Un solo texto, dos versiones sesgadas

El comunicado de la Red de Apoyo en el que toma posición sobre el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a recibir fondos del extranjero fue recogido por los medios de comunicación el 15 de septiembre de 2010. En forma algo sorprendente, no podemos conocer directamente el texto original del comunicado porque el mismo no ha sido publicado (cuatro días después de su emisión) en la página web de la organización (http://www.redapoyo.org.ve). Ello permitió a los medios del gobierno y de la oposición enfatizar los aspectos del texto que más coincidían con su propia visión, lo que muestra los peligros de la polarización en nuestros espacios públicos: quien no haya leído sino una de las dos versiones del documento tendrá una visión radicalmente distinta de quien haya leído la otra versión; por eso a continuación copiamos ambas, para que el lector pueda deducir parcialmente el sentido completo y verdadero de la posición de la Red de Apoyo, mientras seguimos a la espera de la publicación de su versión oficial.

La versión de la agencia oficial de noticias:

ONG reconoce que es deber del Estado tomar medidas para regular financiamiento externo

Caracas, 15 Sep. AVN .- La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz reconoció que el «Estado puede tomar medidas a fin de evitar intervenciones indebidas en los asuntos internos del país», al referirse al financiamiento extranjero que reciben algunas Organización No Gubernamental (ONG) de derecha.

Así lo manifestó esta ONG a través de un comunicado que este miércoles publica el diario opositor El Universal.

No obstante, la misiva reseña que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz aboga por el derecho de las ONG Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) a recibir recursos del exterior siempre y cuando sean destinados «para fines lícitos, transparentes y pacíficos», al tiempo que se opone a la investigación que adelanta en esa materia el Gobierno Nacional.

Organizaciones venezolanas como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) son las principales beneficiarias del financiamiento que el Departamento de Estado estadounidense canaliza a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), así lo dio a conocer en julio de este año la abogada Eva Golinger.

De acuerdo con la denuncia presentada por Golinger, el Departamento de Estado ha dado un financiamiento de 4 millones de dólares al Ipys y a la ONG Espacio Público. Ese financiamiento, oficialmente otorgado para la formación de comunicadores sociales, tendría por objetivo real llevar a cabo una campaña de desestabilización en este año electoral.

Recibir financiamiento internacional para actividades de política interna supone una transgresión al artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que «los sistemas democráticos se apoyan en la participación de sus ciudadanos y de las organizaciones políticas que los aglutinan para participar en el sistema político y, así, articular la actuación pública en favor de los miembros de la sociedad nacional y no de agentes externos que pudieran intervenir en la vida política de un Estado, lesionando el derecho de la Nación a su autodeterminación, su independencia y soberanía».

12:13 15/09/2010

La versión de un diario opositor:

Defienden derecho de ONG a buscar fondos en exterior […]

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL miércoles 15 de septiembre de 2010  12:00 AM

Las organizaciones civiles tienen derecho a buscar y recibir financiamiento del exterior para cumplir sus objetivos, siempre y cuando los mismos sean «para fines lícitos, transparentes y pacíficos».

La afirmación la hizo la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la cual se sumó al coro de voces que se han alzado contra los procesos abiertos contra Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y a la campaña de desprestigio que contra sus directivos se ha lanzado desde medios estatales, debido a los recursos que ambas instancias recibieron fondos desde el extranjero para llevar adelante sus programas.

En un comunicado, la agrupación reconoció que el Estado puede tomar medidas para «evitar intervenciones indebidas en los asuntos internos del país». Sin embargo, aclaró que las mismas «no deben desembocar en la anulación de la cooperación internacional, que siempre será ideológicamente diversa, como diversas son las organizaciones».

La agrupación tildó de «saludable para la democracia» que se debata sobre el financiamiento que obtienen las organizaciones no gubernamentales allende las fronteras, pero demandó de los organismos públicos lo mismo y le recordó a las autoridades que los obs- táculos que han puesto al acceso a la información dificultan «la posibilidad del ejercicio de la contraloría social y de la democracia participativa».

La Red demandó de la nueva Asamblea Nacional que convoque una «mesa plural» para aprobar una Ley de Cooperación Internacional que «contemple criterios justos, equilibrados y transparentes».

El comunicado de la Red se emite una semana después de que 100 organizaciones civiles fijaran posición sobre las amenazas que se ciernen sobre ellas y el cual no suscribió. […]