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Archive for 26 octubre 2016

(Las ideas aquí planteadas no pretenden ser originales, ya que provienen de discusiones recientes, sobre todo en cortos textos de Facebook, en los que he podido aprovechar aportes de, ante todo, Ángel Álvarez, pero también en muy alto grado de Guillermo Aveledo Coll y Armando Chaguaceda. Naturalmente, las interpretaciones, malinterpretaciones y errores son sólo míos.)

 

La premisa de efectuar un referéndum revocatorio presidencial en 2016 es ¿era? que un régimen autoritario va a permitir ser desplazado del poder pacíficamente, dejando de aprovechar el control que tiene sobre las diferentes ramas del poder público. Aunque a primera vista esto parece contradictorio y hasta absurdo, en algunos casos (Chile, Polonia) ha ocurrido, aunque en el contexto de negociaciones previas que han garantizado cierta impunidad a los gobernantes salientes, o una transmisión gradual del poder, en la que permanecen enclaves autoritarios.

No es este el caso en Venezuela, ya que el régimen no ha visto incentivos para la negociación, y por lo tanto un revocatorio exitoso para la oposición significaría una salida desordenada del poder, que no le permitiría garantizar un mínimo de impunidad. Y el régimen no tiene incentivos para negociar porque hasta ahora la oposición no ha tenido más recursos de poder que unos pocos cargos regionales y locales, a los que se sumó desde inicios de este año el control de la Asamblea Nacional con una mayoría de dos tercios, y finalmente una cierta capacidad de movilización pacífica que ha sido fácilmente reprimida. Aunque las protestas políticas han sido frecuentes y la población es mayormente opositora, ellas parecieran caer en un vacío que no es capaz de instigar en los gobernantes el suficiente miedo a un rival capaz de desplazarlo.

Es por eso que la suspensión de la recolección de la voluntad de revocar de un 20 por ciento de la población, acompañada de la prohibición de salida del país de un conjunto de dirigentes políticos, se permite apoyarse en bases jurídicas escandalosamente débiles, por no decir inexistentes. Con ello el régimen exhibe la impunidad con la que puede tomar decisiones arbitrarias e imponerlas al país sin temor de que ellas produzcan reacciones que pongan en peligro su estabilidad.

La respuesta de la MUD ha sido el anuncio y realización de nuevas movilizaciones de masas, prometiendo incluso llegar a la sede del poder ejecutivo el 3 de noviembre si no se restituye el proceso revocatorio. La Asamblea Nacional, por su parte, ha iniciado un intento de sustituir a los magistrados del Tribunal Supremo y la directiva del Consejo Nacional Electoral, a lo que suma un “juicio político” al presidente Maduro; pero estas iniciativas, dado el control del ejecutivo sobre las demás ramas del poder público, tienen poca viabilidad política y, en el caso del “juicio político”, débiles bases jurídicas.

Lamentablemente, no parece haber en las movilizaciones alguna novedad, o una estrategia de resistencia no violenta o de desobediencia civil bien organizada, por lo que no se ve cómo pudiera la oposición revertir el creciente autoritarismo del régimen, que no sólo se manifiesta en decisiones arbitrarias, sino en una represión cada día más intensa y violenta, a la que se suman detenciones arbitrarias e ilegales, seguidas de acusaciones sustentadas en pruebas forjadas, maltratos y hasta torturas a los detenidos.

Quedan otros dos actores con poder que hasta ahora no se han movilizado activamente: la “comunidad internacional”, a la cual se ha venido apelando, pero teniendo conciencia de los límites de su capacidad de influir sobre las correlaciones de fuerza, y el estamento militar, cuyo alto mando respondió negativamente a los llamados directos de la oposición a desobedecer las órdenes ilegales al régimen, ratificando su identificación con el mismo.

La suspensión del 20 por ciento es a la vez un acto de poder, una exhibición del mismo y una provocación, en la medida en que cierra la solución institucional y pacífica que la oposición había priorizado, y parece empujar a una radicalización que pueda servir de excusa para la ilegalización de los partidos de oposición, el encarcelamiento de sus principales dirigentes, y la neutralización de la Asamblea Nacional. La escalada del conflicto en la calle y en la AN pareciera deslizarse por los rieles tendidos por el régimen hacia el escenario del descabezamiento de la oposición.

Si recordamos que Cuba ha vivido casi sesenta años bajo un régimen de partido único, donde el Estado-partido domina hasta el último resquicio de la vida cotidiana, y donde cualquier palabra o gesto opositor son considerados actos de guerra impulsados por la potencia enemiga, sin que la mencionada comunidad internacional haya podido o querido impedir el afianzamiento del totalitarismo y la violación cotidiana de los Derechos Humanos, podemos darnos cuenta del atractivo de este tipo de régimen para la actual camarilla en el poder.

Paso a paso ha seguido la receta probada una y otra vez en otros países: control de las instituciones públicas, de los medios de comunicación, de la educación, destrucción de la sociedad civil y su sustitución por correas de transmisión. Dos de las pocas esferas que faltan por controlar son la del sector privado y la de los partidos políticos, y si no lo han logrado ha sido más por la resistencia que han encontrado que por falta de interés. La ilegalización de la MUD o de la oposición en general sería un paso estratégico hacia un nuevo sistema político unipartidista de hecho, aunque pueda adornarse de partidos de maletín dispuestos a hacer el papel de pseudo opositores; y la alianza con empresas transnacionales como las asociadas en el Arco Minero o en el sector petrolero permitiría (casualmente, igual que en Cuba) relacionarse directamente con capitales interesados sólo en sus beneficios y estrictamente indiferentes al carácter opresivo del régimen.

El aparente acorralamiento del régimen por las acciones institucionales de la Asamblea Nacional y la intensificación de las movilizaciones de calle podría ser una ilusión, en la medida en que aquél conserva todavía el control de todas las instituciones y del poder coercitivo frente a una población hambrienta y por lo tanto dependiente de sus dádivas. Lamentablemente, la mayoría de los venezolanos no puede perder un día de trabajo, o un día de hacer colas para comprar alimentos, para dedicárselo a una marcha o una protesta. La protesta generalmente requiere años de la acción de las vanguardias políticas y sociales, que pagan un alto precio personal por su persistencia en oponerse y protestar. Las masas se incorporan cuando ya se intuye la caída final del régimen, para darle el último empujón.

Ante este panorama, sólo una intensificación de las divisiones entre las facciones chavistas, que existen pero no han sido hasta ahora suficientemente intensas como para romper el tramado de intereses que los unen, podría debilitar suficientemente al régimen como para inducirlo a la negociación y a aceptar una disminución gradual y relativa de su control sobre el Estado y la sociedad. En forma simétrica, una ruptura interna de la MUD y la dispersión de los actores que la componen significaría la desaparición de cualquier esperanza de frenar al proyecto totalitario.

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Caracas, 26 de octubre de 2016

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