2010

La versión de un diario opositor:

Defienden derecho de ONG a buscar fondos en exterior […]

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL miércoles 15 de septiembre de 2010  12:00 AM

Las organizaciones civiles tienen derecho a buscar y recibir financiamiento del exterior para cumplir sus objetivos, siempre y cuando los mismos sean “para fines lícitos, transparentes y pacíficos”.

La afirmación la hizo la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la cual se sumó al coro de voces que se han alzado contra los procesos abiertos contra Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y a la campaña de desprestigio que contra sus directivos se ha lanzado desde medios estatales, debido a los recursos que ambas instancias recibieron fondos desde el extranjero para llevar adelante sus programas.

En un comunicado, la agrupación reconoció que el Estado puede tomar medidas para “evitar intervenciones indebidas en los asuntos internos del país”. Sin embargo, aclaró que las mismas “no deben desembocar en la anulación de la cooperación internacional, que siempre será ideológicamente diversa, como diversas son las organizaciones”.

La agrupación tildó de “saludable para la democracia” que se debata sobre el financiamiento que obtienen las organizaciones no gubernamentales allende las fronteras, pero demandó de los organismos públicos lo mismo y le recordó a las autoridades que los obs- táculos que han puesto al acceso a la información dificultan “la posibilidad del ejercicio de la contraloría social y de la democracia participativa”.

La Red demandó de la nueva Asamblea Nacional que convoque una “mesa plural” para aprobar una Ley de Cooperación Internacional que “contemple criterios justos, equilibrados y transparentes”.

El comunicado de la Red se emite una semana después de que 100 organizaciones civiles fijaran posición sobre las amenazas que se ciernen sobre ellas y el cual no suscribió. […]

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La Red de Apoyo por la Justicia y Paz es una organización de defensa de los derechos humanos con larga trayectoria en el país. Esta organización difiere, en cierta medida, de otras del mismo campo en que ha decidido dar prioridad explícita a los derechos de los sectores populares, y tiende a identificarse con las posiciones globalmente calificables como “izquierda”. Sin embargo, no se le puede acusar de ser complaciente con el gobierno actual por compartir esta ideología de izquierda; por el contrario, ha hecho y sigue haciendo denuncias serias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios gubernamentales, aunque igualmente ha denunciado dichas violaciones cuando han sido cometidas por miembros de la oposición. Y al mismo tiempo, ha colaborado en los programas de formación de funcionarios en el tema de los derechos humanos. Quizás por querer mantener esta equidistancia entre gobierno y oposición, la Red no se sumó al pronunciamiento de la mayoría de las organizaciones que  defendía su derecho a recibir fondos del extranjero. Aunque la Red también ha recibido fondos de numerosas fuentes extranjeras (evitando recibirlos de fuentes ligadas al gobierno de los EEUU) prefirió expresar su opinión en un comunicado propio, en el que coincide en términos generales con las otras organizaciones, aunque cree necesario enfatizar que dicho financiamiento es legítimo  “siempre y cuando los mismos sean para fines lícitos, transparentes y pacíficos”. Aunque debería ser obvio que las organizaciones de la sociedad civil, por definición, se dedican a ese tipo de fines, la advertencia tiende a dar cierta credibilidad a las acusaciones del gobierno sobre el carácter “subversivo” o “golpista” de algunas organizaciones. En la siguiente entrada veremos cómo fue interpretada esta toma de posición de la Red de Apoyo por  medios de comunicación oficialistas y opositores.

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Liliana Ortega (COFAVIC), Feliciano Reyna (SINERGIA) Rafael Uzcátegui (PROVEA)

Por una significativa coincidencia, en los últimos días se han presentado a la opinión pública nacional e internacional dos documentos con el título de “Pronunciamiento”. Esta palabra tiene connotaciones de activismo, de preparación y sobre todo de advertencia a quienes va dirigido, anunciando que se está dispuesto a respaldar las palabras con acciones. Y tan contundente es, que en España hubo a lo largo de los años tantos “pronunciamientos” militares que la palabra perdió su apellido para convertirse en sinónimo de alzamiento militar. Sin embargo, no estamos hablando de ese tipo de pronunciamiento, sino de los que provisionalmente se limitan a las palabras, pero anuncian su disposición a ir más allá de ellas.

El “Pronunciamiento de organizaciones de sociedad civil venezolanas”, firmado por 111 organizaciones y seis redes de diversos campos de acción,  puede ser leído en su totalidad en la excelente página “entrelaces”:  http://www.entrelaces.org/noticias.php?accion=3&noticia=1975.

Sin repetir su contenido, podemos destacar que el documento defiende la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil y su derecho a recibir fondos de donantes nacionales e internacionales sin que ello implique complacencia hacia los donantes ni identificación con sus orientaciones políticas; asimismo  expresan su “más enérgico rechazo a las campañas de desprestigio y descalificación contra nuestra labor, así como a cualquier práctica o sentencia que impida o restrinja nuestro derecho a promover y defender los derechos humanos.” Pero también solicitan al poder público “Abrir canales de comunicación e interlocución con las organizaciones de sociedad civil para la búsqueda conjunta de caminos que hagan realidad la plena vigencia de los derechos humanos y el ejercicio de las libertades democráticas en Venezuela.” De esta forma, combinan la defensa frontal de su autonomía con la oferta de diálogo, a pesar de los innumerables ataques que vienen sufriendo muchas organizaciones por parte del gobierno.

El segundo documento, titulado “Pronunciamiento de la Central de Trabajadores de Cuba” no podía ofrecer un contraste mayor con el primero. Publicado en los principales medios de comunicación cubanos, (por ejemplo: http://www.granma.cu/espanol/cuba/13-septiembre-pronunciamiento.html) expresa formalmente la posición de los representantes de los trabajadores cubanos frente a las reformas económicas que se están poniendo en práctica en ese país. Sin embargo, más parece una copia casi literal de los discursos del presidente Raúl Castro al referirse al mismo tema. La idea del sindicato como expresión de intereses específicos de los trabajadores se disuelve en la necesidad de cumplir con los objetivos planteados por el gobierno, aun si ello implica el despido del 10% de la fuerza laboral de la isla. Se convierte así la CTC, no sólo en seguidora y repetidora sumisa de la línea oficial, sino en agente activo de la zafra de empleos.

Así, la CTC anuncia (y nadie duda de su disposición a cumplir su palabra) que:

“El éxito del proceso que ahora se inicia dependerá del aseguramiento político que desde el movimiento sindical y bajo la dirección del Partido los dirigentes sindicales demos previamente a las acciones que se deben emprender, y del consenso social que alcancemos sobre la pertinencia económica y política de este paso. Estas medidas de disponibilidad laboral buscan la identificación de las plazas que no resultan indispensables y la reubicación en otro puesto de trabajo donde sea necesario y posible o la reorientación laboral de los trabajadores que las ocupan.”

Bajo el manto del enrevesado lenguaje burocrático, los trabajadores entenderán que el sindicato le hará el favor al Estado-patrono de identificar a los empleados sobrantes, aliviándole así de la penosa responsabilidad por esta política “salvaje” de despidos masivos que debe estar cumplida  para el primer trimestre de 2011. Pero ¿acaso este adelgazamiento del aparato estatal se traducirá en mejoras salariales para los trabajadores que quedan? ¿Exigirán sus “representantes” algún tipo de compensación para los afectados? Veamos qué dice la Central:

“Todo este proceso se efectuará sobre bases y normas nuevas y se modificará el actual tratamiento laboral y salarial para los disponibles e interruptos, [sí, dice “interruptos”] pues ya no será posible aplicar la fórmula de proteger o subsidiar salarialmente de forma indefinida a los trabajadores.” […]

Un asunto de singular importancia lo constituye el salario. Hay que revitalizar el principio de distribución socialista, de pagar a cada cual según la cantidad y calidad del trabajo aportado. Los sistemas de pago por resultado, aplicados en centros con plantillas mejor ajustadas, continuarán siendo la vía para elevar la productividad y como consecuencia de ello, el ingreso de los trabajadores.”

El sindicato respalda así la reafirmación de la productividad laboral, al más puro estilo capitalista, como criterio para la remuneración, dejando para quién sabe qué tiempo la forja del “hombre nuevo” que respondería a incentivos morales.

En síntesis, el “Pronunciamiento” de la CTC es la mejor muestra de lo que ocurre cuando se permite que el Estado sustituya a la sociedad civil diversa, autónoma y en ejercicio de sus derechos ciudadanos por una pseudo-sociedad civil que esconde, bajo las formas legitimadas por el tiempo, los tentáculos del poder totalitario.

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“No somos políticos”

Cemex: en huelga de hambre pero rojos rojitos

Es común oír de los apologistas del “proceso” venezolano que una de sus grandes virtudes ha sido la revalorización de la política. Según esta versión, los ciudadanos de la mal llamada “cuarta república” se habían apartado con asco de la política y de los políticos por su alto grado de corrupción y su incapacidad para resolver los problemas económicos y sociales. El régimen chavista, por el contrario, al crear instituciones participativas y movilizar a las masas para reivindicar sus derechos, habría producido una re-politización de las masas, quienes ahora se movilizan para reivindicar sus derechos, alentadas por una vanguardia que les repite una y otra vez que todo es política, que hasta las más inocentes prácticas cotidianas son vehículos de ideología, sea como perversos instrumentos del capitalismo y la burguesía, sea como semillas del luminoso futuro socialista.

Sin embargo, en las situaciones reales de conflicto y reivindicación que se observan cotidianamente, pareciera que el “ser político”, o que las demandas tengan un contenido político, es algo que deba negarse a priori, como si la sola asociación de una lucha social con un contenido político fuera un disolvente capaz de descalificar sin apelación esa lucha. Para evitar ese riesgo, se han forjado dos frases que operan como contraseña de las “buenas intenciones” de quien reclama: “no somos políticos” y “estamos con el proceso”.

Así, un ex-trabajador de CEMEX que reclama el pago de deudas laborales afirma que asistirían a una reunión conciliatoria “… creyendo en el diálogo y para dar a conocer que los ex trabajadores no tenemos tinte político. Es un derecho que nosotros tenemos y llamamos es a la unión” (Globovisión, 04/09/2010).

En junio de 2009, los atletas que se quejaban del cierre del comedor del estadio en el que entrenaban creyeron necesario aclarar: “Estamos con el proceso y lo defendemos en todo momento, pero para llevar eso a la práctica necesitamos buena alimentación. Decimos esto para que se corrijan las fallas y no porque estemos en contra” (El Nacional, 21-6-2009). Semejantes argumentos usan los transportistas en huelga en el estado Vargas (El Nacional, 4-4-2009); los trabajadores de protección civil de la Alcaldía Metropolitana (El Nacional, 14-5-2009); los trabajadores de las empresas Polar en Lara (El Nacional, 23-5-2009); los buhoneros de Catia (El Universal, 11-12-2009); los trabajadores despedidos por el alcalde del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara (El Universal, 12-4-2009); e innumerables casos más en todo el país.

Parece entonces que, si un grupo de ciudadanos que protesta quiere tener la más leve esperanza de ser atendido en sus reivindicaciones, debe presentar una especie de constancia de virginidad política, de inocencia ideológica y de castidad frente a la tentación de “politizar” un problema que es “puramente reivindicativo”. Pero esta aparente despolitización no es más que un mecanismo de defensa frente a una vieja estrategia de los regímenes poco democráticos: al acusar al demandante de tener una motivación “política”, se pretende desvalorizar e incluso negar cualquier sustancia a la demanda, y se hace más fácil rechazarla o simplemente no atenderla. Lo paradójico es que quien recurre a este viejo truco es un régimen que se jacta de haber revalorizado la política y estimulado el debate político en Venezuela.

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El monarca que llevamos dentro

Más allá del debate sobre la asignación de responsabilidades o culpas, la muerte de Franklin Brito se resiste a ser desplazada del espacio público, donde pareciera haber dejado una marca duradera. Porque es al mismo tiempo un hecho sin precedentes y la reafirmación de uno de nuestros más antiguos rasgos culturales. Un hecho sin precedentes, porque quien haya vivido algunas décadas en Venezuela recordará innumerables “huelgas de hambre” inauténticas, hechas para llamar atención de los medios o para promover dudosos liderazgos, pero de las que todo el mundo sabía que los “huelguistas” no tenían realmente la intención de arriesgar su vida y se aferraban de cualquier excusa para suspender su protesta. Franklin Brito se convierte así el primero entre varios centenares en tomarse en serio, hasta sus últimas consecuencias, el compromiso público de poner su propia vida como garantía de su reivindicación. Pero al mismo tiempo la lucha de Brito y su trágico fin reafirman la ilimitada fe de nuestra cultura en la intervención “in extremis” del Soberano para rectificar una injusticia, para reconocer al virtuoso y castigar a los malvados; no ese “soberano” simbólico que llaman pueblo, sino el Rey, que como buen padre de sus súbditos no sólo vela sobre ellos, sino es además la última instancia de la justicia, quien, iluminado por su especial relación con la divinidad, sabrá discernir entre los justos y los pecadores. Es sabido que Franklin Brito esperó hasta el final la intervención personal del presidente Chávez, a quien admiraba y respetaba, para desatar, con una palabra, la madeja de nudos y enredos en que se había convertido su caso. El que esta esperanza haya resultado frustrada es, en sí mismo, un tema para la reflexión. Pero más allá de esto, lo esencial es que la esperanza en la intervención providencial de ese “Deus Ex Machina” que es el presidente de la república no fue ningún rasgo excepcional de la personalidad de Franklin Brito, sino uno compartido, desde hace mucho tiempo y todavía en la actualidad, por muchos venezolanos. La avalancha de “papelitos”, y ahora de tweets lanzados hacia el presidente con la ilusión de captar un minuto de su atención, aunque no es un fenómeno nuevo, se ha intensificado en la medida en que estos diez años llevaron a cabo una brutal reconcentración del poder: si antes un alcalde o un gobernador podía desempeñar, en forma un poco más prosaica y gris, este papel providencial, el manto de la omnipotencia ha vuelto a posarse sobre los hombros del monarca; pero ese manto, como lo demostró Franklin Brito, también puede ser el de la indiferencia y la incapacidad.

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Los más recientes ataques desde el partido de gobierno, auspiciados por la  sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que amenaza a las OSC que reciban recursos del extranjero, están comenzando a producir una respuesta organizada. Desde hace algunos días ha comenzado a circular una declaración auspiciada por numerosas organizaciones. El documento denuncia que la campaña más reciente de ataques “…se inscribe en un patrón documentado de hostigamiento contra las organizaciones de los más diversos sectores de sociedad civil, en particular contra las de derechos humanos, de desarrollo social, del mundo de la cultura y del sector sindical. Este hostigamiento se caracteriza por la descalificación moral y pública ejercida desde los medios gubernamentales, que luego es seguida por la apertura de procesos judiciales, la intimidación mediante amenazas públicas e incluso la privación de libertad.”

Dado que el documento todavía está circulando entre las organizaciones y puede sufrir cambios antes de su publicación, sólo divulgamos estos extractos, pero en los próximos días lo haremos conocer en su totalidad en su versión definitiva.


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