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Archive for 29 enero 2016

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El autoritarismo electoral chavista está intentando desesperadamente perder su carácter electoral, es decir, convertirse en un autoritarismo pleno. El discurso y la acción del grupo en el poder se han concentrado, desde el mismo 6 de diciembre, en negar la derrota no sólo verbalmente sino en los hechos. Esto significa que, como se hizo en otras oportunidades, se trata de impedir que el voto mayoritario por la oposición tenga consecuencias políticas. Estrategia habitual de los autoritarismos electorales, que promueven y dirigen elecciones con el fin de legitimar su poder, pero tienden a desconocerlas o devaluarlas cuando son derrotados; y el régimen chavista ha dado numerosos ejemplos de ella. La más reciente de las maniobras fue pensada con una visión estratégica desde mediados de 2015: dado que los períodos de ejercicio de muchos magistrados del Tribunal Supremo culminaban en 2016, se presionó a estos para que renunciaran y fueran sustituidos por magistrados todavía más identificados con el régimen, con lo cual se garantizaba un TSJ incondicional al chavismo por muchos años. A pesar de la falta de coordinación y el incumplimiento de muchos requisitos legales, se logró hacer esta designación pocas horas antes de culminar el período constitucional de la Asamblea saliente.

La segunda estrategia ha sido la impugnación de las elecciones en varios circuitos de todo el país;  presentadas y respondidas con asombrosa celeridad, dichas impugnaciones lograron “rebanar” (es un término usado por Luis Salamanca) la mayoría calificada de 2/3, amenazando a la Asamblea con anular todas sus decisiones si no acataba la decisión de desincorporar a 4 diputados opositores. Las impugnaciones han seguido presentándose en el mes de enero, y el Tribunal no se ha pronunciado sobre ellas. Pero lo importante es que ya se logró despojar a la mayoría de la Asamblea Nacional de una parte de los poderes que le transmitieron los votos, no una parte cualquiera sino la que le daba la posibilidad de producir cambios más profundos. Después de la confrontación en la que la oposición se vio obligada a retroceder, el gobierno ha jugado a la ambigüedad, autorizando a veces y otras impidiendo la comparecencia de ministros ante las comisiones legislativas, negociando su participación en el Parlatino y el Parlasur, y evitando ponerse totalmente de espaldas al legislativo. Sin embargo, la amenaza de desconocimiento está allí; su primer ensayo fue el de la Sala Electoral, pero ya Maduro ha anunciado que va a impedir la ejecución de la ley que otorga la propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda. Tanto en ese caso como en el de nuevas medidas cautelares que  pretendan reducir más aún el tamaño de la mayoría opositora, el grupo en el poder cuenta con el TSJ como barrera infranqueable para las iniciativas de la oposición. Al mismo tiempo, se trata de crear o revivir supuestos instrumentos de participación popular como las comunas, el o los parlamentos comunales, el Congreso de la Patria, y sobre todo, insistir en que la actual mayoría es “circunstancial”, mientras que el “Poder Popular” está, por mandato constitucional, por encima de los poderes constituidos.

¿Puede el actual grupo en el poder tener éxito en esta estrategia, que se dirige a estabilizar el régimen sobre nuevas bases?

Aquí es necesario distinguir entre viabilidad económica y política. La obstinación mostrada por el grupo dominante en no cambiar sino profundizar el control autoritario sobre la economía, a pesar de sus resultados catastróficos para la población y la inevitable derrota electoral, parece indicar que ese grupo no ve el bienestar material de la población, en términos de alimentación, salud y seguridad, como una prioridad política, tanto que, enfrentado a predicciones bien fundadas sobre un resultado electoral muy negativo, no hizo el menor intento por cambiar el rumbo. En lugar de políticas públicas dirigidas al bienestar de las mayorías se recurrió al reparto selectivo de bienes entre grupos minoritarios, como taxistas, estudiantes y empleados públicos. Pero, dada la disminuida disponibilidad de recursos, esta distribución “focalizada” no logró (porque no podía hacerlo) compensar el descontento generalizado en los sectores populares y medios que habían sido el soporte electoral del chavismo. Estas actitudes, tanto las pre- como las postelectorales, parecieran indicar que se está buscando un modo de hegemonía política donde lo electoral deje de ser una competencia real por el poder y se convierta en un ritual vacío, cuyos resultados sean irrelevantes para el control del poder. En este tipo de modelo (bien conocido, por lo demás), como no es necesario lograr mayorías reales, basta con asegurarse la lealtad de una parte de la población para que brinde apoyo “espontáneo”, propaganda y colaboración en las actividades represivas del Estado, a cambio de privilegios materiales y políticos (incluyendo la impunidad de la corrupción de alto nivel), mientras el resto de la población es sometida por las pinzas de la escasez y la represión.

Como se ha denunciado innumerables veces, el “fracaso” económico de los socialismos reales fue una, si no la principal, de las bases de su viabilidad política: al lograr concentrar la satisfacción de las necesidades básicas en la buena voluntad del Estado, se logra doblegar la voluntad de los ciudadanos; y cuando esto no es suficiente, se apela al desproporcionado aparato represivo que se confunde con la sociedad a través de sus “patriotas cooperantes”.

Es cierto que muchos de estos regímenes, aunque duraderos, terminaron derrumbándose, pero ello requirió una combinación de factores internos y externos, económicos, políticos y culturales muy particular. Otros, en condiciones económicas mucho peores, como Cuba y Corea del Norte, conservan un rígido control sobre la sociedad y no se atisban en ellos procesos de cambio como los de Europa del Este.

Es evidente que Venezuela se acerca cada día más a las condiciones económicas de penuria y dependencia del Estado que han facilitado la implantación y consolidación de los regímenes totalitarios; las políticas económicas anunciadas se basan en un control o supervisión del Estado sobre toda la vida económica, tal como se ha venido practicando en áreas cada vez mayores, por lo cual son muy pocos los espacios relevantes de autonomía de los actores económicos.

Sin embargo, es en el aspecto político donde se puede percibir la debilidad del proyecto de radicalización económica: no sólo en el campo de lo político-electoral, que ha puesto al régimen a la defensiva, sino en no haber logrado, en 17 años y a pesar de sus grandes esfuerzos, aniquilar totalmente a las organizaciones autónomas que se han resistido a convertirse en engranajes del Estado: partidos políticos, gremios de profesores y estudiantes universitarios, organizaciones de desarrollo social y de defensa de derechos, iglesias y cultos, gremios profesionales, algunos sindicatos (a pesar de su gran debilidad), gremios empresariales, cooperativas y muchos otros.

El carácter híbrido del autoritarismo competitivo impidió que se pudiera liquidar en poco tiempo todas estas expresiones de pluralismo político y social, a diferencia de la práctica habitual de los regímenes leninistas.

En otros tiempos, la distinción entre democracia formal y real bastaba para deslegitimar a la primera como “dictadura de la burguesía” y justificar a la segunda (es decir, la dictadura del proletariado) como la verdadera democracia. Como han mostrado, entre otros, Levitsky y Way, desde la caída del bloque soviético la noción de democracia se hizo más homogénea por el fracaso de sus alternativas, y las luchas progresistas contra las dictaduras de derecha se hicieron cada vez más en nombre de la democracia y no de la revolución. La necesidad de presentar credenciales democráticas como medio para legitimarse ante los organismos internacionales (especialmente los que controlan recursos financieros y programas de ayuda al desarrollo), obliga a presentar al menos una fachada en la cual las elecciones periódicas ocupan un lugar privilegiado; las prácticas autoritarias pueden ser disimuladas siempre que haya una apariencia de normalidad electoral.

En el caso del chavismo se presentaron simultáneamente dos estrategias: si bien se atacó en forma implacable a la democracia representativa y se ensalzó la participativa, el régimen nunca perdía oportunidad de destacar sus victorias electorales, que le daban legitimidad precisamente en términos de representación, mientras ensayaba diferentes formas de participación que debían ser la base de la nueva democracia, que superaría a la representativa y la haría obsoleta.

Mientras se esperaba el resultado de los experimentos de organización, no se descuidó el intento de ocupar los espacios de la sociedad civil con organizaciones paralelas promovidas y financiadas por el Estado, a las cuales se reconocía como representativas de sus sectores sociales en lugar de las autónomas a las que pretendían sustituir. A pesar de estos esfuerzos, no se logró aniquilar totalmente a esas organizaciones (aunque se les debilitó considerablemente) ni legitimar a las paralelas.

El enorme poder económico del  Estado, el control de todas las instituciones y la indudable adhesión mayoritaria a la figura de Chávez permitieron una cadena de victorias electorales que sólo se rompió en 2007 con la derrota en el referendo aprobatorio de la reforma constitucional.

Dicha reforma contenía, especialmente en los artículos propuestos por el presidente, las bases de un modelo alternativo de poder popular que, en sus palabras, “no nace del sufragio ni de elección alguna”. Con Chávez en el cenit de su popularidad y una enorme holgura de recursos, se estuvo cerca de reunir las condiciones ideales para la implantación de la “democracia participativa”, dejando atrás la representativa. Por eso la derrota de la propuesta por un margen mínimo desconcertó a Chávez y le hizo buscar formas indirectas de lograr sus objetivos.

Pero ya la oportunidad irreemplazable había pasado, y en los años siguientes, aunque se trató de concretar las instituciones previstas en el proyecto por medio de leyes y recursos financieros, se había perdido el impulso transformador y se fue imponiendo la complejidad de la gestión de una sociedad plural. Aunque se impulsó la llamada hegemonía comunicacional y se obtuvieron algunas victorias electorales, como la del referéndum que aprobó la reelección ilimitada, los consejos comunales y las comunas no lograron sustituir a las instituciones que los ciudadanos consideraban parte de su cultura cívica (concejos municipales, alcaldías y gobernaciones), ni se logró crear un sector productivo del “poder popular”, por lo cual las necesidades de la población siguieron siendo satisfechas por mecanismos de mercado, a pesar de ser fuertemente regulados por el Estado.

Volviendo al presente, y al discurso fundamentalista del grupo aparentemente hegemónico en el chavismo hoy en día, se puede observar la desconexión entre ese discurso y la realidad. El “pueblo” chavista que se invoca no sólo abandonó al régimen en las urnas sino en la calle, por lo que tiene que recurrirse a incentivos materiales y amenazas para garantizar sus movilizaciones. El discurso del sacrificio patriótico como explicación de las restricciones al consumo choca con las evidencias cotidianas de corrupción de la burocracia, y la figura del líder carismático se desdibuja cada día que pasa. En estas condiciones, el intento de radicalizar la revolución y establecer el modelo totalitario requeriría una represión intensa y extensa, para la cual no bastan los grupos paramilitares armados por el gobierno.

Por su lado, la oposición está sujeta a la amenaza de nuevas maniobras: cualquier respuesta, por justificada que ella sea, para desafiar al corrupto poder judicial será tomada como excusa para anular su poder y hasta su existencia legal; pero en algún momento se deberá enfrentar esta estrategia de desgaste, dejando de retroceder y denunciando al Tribunal Supremo como lo que es: una maquinaria para la destrucción de la voluntad popular expresada en el voto. Planteado por fin el conflicto abierto de poderes, sólo queda la posibilidad de que sectores del gobierno menos radicalizados abran un espacio para el diálogo político. En caso contrario, una vez más en la historia del país el estamento militar se verá atribuir el papel de árbitro que nunca debió corresponderle.

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