Participación y representación: dilemas de los actores

Participación y representación: dilemas de los actores en la transición sociopolítica venezolana

Luis Gómez Calcaño
Centro de Estudios del Desarrollo, CENDES. Universidad Central de Venezuela

Andreína Ramírez Martín
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela

Prepared for delivery at the 2007 Congress of the Latin American Studies Association,

Montréal, Canada, September 5-8, 2007

RESUMEN

Se estudian algunas de las transformaciones y tensiones que se han producido en el campo de la sociedad civil en Venezuela en los últimos años. Se argumenta que la pérdida de legitimidad de los partidos políticos en los años recientes ha favorecido una ocupación de espacios políticos por organizaciones de la sociedad civil, lo que ha implicado para ellas un conjunto de nuevos problemas de identidad y representatividad. Se analizan varios tipos de organizaciones de la sociedad civil: algunas de tipo gremial o corporativo, otras de acción y promoción social y finalmente las dirigidas a la acción cívico-política. Se estudia cómo en estos diferentes tipos de organizaciones se manifiestan los problemas de la “disolución de las fronteras” entre las esferas social y política, y las formas en que ellas han enfrentado esos problemas. Se concluye que esta difuminación de las fronteras puede ser un hecho cada vez más frecuente y podría dar lugar a nuevos tipos de actores híbridos, que sin embargo no parecen haber resuelto el problema de su representatividad y legitimidad como actores sociales y políticos.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo examinaremos el papel de algunos actores de la sociedad civil venezolana en la conflictiva transición sociopolítica actual. Para ello, reconstruiremos algunos procesos sociopolíticos en los cuales se han visto involucrados estos actores, en los cuales se va perfilando, no sólo la natural diversidad de este campo, sino el enfrentamiento entre diferentes concepciones de la sociedad civil, inevitable en el contexto de las intensas luchas políticas de la coyuntura reciente. En lugar de un campo ordenado donde cada actor conoce sus límites e interactúa por medio de instituciones estables, la transición produce actores híbridos y muchas veces efímeros que disuelven las fronteras entre el “movimiento social”, el grupo de presión y la organización política; que en algunos casos se enfrentan radicalmente al Estado y en otros dependen de su protección para sobrevivir; que pretenden diferenciarse al máximo de los partidos políticos pero a veces entran en peligrosas alianzas con ellos; que se enorgullecen de su identidad civil pero sienten una incomprensible fascinación por los militares; actores, en fin, cuyas identidades son fluidas y poco consolidadas, tal como ocurre con las instituciones en el actual proceso de cambio.

El término “sociedad civil” forma parte hoy del vocabulario político en las democracias consolidadas y en las frágiles e inestables del tercer mundo. En las primeras no se discute ni la existencia ni la relevancia de la realidad que designa; más aún, se le reconoce un espacio propio en la organización social, institucional y política de esas sociedades. No es éste el caso en las segundas: la existencia misma del fenómeno es puesta en duda, basándose en la ausencia o la debilidad de estructuras económicas, políticas y jurídicas que garanticen la libertad de auto-organización autónoma; o bien destacando la hipertrofia del Estado y de los actores políticos, que invade y desvirtúa el espacio propio que correspondería a la sociedad civil.

La noción de sociedad civil puede enlazarse por varios de sus aspectos con la de ciudadanía: en primer lugar, la sociedad civil necesita de un marco jurídico-político adecuado que reconozca la legitimidad de sus ámbitos y formas de acción. Sin un reconocimiento de los derechos básicos de los ciudadanos, independiente de su identidad política o de su lealtad a determinadas elites, no es posible imaginar una sociedad civil democrática. En segundo lugar, la demanda por el reconocimiento de derechos y su estabilización es, al mismo tiempo, la fuente más dinámica de desarrollo de las instituciones políticas y el eje alrededor del cual se constituyen actores colectivos, muchos de los cuales emergen en formas no institucionalizadas como los “movimientos sociales”. (Cohen y Arato, 1992, pp. 421-491; Blaney y Pasha, 1993; Arbós y Giner, 1993, pp. 21-29; Gellner, 1996, pp. 13-22).Algunos de estos actores desaparecen una vez logrados sus objetivos; otros pasan a formar parte de la sociedad civil, en la medida que se institucionalizan, tratando de redefinir su identidad a través de la participación en nuevas luchas o reivindicaciones; y algunos se sitúan en la “zona gris” entre la sociedad civil y la sociedad política, arriesgando su identidad pero, posiblemente, expandiendo su influencia más allá de las fronteras institucionales (Gómez Calcaño, 1995:149-151).

En América Latina, la idea de sociedad civil parece corresponder menos a un conglomerado de asociaciones estables centradas alrededor de intereses claramente definidos en la esfera de lo social y separados de lo político, que a un conjunto de actores híbridos, conflictivos y de identidades cambiantes que se encuentran en los márgenes de las instituciones establecidas, sin estar completamente excluidos ni totalmente incluidos. Algunos de ellos, por la dinámica propia de su acción o por la influencia de los cambios en el entorno político-institucional, desbordan del campo de lo social al de lo político, sin perder por ello su referencia a reivindicaciones o identidades parciales.

En el caso de Venezuela, la idea de sociedad civil nació asociada a la crisis de legitimidad de las instituciones políticas desde la década de los ochenta, y al crecimiento del antipartidismo, en la medida en que se reivindicaba la participación directa de los ciudadanos frente a lo que se veía la intermediación excluyente y por lo tanto antidemocrática de los partidos políticos (Grupo Roraima, 1987). Sin embargo, algunos analistas, aun reconociendo el potencial de los actores de la sociedad civil para ampliar la democracia, destacaban que en este conjunto de actores ni los intereses ni las orientaciones ideológicas eran homogéneos y podían llegar a ser contradictorios entre sí, y por otra parte la pertenencia a la sociedad civil no garantizaba que un actor fuera democrático (Uribe y Lander, 1988; Lander, 1995; Gómez Calcaño, 1995; García Guadilla y Roa, 1997). González de Pacheco (2002) encontraba tensiones no resueltas en la relación entre las organizaciones cívicas y la política, como el temor a ser infiltrados por los partidos, y la disposición a participar en los asuntos públicos pero no en la búsqueda y ejercicio del poder. Salamanca (2003: 153) también destacaba el antipartidismo como un rasgo esencial de la sociedad civil surgida a partir de la década de los setenta. Sin embargo, la ofensiva del nuevo régimen a partir de 1999 llevó a estos nuevos actores “…a ‘salir’ de la esfera de lo social para entrar en la esfera de lo político, enfrentándose con el Gobierno y el Estado”.

Regnault (2002: 81-84) hace notar que la antipolítica es un rasgo en el que coinciden el movimiento de Chávez y las organizaciones de la sociedad civil, hasta el punto que ellas han tratado de sistematizar este rasgo con proposiciones como privilegiar la participación directa de los ciudadanos en la solución de sus problemas; la elección uninominal de los representantes, sin intermediación partidista; la posibilidad de delegar la prestación de servicios públicos a agentes privados; y la concepción de la sociedad como un sistema de “copropiedad”. El punto débil de estas propuestas está en que en ella no se promueve “el concepto de lo público como espacio de encuentro plural y democrático” (83). Por ello la activación de organizaciones de la sociedad civil como “oposición” al gobierno de Chávez es síntoma de un vacío de proyecto democrático, ya que la heterogeneidad de la sociedad civil sólo le permite ocuparse de temas particulares, sin capacidad de generar un proyecto global (70-71).

También García Guadilla (2002) percibe la creciente expansión de los actores sociales hacia demandas de participación en las decisiones y la expansión de la ciudadanía, hasta convertirse en actores colectivos estratégicos que denomina ­actores sociopolíticos, en la medida en que sus concepciones y valores forman parte de la esfera política, debido a su inserción en la nueva Constitución (249). Sin embargo, en un trabajo posterior (García Guadilla, 2003: 22-23), interpreta la intervención de algunas organizaciones en lo político como una “trasgresión”.

Como puede deducirse de este muy somero examen de algunas contribuciones al debate, los analistas revisados coinciden en la creciente interpenetración entre los actores civiles y políticos, e incluso la pérdida de límites entre unos y otros. En las páginas que siguen, trataremos de profundizar en las modalidades que ha venido tomando esta tendencia, pero, lejos de considerarla una transgresión, la veremos como un proceso estrechamente relacionado con las condiciones contextuales, ya que corresponde a la decadencia de las elites tradicionales y a la búsqueda de nuevas formas de acción sociopolítica, que no caben en los límites acostumbrados entre sistema político y sociedad civil.

La legitimidad de la sociedad civil: ¿actores o representantes?

Quizá es precisamente en esta ambigüedad frente a la política que se encuentra una de las claves de la dinámica de la sociedad civil venezolana en la coyuntura reciente. El “muro” que separaba a la sociedad civil de la sociedad política (González de Pacheco, 2003) no pudo resistir los dilemas que planteó el proceso de rápido cambio sociopolítico: frente a la ofensiva chavista, dirigida a deslegitimar a los actores que consideraba obstáculos para el proceso revolucionario, los debilitados partidos de oposición y algunas organizaciones civiles, sintiéndose amenazadas pero sin experiencia política, se vieron obligados a unir fuerzas, incluso en contradicción con la mutua desconfianza y descalificación con las que se trataban en años anteriores. Sin embargo, no por ello dejaron de competir, disputándose la dirección de las luchas, defendiendo espacios para la participación en las decisiones y presionando para imponer sus respectivas estrategias.

Por su parte, las organizaciones civiles que simpatizaron con el proceso revolucionario también encontraron cada vez más difícil mantener la separación entre el mundo de lo social y el de lo político, entre otros factores porque el movimiento chavista, más que reforzar a las organizaciones preexistentes, se dedicó a crear nuevas formas de organización con apoyo y financiamiento del Estado, con la expectativa de que ellas a su vez se convirtieran en una base de respaldo político al régimen, adicional y paralela a sus propios partidos político-electorales. Aunque este tipo de organización “desde arriba” tiene serios problemas de autenticidad y se caracteriza más por la dirección vertical que por el ejercicio democrático del poder, mientras siga alimentada por los recursos y las preferencias del Estado seguirá ocupando espacios en la frontera de lo social y lo político. Constituye así otra variante de la imbricación entre lo social y lo político que, como veremos, afecta a las organizaciones identificadas con la oposición.

Estos dilemas llevan a considerar la hipótesis de la imposibilidad de reconstruir el “muro” que separaba a la sociedad civil de la actividad política, e incluso de una identidad más política que social. Pero ello a su vez lleva a la inevitable pregunta sobre la legitimidad de este cambio, y en particular sobre la representatividad como una credencial para legitimar la intervención en la vida pública y la pretensión de influir en las políticas públicas estratégicas.

En efecto, como trasfondo de las luchas y enfrentamientos entre actores, se ha venido planteando el tema de la legitimidad de aquellos que se presentan como “sociedad civil”, “redes sociales organizadas” o simplemente “el pueblo organizado”. Por una parte, algunas corrientes teóricas del primer mundo y de América Latina, basándose sobre todo en la observación de los movimientos anti-globalizadores, dan por supuesta la existencia y legitimidad de una “sociedad civil” que sería una derivación cuasi-natural de los sectores oprimidos por el capital (Vilas, 1994). Paradójicamente, en el caso venezolano vemos una inversión de roles, puesto que los actores que reivindican más activamente la identidad como “sociedad civil” son percibidos como pertenecientes a las clases medias y altas, y se les acusa de tener una concepción “liberal” tanto en sus ideas como en sus formas de actuar, mientras que los que usan el discurso anticapitalista y reivindican su origen popular tienden a rechazar el término o a mirarlo con desconfianza, no tanto por sí mismo, sino por considerar que una fracción privilegiada de la sociedad se ha apropiado de él.

La cuestión de la representatividad de las organizaciones de la sociedad civil se ha planteado una y otra vez en los últimos años, como consecuencia de los ya mencionados procesos de antipartidismo y antipolítica (no exclusivos de Venezuela); surgen numerosos grupos de acción, o se politizan otros preexistentes, sin haber resuelto la cuestión de su representatividad, por lo cual deben apoyarse en criterios distintos a la acumulación de votos.

Para orientarnos en este aspecto, nos apoyaremos en algunos aportes conceptuales de Gurza, Houtzager y Castello (2005) quienes, en un estudio sobre organizaciones civiles en Sao Paulo, Brasil, identifican varios criterios según los cuales ellas actúan y se perciben a sí mismas como “representantes” de determinados sectores.[1] Según estos autores, las organizaciones estudiadas ejercen “actividades de representación” de cuatro tipos: (1) representación ante el poder ejecutivo, visible en la participación en consejos de políticas públicas y/o procesos de presupuesto participativo; (2) mediación directa de demandas frente a organismos públicos específicos (3) patrocinio político por medio de canales electorales tradicionales, como el apoyo a candidatos políticos; (4) patrocinio político por medio del legislativo, como, en el caso de las organizaciones locales, la formulación de demandas al Concejo Municipal. (Ibíd., p. 18 )

Sin embargo, las actividades mencionadas en sí mismas no garantizan el carácter representativo de los actores que las ejercen, al menos no en el sentido limitado de representación como elección. De hecho, muchas de las organizaciones no pueden alegar este origen, por lo cual se ven obligadas a elaborar argumentos convincentes para justificar su representatividad.[2] El estudio identifica seis formas de “representación asumida” que resumen los diferentes tipos de argumentos: clásico-electoral, proximidad, servicio, mediación, membresía e identidad. (Ibíd., pp. 28-31)

Sin pretender extrapolar los resultados precisos del estudio mencionado, creemos que apunta a dos fenómenos importantes: por una parte, la necesidad de ampliar las formas de concebir la representatividad de los actores sociopolíticos, y por la otra la tendencia, aparentemente irreversible, a superar las fronteras entre la acción de influencia externa que se atribuye a la sociedad civil y la acción política directa.[3] En el siguiente análisis de algunas de las organizaciones más significativas de la sociedad civil venezolana trataremos de explorar en qué formas ellas han enfrentado los dilemas de la participación en política y de su propia representatividad, concentrándonos en las que denominamos “cívico-políticas.

Entendemos por este término a aquellas dirigidas principalmente a influir sobre los debates que orientan a las políticas públicas, sin perder su identidad como actores de la sociedad civil y no del sistema político, en la medida en que no pretenden competir por posiciones de poder en el aparato del Estado.[4] Este tipo de organizaciones está a veces muy cerca de traspasar el límite que separa a la sociedad civil de la sociedad política, y será tanto más propensa a ello en la medida en que esta última se encuentre en crisis y en busca de actores alternativos para sustituir a las elites gobernantes. El campo de las organizaciones cívico-políticas es particularmente complejo, por la diversidad de actores que la forman: en efecto conviven en ella algunas de larga tradición, como las dedicadas a la defensa de los derechos humanos, con otras surgidas al calor de las luchas sociales y políticas de la coyuntura. Por otra parte, este campo es ocupado también por organizaciones cuya identidad original estaba en el campo comunitario, vecinal, educativo o social, pero que han desbordado hacia la acción política en la medida en que se han sentido amenazadas por los cambios o, por el contrario, han querido contribuir a ellos.

¿Una “sociedad civil” oficialista?[5]

La larga tradición venezolana de promover organizaciones de base desde el Estado ha encontrado continuidad en el actual gobierno. Dado el origen carismático y personalista del liderazgo de Chávez, su movimiento llegó al poder con una gran fuerza emocional e identificación simbólica, pero con bases organizativas extremadamente frágiles. Si bien algunas organizaciones sociales de base simpatizaban con el nuevo gobierno, no existía una red organizada que pudiera coordinar esas fuerzas con suficiente efectividad política para sustituir a las organizaciones tradicionales, fuertemente influidas por los valores predominantes en el modelo de democracia “puntofijista”. De hecho, desde los inicios del gobierno algunos de los políticos oficialistas pretendían crear nuevas organizaciones, desconociendo el proceso de autoorganización de comunidades urbanas que se remonta a muchas décadas, y se creían en el deber de organizar a la “sociedad civil”.[6] Ello puede dar una clave para comprender la importancia otorgada por el proyecto a la creación de una red de organizaciones de base. Los que concentraron la atención en los primeros años de gobierno fueron los llamados “círculos bolivarianos”, más adelante sustituidos por las “unidades de batalla electoral”, que constituyeron el motor de la movilización de los partidarios del gobierno frente al referéndum revocatorio de 2004. Cumplida esta coyuntura, cambiaron su nombre a “unidades de batalla endógena”, por referencia al “modelo de desarrollo endógeno” que pretende impulsar el gobierno. Hawkins y Hansen (2006) encontraron que si bien los círculos no parecían, en ese momento, tener una fuerte dependencia económica y organizativa del gobierno, ya que muchos de ellos se apoyaban en liderazgos locales previos, sí mostraban una fuerte dependencia hacia el liderazgo carismático de Chávez, evidenciaban una baja identidad específica como organizaciones, y una de sus principales funciones era la de ser intermediarios de las políticas clientelistas del Estado. Para estos autores, la declinación de los círculos a partir de 2004 puede deberse, entre otros factores, a su desplazamiento por políticas directas de asistencia social provenientes del Estado como las denominadas “misiones” (pp. 124-125).

En los años transcurridos desde su constitución ha disminuido la importancia de los círculos. Por otra parte, tal como ha ocurrido con muchas organizaciones de la sociedad civil “opositora”, se han difuminado los límites entre el carácter social y político de los círculos, ya que ellos en determinadas ocasiones aparecen como parte integrante del partido MVR, y otras como una esfera organizativa diferente con su propia dirección. La debilidad y conflictos internos de los círculos en 2004 permiten explicar por qué el chavismo debió recurrir a una nueva forma organizativa, las unidades de batalla electoral (UBE), complementadas por las patrullas electorales, para enfrentar el referéndum revocatorio (Carrillo, 2004). En un rápido movimiento, el Comando Maisanta se propuso crear 8.500 UBE y 130.000 patrullas electorales, para movilizar 1.300.000 militantes (Botía, 2004).

En octubre de 2004, el Presidente anunció la transformación de las UBE en “Unidades de Batalla Endógena”[7] (Chávez, 2004a), con el fin de integrar a los grupos organizados en estructuras más permanentes de carácter productivo, que pudieran contribuir a absorber el desempleo y crear las bases de la economía social; de allí surge un nuevo impulso a la creación de cooperativas, con promesas de financiamiento público; sin embargo, no pareció haber una coordinación clara entre uno y otro proceso. En años posteriores el impulso hacia las UBE decayó tanto como lo había hecho el de los círculos bolivarianos, para concentrar todo el esfuerzo, a partir de 2006, en la promoción, por un lado, de los consejos comunales como organizaciones socio-territoriales, y por el otro, del Partido Socialista Unificado como aparato político.

Otro de los campos en los cuales el oficialismo ha promovido organizaciones es el sector juvenil y especialmente en los gremios estudiantiles. La primera organización progubernamental de este sector fue la fundación Juventud y Cambio, [8] que dio lugar a la creación del Instituto Nacional de la Juventud pero fue disuelta al crearse éste. Una segunda modalidad ha sido la Federación Bolivariana de Estudiantes, constituida en julio de 2002, que se ha propuesto, entre otras metas, obtener la representación estudiantil en las universidades más importantes, hasta ahora con pocos éxitos en su haber y una escasa presencia pública. Un tercer intento ha sido el Frente Francisco de Miranda (FFM), iniciado en 2003 como una forma de preparar facilitadores para la Misión Robinson (programa alfabetizador del gobierno). Con este fin se envió a aproximadamente 36000 jóvenes a estudiar cursos de trabajo social de 50 días en Cuba (Janicke, 2005). Según voceros de la organización, ella opera con una estructura de tipo militar, la directiva es seleccionada a través de la oficina presidencial y la dirección política proviene de Chávez (Idem).[9] A pesar de sus aportes a los programas sociales, la organización ha vivido momentos de crisis, debidos a la pérdida de incentivos económicos y a los debates acerca de su identidad social o política. A principios del año 2006, la Asamblea Nacional aprobó recursos para pagar becas-trabajo de Bs. 350.000 (162 dólares al cambio oficial) “a 27 mil ‘luchadores sociales’ que se incorporarán al Frente Francisco de Miranda, desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre de 2006.” [10] En junio de ese mismo año, el presidente Chávez reconocía que la magnitud del frente había tenido altibajos y que para ese momento se encontraba en 15000 miembros; pero sobre todo se refirió a las tareas del frente, prometiendo que les haría entrega de una porción importante de los fusiles Kalashnikov recientemente adquiridos, con el fin de colaborar con la defensa nacional.[11] Con este anuncio se confirma el carácter cuasi militar de la organización, que junto con su expresa subordinación al jefe de Estado y la remuneración obtenida por sus miembros, rompe los límites más amplios que se quieran otorgar a la idea de “sociedad civil”.

En síntesis, puede concluirse que el régimen chavista intenta establecer una sólida red de organizaciones sociales entrelazadas y plenamente identificadas con la ideología, el proyecto y el liderazgo del presidente. Tanto en el ámbito territorial como en el sectorial, y con el respaldo de recursos económicos, mediáticos y organizativos, se va constituyendo una multiplicidad de organizaciones que pretende cubrir el conjunto de la vida social organizada con una red paralela, destinada a desplazar o al menos a minimizar a las organizaciones hasta entonces existentes.

La Coordinadora democrática

Un actor característico de la incursión de la sociedad civil en la política fue la Coordinadora Democrática, ensayo de coexistencia y concertación entre los partidos políticos de oposición y un amplio y variado conjunto de organizaciones civiles, desde Fedecámaras y la CTV hasta microgrupos de acción cívico-política (González de Pacheco, 2003a) . La CD trataría de ser el nuevo polo de referencia de una política que diera coherencia a los diferentes grupos y tendencias de la oposición, con la innovación de que los partidos políticos aceptaban consultar y compartir parte de sus responsabilidades con organizaciones civiles. Después del fracasado paro de 2002-2003, la Coordinadora centró sus esfuerzos en promover el referéndum revocatorio presidencial, que culminó, después de innumerables maniobras dilatorias, con una victoria de Chávez, cuestionada por la oposición pero avalada por observadores internacionales. Uno de los rasgos centrales del proceso revocatorio fue el predominio creciente de los partidos en las decisiones de la Coordinadora y su protagonismo frente a la esfera pública. La gran diversidad de organizaciones civiles que participaban en ella pareció ceder el paso a los dirigentes políticos, reconociendo el papel indispensable de los aparatos partidistas en la gran movilización necesaria para participar en el referéndum. En los meses siguientes, la coordinadora debió enfrentarse simultáneamente a las tareas contradictorias de sustentar sus denuncias de fraude y convencer a la población opositora de votar en las elecciones regionales previstas para el 31 de octubre. Mientras tanto, se inició un flujo continuo de deserciones, tanto de partidos y dirigentes políticos, como de organizaciones de la sociedad civil. Algunos dirigentes sociales trataron de extraer aprendizajes de la derrota, planteando la necesidad de separar los componentes social y político de la coordinadora (Palacios, 2004; Méndez, 2004). Finalizaba así una experiencia de coordinación entre partidos y sociedad civil con proposiciones de un repliegue a lo social, al menos por una parte de sus líderes. El esfuerzo de los partidos por cumplir su función de representar los intereses de los ciudadanos terminó en una frustración de las expectativas, debilitando un vez más la confianza de la población.

Las asambleas de ciudadanos

La politización de buena parte de la sociedad civil no había desaparecido, sino que pasó a ser promovida por otros actores, fundamentalmente los radicales que habían visto con escepticismo todo el proceso que llevó al revocatorio. Ella se expresó en las “Asambleas de Ciudadanos”, figura introducida formalmente por la Constitución de 1999. Tal como había ocurrido con el referéndum, esta institución fue instrumentada tanto por el oficialismo como por la oposición, tratando de aprovechar el carácter “vinculante” que la Constitución le otorgaba para dar una apariencia de legalidad y autoridad a sus decisiones. En el caso de la oposición, las Asambleas de Ciudadanos surgieron ligadas a la huelga de 2002-2003 (Decarli, 2003).

Curiosamente, sectores sociales claramente opuestos al régimen parecían compartir con éste las ilusiones acerca de la democracia directa y el carácter vinculante de las asambleas; la vertiginosa politización de las clases medias parecía querer alimentarse de cualquier innovación, siempre que ella no fuera vista como instrumento para los partidos políticos. Los temas principales de discusión durante ese año se refirieron, al inicio, a las formas de apoyar la huelga nacional; gradualmente se reorientaron hacia la promoción y defensa de las firmas en pro del revocatorio; sin embargo, en algunos casos se ocuparon de temas menos políticos como problemas del entorno urbano. En 2004 las asambleas tuvieron un importante papel en las protestas que se desataron a principios de marzo contra la decisión de objetar más de un millón de firmas, y en el debate acerca de aceptar o no ir a ratificar las firmas. Pero ya la idea de las asambleas de ciudadanos como instancia de participación fue entrando en el campo de las prácticas cotidianas; grupos como los pacientes crónicos dependientes de la provisión de medicamentos por el Estado utilizaron esta fórmula como mecanismo de comunicación y presión.(“Pacientes crónicos convocan a asamblea”, 2004; Díaz, 2004) Y las comunidades territoriales mismas encontraron en las asambleas una forma de revitalizar la participación vecinal, complementando o desplazando a las asociaciones de vecinos. Sin embargo, las asambleas no fueron siempre ajenas a la influencia partidista: en algunos casos fueron promovidas por partidos o candidatos como medio para reclutar y organizar apoyos en las campañas por el referéndum y para las elecciones regionales y locales.

En síntesis, la figura de la Asamblea de Ciudadanos parece haberse arraigado en la cultura política venezolana, aunque su carácter vinculante parece ser más bien de tipo mítico o simbólico. No obstante, representa para muchos ciudadanos de base la sensación (o la ilusión) de una participación directa, no mediada por representantes, en los asuntos que le conciernen. Ante las frustraciones producidas por los fracasos de las grandes organizaciones representativas, la última de ellas la Coordinadora Democrática, las Asambleas de Ciudadanos proveyeron un refugio para el ejercicio del debate, la deliberación y la decisión, así ella fuera puramente simbólica.

El “caso” Súmate: de la asesoría técnica a la representación

La asociación civil Súmate surgió a la esfera pública a mediados de 2002. Formada por profesionales y gerentes provenientes del sector privado sin participación política previa, se plantea como tarea general la promoción del ejercicio de los derechos políticos y en particular la transparencia de los procesos electorales. Cuando la Coordinadora Democrática decidió emprender su primera campaña sistemática de recolección de firmas, acordó que Súmate se convirtiera en el supervisor de la cantidad y calidad de las firmas recogidas. La organización logró desde sus inicios la confianza de la oposición, lo que la convirtió en un germen de poder electoral paralelo. Para la revisión de las firmas que se entregaron en noviembre de 2002, Súmate contó con un grupo de un millar de voluntarios (Morillo, 2002). Es en esta época cuando comienza a consolidarse el papel todavía discreto, pero esencial de Súmate como protector “técnico” de la voluntad ciudadana, por el hecho de prestar el servicio de calificación de las firmas.

Pero Súmate no se conformó con asesorar a la Coordinadora sino que, en concordancia con su misión, emprendió una auditoría externa del Registro Electoral Permanente (Martínez, 2003). No tardaron en aparecer los ataques directos del oficialismo a Súmate, a la que se acusaba de pretender ejercer el papel de árbitro electoral y de disponer de fuentes oscuras de financiamiento (Hernández, 2003).

Las firmas recogidas el 2 de febrero y entregadas el 20 de agosto de 2003 fueron rechazadas por el nuevo CNE a principios de septiembre. Puesto que una de las razones alegadas por ese organismo para rechazar las firmas era el carácter no representativo de Súmate, la respuesta de la organización trató de delimitar lo más claramente posible su identidad:

«El CNE dijo que Súmate no puede representar a los ciudadanos. Nosotros no somos representantes de los ciudadanos, nosotros somos ciudadanos. Y como ciudadanos y con los ciudadanos hemos apoyado los esfuerzos recientes de la sociedad civil para recabar firmas. Y como ciudadanos y con los ciudadanos vamos de nuevo a recoger firmas el próximo 5 de octubre» (Alonso, 2003)

De esta forma se subrayaba la relación de identidad y de servicio con los ciudadanos, a manera de representatividad más sólida que la formal-electoral.

La asesoría de la organización continuó durante la nueva recolección y la ratificación de firmas para el referéndum; esto contribuyó a hacerla más conocida de la base opositora y a ampliar el número de voluntarios (De Vincenzo, 2004a, 2004b).

Mientras tanto, arreciaron los ataques oficialistas contra la organización. (Rojas, 2003; Álvarez, 2004). Uno de los ataques principales se dirigía a desvirtuar la identidad de Súmate como organización civil: mientras que para la Procuradora se trataba de un partido político disfrazado de asociación civil, Jorge Rodríguez, rector principal del CNE, siempre se refería a ella como “empresa”. Ambas denominaciones la asimilaban con actores de esferas distintas a las de la sociedad civil, que se mueven por la lógica de la acumulación de poder o dinero. Otro argumento de ataque era el hecho de haber recibido fondos del extranjero para cumplir su misión, con lo cual comenzaba a aplicarse un proceso ya conocido en muchos otros gobiernos autoritarios: el de designar a la disidencia política como brazo de una potencia extranjera.[12] En 2004, dos de los directivos principales de Súmate, María Corina Machado y Alejandro Plaz, fueron imputados por “conspiración para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación”, delito cuya pena comprende entre 8 y 16 años de prisión. (Alonso, 2004). Posteriormente se imputó a otros dos directivos por complicidad en los mismos hechos,[13] contribuyendo así a estigmatizar a la organización y sus acciones.

El proceso que culminó en el revocatorio fue observado y criticado por Súmate, que denunció irregularidades en el registro electoral y expresó dudas acerca del resultado del referéndum, sin llegar a formular una acusación explícita de fraude (Súmate, 2004a). A pesar de haber acompañado a la Coordinadora durante todo el proceso, Súmate nunca se asoció formalmente a la misma y mantuvo su carácter de asesor externo. En marzo de 2005 Súmate emprendió un cambio de identidad, al pasar de grupo técnico asesor a “movimiento ciudadano nacional”. (Medina, 2005) Para ello convocó a un Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas “para conjuntamente discutir y acordar las nuevas formas de lucha y de organización que debe adoptar la sociedad civil venezolana para el rescate de las elecciones limpias y de la democracia.” (“Declaración de Súmate”, 2005). Dando un paso más en su transformación, ponía a prueba su capacidad de movilización arriesgándose a convocar a organizaciones dispersas, heterogéneas e incluso rivales con el fin de promover algún tipo de red o agrupación de segundo grado. El programa del evento indicaba también una expansión temática mucho más allá del terreno natural de Súmate: “Elecciones, participación y legitimidad electoral; Democracia global: el rol de la comunidad internacional; Agenda de la sociedad civil; Movimiento estudiantil y defensa de la democracia; y Discriminación política.” (“Súmate convoca al Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas”, 2005). El encuentro se efectuó el 23 de julio de 2005, con la asistencia de “150 organizaciones civiles representantes de 17 estados, que debatieron —por espacio de dos horas …— las pautas de acción del colectivo civil en el corto, mediano y largo plazo.” La resolución más importante fue la creación de un Congreso (“nacional”, “ciudadano” o “federal”) de organizaciones ciudadanas. (Martínez, 2005)

La proposición incluía ya algunos aspectos de diseño institucional:

El Congreso estará integrado, en primera instancia, por seis diputados estadales. Vállez (sic)[14] no logró precisar el método para designación de estos representantes de la sociedad civil, aunque en su discurso de cierre explicó que la importancia no radica en los votos obtenidos por las personas sino en las ideas y derechos ciudadanos que defiendan. (Ídem)

Reaparece aquí la tensión entre la “representación asumida” de las organizaciones civiles y la dificultad para fundamentar esa percepción en mecanismos electorales. Tensión que se intensifica cuando se pretende denominar a la organización “Congreso” y a sus miembros “diputados”. La pretensión de formar una organización de ámbito nacional con una agenda política ambiciosa era un paso más en un proyecto estratégico: Súmate aprovechaba su capital político construido en el campo electoral y la decepción ciudadana ante el fracaso de la Coordinadora para dar un nuevo giro a su identidad y ampliar su espacio político.

Al acercarse las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005, Súmate intensificó las críticas contra el CNE y su conducción del proceso electoral. La elevada tasa de abstención del 4 de diciembre (alrededor de 75%) puede ser interpretada como un triunfo de los partidos y grupos abstencionistas, pero quizás lo es más de Súmate, en la medida en que su discurso abstencionista indirecto daba a los electores la sensación de ser ellos mismos quienes tomaban la decisión de no votar, y no lo hacían por seguir una línea partidista ni a un líder político (tan desprestigiados como los políticos participacionistas).

Quizás en diciembre de 2005 se cerró un ciclo: el que comenzó en 2002 cuando la Coordinadora Democrática, sólidamente apoyada por las bases opositoras, se planteó la ayuda de una organización técnica para legitimar su estrategia electoral; ahora esas mismas bases daban mucho mayor credibilidad (o en otras palabras, se sentían más “representadas” por él) a un actor que había desbordado de sus estrechos límites para convertirse en una referencia sociopolítica alternativa, y sin usar la palabra “abstención” les proveía de los argumentos para ejercerla y justificarla. Sin embargo, las perspectivas de crecimiento en prestigio e influencia que se abrían para Súmate a fines de 2005 no se cumplieron en el año siguiente. Por una parte, aunque siguió promoviendo la constitución del “Congreso Federal de Instituciones Ciudadanas”, adquirió nuevos aliados en esta tarea y realizó eventos preliminares en diferentes regiones del país, dicha iniciativa se vio relegada a un plano secundario al acercarse la campaña electoral presidencial de 2006. Y precisamente en el debate acerca del procedimiento más adecuado para seleccionar a un candidato único de la oposición, la propuesta de Súmate de llevar a cabo unas elecciones primarias fue derrotada, al lograrse un consenso entre los tres precandidatos con más opción para que la selección se basara en encuestas. El hecho de que esos tres precandidatos fueran todos políticos profesionales postulados por partidos, y que su acuerdo se tomara al margen de la participación de las bases, pareció indicar, tal como ocurrió con el fracaso de la Coordinadora Democrática, una vuelta a la “política normal”, en la cual los actores regresaban a los campos de donde habían salido.

En el corto plazo de tres años, Súmate había efectuado una notable transformación que la llevó a enfrentar los dilemas de muchas otras organizaciones: ¿dónde terminan los límites de la sociedad civil y comienzan los del sistema político? ¿Se convertirá en un partido político, como la acusan algunos, o será un ejemplo más de esas organizaciones híbridas que, precisamente para conservar su influencia y prestigio, evitan adoptar esa forma? ¿Logrará convertirse en líder de una federación nacional de organizaciones de la sociedad civil para, desde allí, influir sobre las políticas y los políticos? En todo caso, ella podría ser un ejemplo más de la disolución de las fronteras entre lo civil y lo político, la que, una vez iniciada, no parece ser reversible, a pesar de lo observado en la coyuntura electoral de 2006.

El movimiento estudiantil: un actor inesperado

Ya hemos visto que el gobierno intentó, desde hace varios años, crear organizaciones juveniles identificadas con “el proceso de cambios”, en lo cual no ha tenido mucho éxito. Paralelamente, las organizaciones políticas y ciudadanas opuestas al régimen también intentaron movilizar hacia su tendencia a la población estudiantil y juvenil. Sin embargo, estos esfuerzos tampoco habían tenido logros significativos fuera del ámbito universitario. Si bien la mayor parte de los organismos de representación estudiantil en las grandes universidades nacionales han estado en manos de la tendencia opositora, era frecuente la observación de una aparente “apatía” de los jóvenes en lo referido a las actividades políticas más generales, ajenas a la problemática universitaria.[15] Una excepción fue la manifestación denominada “acostados por la vida”, celebrada en abril de 2006, en la cual varios miles de personas se acostaron por algunos minutos en una avenida de Caracas, como protesta contra la inseguridad ciudadana y la violencia. [16] Dicha protesta había sido convocada principalmente por dirigentes estudiantiles de las principales universidades. También en mayo de 2006 se produjeron intensos conflictos y desórdenes urbanos con motivo de la suspensión de las elecciones estudiantiles en la Universidad de los Andes, en los que se enfrentaron grupos oficialistas y de oposición. Más allá de la participación política propiamente dicha, las protestas estudiantiles locales son tan comunes como las de otros sectores sociales, y generalmente tienen como reivindicaciones la mejora de las condiciones de estudio, y muy especialmente el problema del transporte.

En términos organizativos, un estudio exploratorio reciente de Bigio (2005) se concentró en dos tipos de organizaciones juveniles: las de estudiantes de educación superior y las formadas por jóvenes en comunidades populares.

Aunque encontró algunas características comunes entre ambas, el estudio también percibió algunas diferencias significativas. Entre sus principales conclusiones, afirmaba:

Esta indagación permite concluir de forma preliminar, que hay comportamientos y motivaciones diferenciadas, en las formas de organización de las agrupaciones juveniles afectadas por las dinámicas de la inclusión y exclusión social.

En cuanto a las motivaciones y las lógicas para formar organizaciones, en los jóvenes universitarios se orientarían más hacia la búsqueda de un sentido trascendente de la vida ante un entorno vacío y parecieran estar más vinculadas al retraimiento propio de la individualidad contemporánea. Mientras que en los jóvenes comunitarios las motivaciones se orientan hacia la preocupación por el otro, la búsqueda de alternativas ante las carencias cotidianas, la resolución de problemas, la necesidad de reconocimiento y la inquietud social.

Estas motivaciones parecieran ser sintónicas con la enorme heterogeneidad y la brecha existente entre quienes acceden a la educación y quienes están excluidos de ella, y entre quienes pertenecen a circuitos virtuosos que se auto refuerzan y quienes no. Las vivencias cotidianas y las lógicas que orientan las organizaciones de jóvenes que luego forman, se derivan de ello y por ende responden a dinámicas distintas. (Bigio, 2005: 280)

A pesar de estas diferencias, también se encontraron algunos rasgos comunes entre los jóvenes de ambos tipos de organizaciones:

Los jóvenes parecieran rechazar la polarización política existente y manifiestan sentirla como un obstáculo para el éxito de sus iniciativas. Hay una expresa desconfianza hacia las políticas populistas y clientelares, lo que puede constituir una seria amenaza para la formulación de políticas públicas que promuevan la formación de organizaciones juveniles.

Cabe destacar la dificultad que ambos grupos tuvieron para imaginar e incluso comprender, el sentido del protagonismo público de los movimientos juveniles. En ambos grupos las respuestas se remitían a sus propias organizaciones (Bigio, 2005: 280).

Veremos como algunos de estos rasgos se harían manifiestos en las acciones del movimiento estudiantil que se inicia en abril de 2007. Son ampliamente conocidas las difíciles relaciones entre el gobierno de Chávez y los medios de comunicación privados. Las acusaciones mutuas entre ambos son parte de los debates permanentes en la vida política venezolana, incluso desde antes de la elección de Chávez a la presidencia. El punto culminante de esta relación conflictiva se produjo en torno al 11 de abril de 2002, puesto que los medios privados tuvieron un papel protagónico en las movilizaciones que dieron lugar a los sucesos del 11 de abril, en la interpretación de los mismos, y en el inútil esfuerzo por ignorar las protestas populares contra el golpe. Desde ese momento, y especialmente a lo largo del proceso político que incluyó el paro de 2002-2003 y culminó en el referéndum revocatorio de 2004, la posición oficial del gobierno era que los medios privados habían sido “golpistas” y en buena medida seguían siéndolo. Sin embargo, diversas estrategias, tanto del gobierno como de los propietarios, fueron atenuando el enfrentamiento, lo cual se percibió en el cambio de programación de algunos medios, como Venevisión y Televen, la disminución hasta la casi desaparición de los programas de opinión y comentario político, la evasión de noticias controversiales y una cobertura más “equilibrada” en ciertos noticieros. Paradójicamente, los medios que habían sido acusados de “golpistas” por ocultar la realidad de las protestas pro-Chávez, serían ahora recompensados por ocultar —o al menos velar— las protestas, delitos u otros problemas sociales desagradables para el gobierno. Sin embargo, otros medios, como RCTV y Globovisión, se resistieron a seguir esta línea, continuando con una cobertura crítica de la acción gubernamental

Aparte del incentivo usual de la distribución de la pauta de publicidad estatal, se presentó al gobierno la coyuntura del vencimiento de las concesiones de algunas de las frecuencias para la transmisión de televisión abierta, prevista para mayo de 2007. Ya en diciembre de 2006, el presidente Chávez anunció claramente su decisión de no renovar la concesión de RCTV.[17]

Inicialmente, las protestas se limitaron a los grupos usuales de la oposición, entre los cuales se encontraban los partidos tradicionales y organizaciones civiles que habían participado en la coordinadora democrática. Sin embargo, los estudiantes se preparaban para movilizarse, y el 25 de mayo hicieron su primera aparición pública con una marcha que se dirigió a protestar ante el canal del Estado, Venezolana de Televisión. La marcha incluyó estudiantes de las universidades Monteávila, Universidad Católica Andrés Bello, Metropolitana, Santa María y Simón Bolívar, a los que se trataron de sumar algunos de la Universidad Central de Venezuela. Su consigna fue la defensa de la pluralidad de medios, el derecho a elegir y la libertad de expresión. (Cárquez y Mayorca, 2007).

Al aproximarse el día del cierre, 27 de mayo, se incrementaron las movilizaciones de diversos sectores, como periodistas, espectadores y trabajadores de los medios. En la noche del 27 se produjeron manifestaciones frente a la sede del organismo regulador de las telecomunicaciones, CONATEL, y una vigilia frente a la sede de RCTV, movilizaciones ambas en las que se presentaron tensiones y enfrentamientos breves con la policía.

Pero fue el lunes 28 de mayo cuando se desplegó plenamente la protesta estudiantil que se mantendría durante la mayor parte del mes de junio, con una gran diversidad de actores, espacios, territorios y tácticas, dejando la sensación de que se había producido un cambio importante en el paisaje de los actores sociopolíticos venezolanos.

Aunque la diversidad y amplitud de la movilización no permite describirla en detalle, es posible destacar algunos rasgos de la misma:

1. La movilización tuvo un carácter inesperado y sorpresivo para casi todos los actores, tanto del gobierno como de la oposición

2. A pesar de ser orientada frontalmente contra una medida gubernamental, se trató de evitar la asociación directa con los actores y las consignas de la oposición tradicional. En este sentido, se insistió en que el objetivo no era derrocar al gobierno, sino defender el derecho a la libertad de expresión y obtener la revocatoria del cierre.

3. Se intentó combinar diversos tipos de eventos, como caminatas, marchas, “sit-ins”, contacto con los transeúntes en los semáforos, reuniones en espacios semipúblicos como las sedes universitarias y el estadio universitario de Caracas.

4. También se combinaron eventos masivos y con participación de otros sectores, con pequeñas movilizaciones sorpresivas en espacios públicos como plazas o centros comerciales.

5. Se hizo un esfuerzo por parte de la dirigencia por dar un carácter pacífico a todas las movilizaciones, aunque esto no siempre se logró.

6. Las manifestaciones y marchas se dirigieron no sólo a la opinión pública, sino a diversos organismos públicos específicos: la televisora oficial VTV, la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio de Educación Superior, y la sede de la OEA en Venezuela.

7. Se trató de superar la “territorialización” de las ciudades en espacios oficialistas y opositores, tratando de manifestar y protestar en espacios tradicionalmente controlados por adeptos al gobierno; sin embargo, esta intención fue obstaculizada tanto por grupos de militantes oficialistas como por la negativa a dar los permisos correspondientes por autoridades locales.

8. La movilización tuvo una amplia presencia territorial, ya que se produjo en algunos de los estados más poblados del país, como Zulia, Táchira, Bolívar, Carabobo, Anzoátegui y en otros como Mérida, Barinas y Nueva Esparta.

9. La movilización estimuló al sector oficialista a promover a sus líderes estudiantiles y juveniles, que hasta ese momento habían permanecido prácticamente invisibles.

10. Se hizo el esfuerzo de mantener la movilización sin suspender las actividades docentes en las universidades, lo cual terminó por crear una fuerte contradicción entre el mantenimiento de la movilización y la continuidad de la actividad académica.

11. Aunque no se logró la meta específica de hacer retroceder al gobierno en su decisión de cierre de RCTV, la movilización pareció aumentar el costo político de la misma, medido en términos de cierta disminución del grado de aprobación de la gestión presidencial.

12. Pero quizás el efecto más importante de la movilización fue el hacer visible un nuevo liderazgo sociopolítico, representado por los principales dirigentes estudiantiles. Su aparición ante la opinión pública pareció satisfacer una expectativa de amplias capas de la población, frustradas por los fracasos de la dirigencia tradicional y por los discursos de la polarización extrema

Para fines del mes de junio, se atenuó el ritmo de las protestas y comenzaron a expresarse planes que hacían más énfasis en lo organizativo y en una visión de mediano y largo plazo, que permitiera consolidar los logros del movimiento. Sin embargo, la experiencia de la movilización estudiantil, con sus logros y fracasos, dejó planteados algunos temas que enriquecen el debate político en la Venezuela actual.

Las palabras de uno de los dirigentes de la movilización muestran algunos de sus temas centrales:

Quiero insistir en que nosotros no nos hemos trazado como objetivo tumbar a Chávez.Una de las cosas que los estudiantes hemos aprendido en los últimos ocho años es que el inmediatismo se tiene que acabar. La consigna no puede ser «Chávez, vete ya».

[…] Pero por lo menos un objetivo, el de expresarnos como movimiento, ya fue cumplido. Y eso es una victoria. El objetivo de salir a la calle y que los estudiantes dijéramos: «No estoy de acuerdo con esta vaina, no me voy a calar este cierre, no me voy a calar que hagas con el país lo que te dé la gana, no estoy de acuerdo con tu proyecto político», es en sí un salto gigantesco. Porque por ahí se comienza: por hablar.

.–¿Cómo se imagina el país de mañana: con democracia o con dictadura?

–Esto es como una especie de batalla medieval; hay que tener un escudo, que simboliza la resistencia. El Gobierno te está dando palos y el escudo es para resistir. Más nada. Eso quiere decir: marcha no tumba gobierno, pero sí lo frena. Tú tienes que tener el escudo para resistir los golpes del Gobierno. Pero, mientras tanto, tienes que ir afilando tu espada atrás, que es con la que vas a dar el golpe final. Golpe final electoral. Hay que resistir y a la vez prepararse para, en las próximas elecciones, ganarle a él.Hay que resistir de manera no violenta porque con las armas no le vamos a ganar. Por eso yo soy fiel militante de la no violencia. Yo no tengo las armas y no estoy dispuesto a matar a nadie. ( Freddy Guevara, dirigente de la UCAB, en Bastidas, 2007)

Finalmente, se plantea para este movimiento el problema de su identidad: la mayor parte de sus líderes forman parte de los mecanismos formales de representación universitaria, como centros de estudiantes o instancias de cogobierno. En este sentido pueden alegar una representación por elección, la más sólida desde el punto de vista convencional y formal. Sin embargo, es obvio que las movilizaciones desbordan el campo de las reivindicaciones rutinarias de un dirigente corporativo, y más bien entroncan con la tradición de las luchas estudiantiles del país y la región, siempre orientadas hacia la política nacional. Y, tal como sucedió con los movimientos estudiantiles de otras épocas, ha sido cuestionada la legitimidad del movimiento, en tanto se acusa a los estudiantes de ser pequeñas elites privilegiadas, cuyos proyectos y visiones del mundo estarían en contraposición a los del “pueblo”. Este tipo de acusaciones, que eran habitualmente proferidas por los gobiernos de AD y Copei contra los movimientos estudiantiles de vanguardia, son hoy en día lanzadas desde el gobierno de Chávez. Ante este tipo de cuestionamiento, algunos de sus líderes han tratado de destacar el carácter pluriclasista del movimiento y se intenta extender el contacto hacia los sectores populares; sin embargo, todavía es temprano para saber si este movimiento incipiente tendrá la capacidad para articularse con otros actores e insertar su lucha por derechos civiles en proyectos más incluyentes tanto en lo político como en lo social.

Conclusiones

Al comienzo de este trabajo planteamos la posibilidad de que las fronteras entre la sociedad civil y el sistema político se hayan difuminado hasta tal punto que sea difícil reconstruirlas. Pero este cambio no deja intactos a los actores que se mueven entre uno y otro campo, ya que su identidad misma entra en juego al cambiar los parámetros de sus relaciones con sus bases, con otros actores y con las instituciones. Al entrar en el juego de la política y el poder, la cuestión de la representatividad es la primera pregunta que se ofrece como barrera: ¿Y usted a quién representa? ¿En nombre de qué o quién pretende ser oído? Si el actor no se resigna a entrar en los moldes tradicionales de las organizaciones políticas, debe formular soluciones creativas que le permitan mantener su identidad y a la vez legitimarse como actor con tantos derechos como los que ya ocupan el terreno.

Apoyándonos en la tipología de formas de “representación asumida” de Gurza et al., hemos tratado de explorar las formas en las que organizaciones de los tipos más diversos han enfrentado los dilemas de ocupar esa amplia zona gris entre lo social y lo político, “sin modelos” a los cuales referirse, dado el carácter inédito de muchos de los procesos sociopolíticos actuales. Los casos que hemos descrito son una muestra sólo parcial de la apertura y diversidad de opciones que han venido adoptando los viajeros en este territorio sin mapas ni brújulas.

Tres grandes fuerzas han impulsado este entrelazamiento entre los actores civiles y la política:

En primer lugar, una dinámica que trasciende a la sociedad venezolana, por la cual los actores tradicionalmente identificados como esencialmente políticos, es decir, los partidos organizados, programáticos y de alcance nacional, han ido perdiendo legitimidad como monopolizadores del proceso de decisión acerca de las políticas públicas. La organización partidista, demasiado entrelazada a instituciones y procedimientos diseñados para las sociedades de los siglos XIX y XX, parece perder contacto con la dinámica societal, al avanzar ésta a unos ritmos que desbordan los procedimientos de formación de consensos y coaliciones, acortan los tiempos para la reflexión sobre programas a largo plazo, y presentan incesantemente nuevos tipos de conflictos e identidades. Ante estas limitaciones de los partidos, algunos sistemas políticos han logrado, hasta cierto punto, ampliar ordenadamente sus límites para incorporar otras formas de influencia y deliberación que complementen y legitimen a las instituciones establecidas; otros buscan todavía respuestas, sin poder detener las tendencias a la desestructuración y a la ruptura del vínculo entre ciudadanos y representantes. Es en estos terrenos inciertos en los que incursionan grupos y organizaciones que en algún momento se veían a sí mismas como actores secundarios en una obra cuyos roles estaban claramente señalados y delimitados, pero que se han visto obligados –-o tentados— a sustituir a los que, agotado su discurso y su proyecto, no logran hacerse oír. Estas incursiones, por supuesto, no están exentas de riesgos como la autosuficiencia y la ingenuidad, que se traducen en sonoras derrotas, o la reproducción del sectarismo y la intolerancia, enfermedades características de los actores emergentes. Pero quizás el más importante de los riesgos se da en el paso de la participación directa a la delegada: el anunciarse como la voz de amplios grupos de ciudadanos sin disponer de mecanismos ni formas legítimas de representación.

En segundo lugar, un impulso decisivo para la difuminación de los límites entre lo político y lo social ha sido la deliberada política del gobierno de Chávez, como parte de un proyecto de largo plazo, de crear un ersatz de sociedad civil con todas sus características formales, pero subordinada a la estrategia de poder del movimiento que pretende hacerse hegemónico. La combinación de un discurso descalificador de las organizaciones preexistentes con el apoyo financiero, institucional, mediático, y hasta coercitivo del Estado a los nuevos actores afines al proyecto va produciendo una red de organizaciones que tan pronto se ocupan de las reivindicaciones locales o gremiales como de garantizar votos para el líder del proceso o distribuir créditos y becas; que pretenden (o en el mejor de los casos, intentan) representar a las bases sociales pero al mismo tiempo se convierten en correas de transmisión del Estado, fundiéndose con sus jerarquías políticas, burocráticas y militares. A diferencia de la primera de las fuerzas mencionadas, que se dirige desde las organizaciones de ciudadanos hacia la política, ésta proviene de la cúspide con la ambición de crear un orden sin fisuras en la totalidad del tejido social. Se trata en este caso, no tanto de fusión entre lo social y lo político, sino entre la sociedad y el Estado con predominio del segundo. Pero, de cumplirse esta fusión, lo político en tanto debate, diferencia y disidencia se hace superfluo, al no ser concebible la existencia de proyectos o grupos al margen o, mucho menos, en contra del movimiento totalizador llamado «revolución».

Finalmente, una tercera fuerza en la dinámica de entrelazamiento entre lo civil y lo político ha sido la reacción defensiva de algunos grupos y actores sociales frente al avance del proyecto totalizador. Ante la crisis terminal de los grandes partidos y, en menor grado, de las organizaciones corporativas que habían gestionado el modelo sociopolítico anterior, y la amenaza subjetivamente percibida (independientemente de su grado de veracidad) a modos de vida que, legítimos o no, se consideran como derechos adquiridos, ciudadanos que antes de la presente coyuntura rechazaban y evadían toda intervención en la vida pública se han visto repentinamente envueltos en asambleas, marchas, protestas y peticiones, en las que se va forjando lenta y penosamente una identidad ante todo defensiva y, si se quiere «reaccionaria» en el sentido primario de la palabra, pero que no deja de tener el potencial de articularse con nuevos discursos políticos que conviertan el rechazo y la crítica en proposiciones alternativas.

Aunque procesos como éstos no son exclusivos de Venezuela, en la actual coyuntura de transición del país parecen especialmente intensos y probablemente irreversibles, ya que para los actores de uno y otro bando, y aun los que pretenden ocupar espacios neutrales, lo que está en juego es la posibilidad misma de convivencia pacífica en un territorio, bajo un orden legítimo y democrático. La retórica absolutista y excluyente que pretende imponer un proyecto puro en forma integral, al cual sólo cabe adherirse u oponerse en bloque, no permite espacios para la negociación, el diálogo y la competencia institucionalizada por el poder, sino para la lucha frontal y radical, es decir, no para la política sino para la guerra.

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– Súmate (2004b) “¿Esto es una conspiración?”, en: http://www.sumate.org/documentos/Is%20This%20a%20Conspiracy.pdf

NOTAS

[1] Los autores , aunque reconocen los peligros de una democracia “de audiencias” (Manin, 1998 ) y del surgimiento de liderazgos carismáticos como resultado de la pérdida de representatividad de los partidos, consideran que la apertura de espacios públicos de participación en la formulación de políticas es a la vez producto de la actividad representativa de organizaciones civiles, y oportunidad para la construcción de nuevas formas de representación (Ibíd., pp. 6-12)

[2] “As civil organisations on a daily basis engage in activities in which political representation is likely to occur, and are faced with the problems of assuming these representational tasks without any models to assert themselves as legitimate representatives, the assumption of representation tends to be formulated and verbalized based on evolving justifications that are not only credible and reasonable but also publicly defendable.” (Ibid., p. 14)

[3] Para Chalmers (2001) “las organizaciones de la sociedad civil … se han convertido en parte del escenario político” (p. 63), por lo cual es necesario modificar el marco institucional de las democracias modernas. Para otra concepción de la sociedad civil como ámbito político, véase Arditi (2004). Incluso una defensora de la distinción entre las esferas de la sociedad civil y la sociedad política como Jean Cohen ha admitido recientemente que “…en la nueva sociedad civil global la política de influencia es complementada por la utilización de algunas formas de poder.” (Cohen, 2003, p. 452) (Traducción nuestra)

[4] Como lo expresa Taylor, siguiendo a Habermas: “[The public sphere] …is a space of discussion that is self-consciously seen as being outside power. It is supposed to be listened to by power, but it is not itself an exercise of power. Its in this sense extrapolitical status is crucial.” (Taylor, 2004, p. 89)

[5] Esta sección se apoya parcialmente en Arenas y Gómez (2004)

[6] Por ejemplo, el concejal y vicepresidente del Cabildo Metropolitano, Edgar Gaviria, afirmaba en octubre de 2001: “Estamos en una etapa de formación, pero la meta es establecer a las redes sociales (de seguridad, salud, educación, etc. ) en la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Se trata de eliminar las asociaciones de vecinos y reemplazarlas por los promotores comunitarios de los distintos barrios, que a su vez conforman las redes sociales.” (Aiquel,2001) (Énfasis nuestro). Aunque esta meta podría parecer irreal en aquel momento, la eliminación de la figura de las asociaciones en las leyes que hemos mencionado indica una notable coherencia en los propósitos del gobierno.

[7] Esta transformación fue ratificada pocos días después:

“…el trabajo de la participación popular, la participación colectiva es fundamental para la revolución, los comités de tierra urbana, los comités de salud, las mesas técnicas del agua, todas esas organizaciones, las patrullas deben seguir trabajando más allá de las elecciones, como ya lo he dicho, las Unidades de Batalla Electoral, después que pasen las elecciones las vamos a llamar Unidades de Batalla Endógena, las UBE, Unidades de Batalla Endógena, para que se inserten en la lucha, palmo a palmo del territorio, casa a casa, esquina a esquina, trabajando muy duro, los próximos meses, los próximos años, para mirarlo en el corto plazo, así lo he dicho y lo digo 2 años, 2005-2006 vamos hacer el esfuerzo que podamos para dar ese salto adelante, un salto adelante para que la revolución coja camino hacia el futuro de manera irreversible y triunfante siempre.” (Chávez, 2004b)

[8] Que poco después cambió su nombre a “Patria Joven” e intervino en la “toma” (ocupación) del rectorado de la Universidad Central de Venezuela durante 34 días, pretendiendo imponer una Asamblea Constituyente Universitaria, en lo cual fracasó. (García-Guadilla, 2003, p. 250)

[9] El carácter vertical y el modelo militar de la organización puede observarse en la definición de su estructura:

“El Frente Francisco de Miranda se estructura como un sistema de escuadras, órganos y organismos que dirigen el trabajo del mismo los cuales se organizan por designación, aunque de manera colegiada y haciendo uso de la dirección colectiva, escuchando y teniendo en cuenta el criterio de las escuadras, las direcciones municipales y estadales, para la toma de decisiones. Desarrolla su labor sobre la base del principio territorial y de la comunidad como regla, aunque también lo hace en misiones e instituciones.

•Comandante Hugo Rafael Chávez Frías: Comandante de la Revolución y del Frente Francisco de Miranda.

•Dirección Nacional, a esta se subordina el Estado Mayor Nacional.

•Dirección de Estado, a esta se subordinan un Estado Mayor según cada estado.

•Dirección Municipal o Parroquial, se subordina el Estado Mayor de cada Municipio o Parroquia según sea el caso.

•Escuadras” (Énfasis nuestro)

“Estructura”, en: http://www.frentefranciscodemiranda.org.ve/estructura.htm

[10] Asamblea Nacional de la RBV. Noticias. En: http://www.asambleanacional.gov.ve/ ns2/noticia.asp?numn=9413

[11]“… ‘los primeros fusiles Kalachnikov que lleguen a partir de allí serán para el frente Francisco de Miranda’, dijo el mandatario (…) ‘a partir del día de hoy quiero que comiencen a cumplirse cabal y completamente las tareas de adiestramiento, capacitación y de equipamiento (del frente Francisco de Miranda) para la defensa militar del país’. Según el presidente venezolano, esta organización cuenta con 15.000 miembros, que han sido formados y entrenados en Cuba. ‘Recientemente llegaron (a Venezuela) más de 5.000 (jóvenes) y actualmente están allá más de 5.000, que llegarán (a Venezuela) en agosto, y en agosto se irán 5.000 más’, agregó.” (AAS: “Presidente Chávez distribuirá fusiles rusos a 15.000 jóvenes del frente oficialista”. Despacho de la Agencia France Presse, en: http://www.globovision.com/news.php?nid=31796. Publicado el 29-6-2006).

[12] Súmate nunca ha ocultado que recibió 31.120 dólares del National Endowment for Democracy para la realización de programas de formación ciudadana; en 2005 recibió fondos adicionales, con lo cual enfatizaba el carácter legal y público del subsidio y su utilización. (Súmate, 2004b) La visión de Súmate como “agente del imperio” se intensificó cuando el Presidente de los EEUU, George W. Bush, concedió una larga y muy difundida entrevista a María Corina Machado en mayo de 2005.

[13] El juicio sigue su curso accidentadamente, entre multiplicidad de eventos judiciales, sin que se haya dictado sentencia a ninguno de los acusados.

[14] Se refiere a Oscar Vallés, directivo de Súmate y vocero del encuentro.

[15] Según fuentes oficiales, el 47,07% de la población estimada entre las edades de 18 y 25 años, no estaba inscrita en el registro electoral para las elecciones presidenciales de 2006 (Díaz, 2006)

[16] El detonante inmediato de la protesta fue el asesinato de cuatro personas que habían sido secuestradas en Caracas en el mes de marzo, de los cuales tres eran jóvenes o adolescentes.

[17] «Vayan preparando sus maletas y apagando sus equipos, no habrá nueva concesión para ese canal golpista», expresó el Primer Mandatario […]Dio a conocer que la medida mediante la cual se dará término a la actividad de Rctv está ya redactada. «Lo digo para que no vengan ellos después con el cuento de que la concesión se vence dentro de 20 años. Yo te aviso», añadió el Presidente. Dijo además que no quedará en el país «un medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia… Venezuela se respeta». (Carrillo, 2006)