Resistir para existir:

La sociedad civil venezolana ante el proyecto totalitario

Por Luis Gómez Calcaño

Febrero de 2023

 El 24 de enero de 2023 se presentó y aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Dicho proyecto, que ha sido denunciado por un gran número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) nacionales e internacionales, es una versión actualizada de otros textos que el gobierno y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) han intentado promulgar desde hace más de quince años y que forma parte, junto con numerosas decisiones judiciales y actos administrativos, de una estrategia dirigida a la supresión de la capacidad de los ciudadanos para organizarse en forma autónoma. Los numerosos intentos del régimen por lograr esta meta obedecen a un proyecto totalitario. Entendemos por régimen totalitario un sistema social guiado por una ideología, regido por un partido único y otras organizaciones movilizadoras sometidas al poder concentrado en un individuo o un pequeño grupo, que no es responsable ante la población y no puede ser desalojado del poder por vías institucionalizadas y pacíficas (Linz, 2000). Un rasgo esencial del totalitarismo es la ausencia de asociaciones e instituciones autónomas (Scruton, 2007).  

En Venezuela no se ha logrado todavía la implantación de un régimen totalitario debido a la resistencia de la ciudadanía y al cálculo estratégico de los gobernantes respecto a los medios y las oportunidades para lograr esa meta. Esto permite caracterizar al régimen actual como un “totalitarismo atrofiado” (Linz, 2000).  

Este artículo revisa las relaciones entre el proyecto “revolucionario” y la sociedad civil venezolana desde los inicios del régimen chavista en 1999 hasta el presente para mostrar tanto las acciones del proyecto totalitario hacia la sociedad como la resistencia que ella ha opuesto frente al avance de dicho proyecto.^[1]

1. ¿Existe una sociedad civil en Venezuela?

Entendemos por sociedad civil el espacio que ocupan las organizaciones voluntarias intermedias entre el Estado y la sociedad, dedicadas a la representación directa o indirecta de intereses de los ciudadanos o a la defensa de valores comunes no específicos de algún grupo (por ejemplo, el ambiente). Los partidos políticos, aunque se originan en la sociedad civil, se han convertido en una esfera separada en la medida en que su fin es ocupar y dirigir el Estado. Ello no quiere decir que la sociedad civil esté aislada de lo político sino que su relación con el poder se limita al ejercicio de influencia más que al manejo directo del aparato del Estado. Los grados de institucionalización de las OSC son variables, por lo cual estas incluyen desde las corporativas societales, formadas por organizaciones burocráticas permanentes, como los gremios y sindicatos hasta organizaciones fluidas y cambiantes que conforman movimientos sociales dinámicos. 

En el régimen liberal democrático que se inició en Venezuela en 1958, las organizaciones sociales eran reconocidas como actores legítimos, aunque algunas, como los sindicatos, tendían a subordinarse a los principales partidos políticos. Desde la década de los setenta, la expresión “sociedad civil” se fue extendiendo y ganando legitimidad, aunque con diversas interpretaciones sobre su estructura, funciones y relevancia. 

La sociedad civil en Venezuela muestra una gran diversidad. La influencia de las OSC no depende exclusivamente de su magnitud sino del reconocimiento que logren despertar en la población. Esto se debe a que, aunque no son representativas en el sentido partidista electoral, ejercen “actividades de representación” (Gurza et al., 2005) ya que practican varias formas de “representación asumida”, como la prestación de servicios a grupos de sectores o ciudadanos (como las víctimas de violaciones de sus derechos humanos, civiles o políticos), la mediación entre individuos o grupos sin representación y el Estado u otras instituciones políticas y sociales, o las relaciones de proximidad, semejanza o identidad con determinados grupos sociales, etnias o minorías. Las OSC se agrupan en redes para potenciar su influencia; algunas por afinidad de objetivos, como las de organizaciones de derechos humanos, las dedicadas a temas ambientales, las de género o las de salud; otras alrededor de temas más generales, como la defensa de los principios democráticos y el ejercicio de los derechos ciudadanos (Cartaya, 2013). 

La llegada del chavismo al poder significó una alteración profunda de  las relaciones entre la sociedad civil, la política y el Estado, situación que llevó a las OSC a vivir diversos períodos de turbulencias y redefiniciones en un marco institucional inestable, cambiante y cargado de amenazas.

1. El régimen político: proyecto y estrategias hacia la sociedad civil

Los regímenes autoritarios —y especialmente los totalitarios— no son compatibles con sociedades civiles autónomas. Estas últimas tienden a obstaculizar el modelo de decisión cerrado y excluyente de aquellos, quienes tratan de neutralizarlas o incorporarlas en forma subordinada bajo modelos corporativistas  de Estado, y persiguen o reprimen a quienes no se sometan a este molde. 

El régimen venezolano actual era caracterizado, al menos hasta 2015, como un autoritarismo electoral, en los términos definidos por Schedler (2002); regímenes que celebran elecciones, toleran cierto grado de pluralismo y de competencia interpartidista pero que, a la vez, violan las normas democráticas en tal forma que ya no son democracias sino autoritarismos. Sin embargo, desde el momento en que la oposición obtuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias de ese año, el régimen aceleró su marcha hacia la destrucción de lo poco que quedaba de su carácter electoral y de las libertades que le son indispensables, tratando de avanzar en su proyecto totalitario.  

El “Socialismo del Siglo XXI” se planteó desde sus inicios una redefinición de las organizaciones intermedias entre el Estado y la sociedad: ensayó diversas formas (como los llamados “círculos bolivarianos” o las organizaciones sindicales o empresariales paralelas) para desplazarlas y sustituirlas por una nueva articulación, dirigida a conformar vastas redes sociales en todos los campos, bajo el control y supervisión del Estado y el partido gubernamental:  este tipo de relación entre Estado y sociedad civil es denominada “corporativismo de Estado”, y es uno de los rasgos centrales de los totalitarismos, aunque no exclusivo de ellos. A diferencia de las OSC, las organizaciones del “poder popular” están diseñadas para depender del reconocimiento del Estado. Las que han recibido más promoción y respaldo oficial, después de diversos ensayos fracasados,  son los llamados “consejos comunales” y las “comunas”, bases de una nueva forma de organización del territorio y de representación política, estrechamente articuladas con el partido de gobierno, además de los grupos de carácter político-militar y las Redes de Articulación y Acción Social (RAAS), encargadas de identificar y controlar las tendencias políticas de los habitantes de las comunidades.

El régimen impulsa su estrategia de control total de la sociedad en varias formas: legislación; uso de leyes y reglamentos para intimidar o perseguir a las OSC; decisiones judiciales y políticas públicas para limitar la capacidad y el radio de acción de dichas organizaciones; campañas de desprestigio para que estas sean percibidas como cuerpos extraños a la comunidad política y como agentes extranjeros y, finalmente, utilización de grupos paramilitares que ejecutan acciones de intimidación.

Ya en los primeros años del régimen, algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia cuestionaron la representatividad y legitimidad de las OSC. Pero estas sentencias sólo fueron un primer paso, que sería complementado con un numeroso conjunto de leyes restrictivas, como la Ley Orgánica del Poder Popular (2010)[H4] , la Ley de los Consejos Comunales (2006, convertida en ley orgánica en 2009), Ley de las Comunas (2010) la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012), entre otras.

El paso de una relación entre Estado y sociedad basada en la autonomía de los ciudadanos a una apoyada en la articulación subordinada de estos al Estado requirió, desde los inicios del régimen, debilitar a las principales organizaciones corporativas: gremios empresariales y sindicatos. Estas, por su parte, han buscado aliarse con los partidos y otros grupos opositores para resistir la estrategia gubernamental, aunque hasta ahora solo han logrado retrasar, pero no detener, su avance.

En 2010 se presentó un proyecto de Ley de Cooperación Internacional que prohibiría a las OSC recibir fondos de organismos o países extranjeros. Aunque no fue aprobado en ese momento, muchas de sus ideas principales aparecen en la ley presentada en 2023. 

En los últimos años se han producido numerosos ataques jurídicos, mediáticos y físicos contra las organizaciones defensoras de los DDHH, con el fin de limitar su capacidad de acción, su autonomía y su efectividad. Esta intención se manifestó con la salida de Venezuela del ámbito de actuación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que significó un golpe a la vigencia de esos derechos en el país. Por otra parte, los registros y las notarías obstaculizan sistemáticamente las gestiones de las OSC, con lo cual dificultan su funcionamiento y las empujan a situaciones de ilegalidad. Y numerosos activistas y directivos de OSC han sido hostigados, privados de libertad y juzgados por el simple intento de ejercer sus derechos de expresión y participación.

Una de las principales motivaciones para estos ataques ha sido que dichas organizaciones se han transformado en el único canal por el que se ha logrado escuchar, recopilar y transmitir las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos básicos, así como de los económicos, sociales y culturales. Estas organizaciones, a través de su presión ante organismos internacionales como la ONU, han logrado que se formen equipos de investigación que han desvelado el carácter sistemático de dicha violación de derechos. 

La información proporcionada por las diversas OSC venezolanas han servido de base para investigaciones, recomendaciones y sanciones emitidas por diferentes países. Dicha información habría permanecido oculta por los diversos mecanismos represivos usados para impedir la libre expresión en el país. Es por eso que  frenar esos flujos de información se ha convertido en una cuestión estratégica para el régimen, por lo cual parece decidido a suprimir a cualquier organización que genere dichos flujos .

1. Las respuestas de la sociedad civil: de la participación a la resistencia

Aunque la sociedad civil venezolana ha sido históricamente considerada débil y subordinada a los partidos políticos, su resiliencia frente a largos años de hostigamiento muestra que sus organizaciones han logrado movilizar una diversidad de recursos para garantizar su autonomía y resistir los intentos de control. Sin embargo, esta supervivencia también se debe en parte a que el régimen solo ha aplicado parcial y gradualmente sus instrumentos de control y represión. Las variables correlaciones de fuerzas en los ámbitos nacional e internacional, y sus propias limitaciones, le han obligado a actuar paso a paso, sin atacar a todos sus antagonistas al mismo tiempo. Una radicalización de su proyecto totalitario le permitiría aplicarlos en forma aún más rápida y devastadora. Por eso, la relación entre el Estado y la sociedad civil en los últimos años se ha presentado como una carrera contra el tiempo: el primero avanza gradualmente hacia su fin de destruir a las OSC autónomas y crear una pseudo-sociedad civil a su servicio, mientras las organizaciones resisten y tratan de promover un cambio político democratizador. 

A diferencia de otros casos históricos, el régimen venezolano, por su carácter de totalitarismo atrofiado u obstaculizado, no ha podido destruir completamente a la sociedad civil. La ambición de control total ha sido frenada, no solo por la resistencia de la sociedad, sino por la escasa capacidad organizativa estatal, una burocracia técnicamente poco capacitada y disciplinada y la existencia de numerosos focos de corrupción. Esta incapacidad ha dejado vacíos que los ciudadanos tratan de colmar por medio de organizaciones dedicadas a la atención de la salud, la educación, la infancia y hasta la alimentación. Paradójicamente, estas mismas organizaciones, que llenan los vacíos dejados por el Estado, no son vistas como colaboradores o potenciales aliados sino como peligrosos enemigos: el modelo de sociedad que se quiere imponer exige que los ciudadanos dependan exclusivamente del Estado y del partido. Cualquier competencia en este aspecto significaría que algunas voluntades no puedan ser completamente subyugadas, lo que debilitaría el poder total sobre los ciudadanos. 

Por su parte, las OSC tratan de enfrentar el intento para reducirlas a actores irrelevantes y marginados de varias formas. En un estudio sobre la situación de las OSC en Venezuela, algunos de sus representantes mencionaron las dificultades que enfrentan y las estrategias que han utilizado para superarlas. Algunos de los problemas más comunes son las dificultades de financiamiento, que afectan su capacidad de mantener al personal y las llevan a depender más del financiamiento externo; a lo que se suman las deficiencias de seguridad y el acceso a  servicios públicos. (Sinergia- Cesap, 2018)

Las principales estrategias usadas para enfrentar estas dificultades han sido: la documentación de violaciones de derechos; la creación de observatorios en diversos campos; la presentación de informes alternativos s ante organismos internacionales; la conformación de nuevas redes y plataformas; la movilización para demostrar la emergencia humanitaria; la atención directa a víctimas de la situación de emergencia social; la articulación entre organizaciones de sectores distintos en temas comunes; la presentación de proyectos de ley o exigencias legales a los poderes públicos; y la ejecución de programas, proyectos y prestación de servicios educativos, asistenciales, sociales y culturales (Sinergia-Cesap, 2018).

Por su parte, las organizaciones dedicadas específicamente a la defensa de los derechos humanos, que han sufrido una persecución más constante y sistemática, también han emprendido acciones similares: mayor compromiso e incremento en el número de personas involucradas; capacitación y aprendizaje continuo; articulación y trabajo en red; uso de plataformas digitales; contacto con mecanismos de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; enlace con redes de organizaciones internacionales; y presentación de comunicaciones ante instancias como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y el Tribunal Supremo de Justicia (Venezuela, “enemigos internos”, pp. 72-74).

Uno de los principales líderes de la sociedad civil venezolana, Feliciano Reyna, ha descrito las acciones y actitudes que han permitido la continuidad de las organizaciones en medio de la crisis y el hostigamiento del Estado: evitar el aislamiento conformando coaliciones y frentes comunes; dar respuesta colectiva de variadas organizaciones cuando se ataca a una de ellas; organizarse, no solo para la participación ciudadana esperable en un gobierno democrático, sino para cubrir los vacíos existentes en las “precariedades” agudizadas por la crisis; y, por la complejidad y riesgos de la situación, “formar tejido social” (lo que implica ”incorporarse a organizaciones o incluso crear nuevas…incorporarse en movimientos y expresarse como sociedad civil para exigir participación en asuntos públicos”). El mismo dirigente señala que se ha construido una red de 115 organizaciones solamente para el trabajo de distribución de ayuda humanitaria, y afirma que se debe promover los esfuerzos conjuntos, con sentido de comunidad y solidaridad (Guerra, 2020).

En febrero de 2023, con motivo de la aprobación en primera discusión del proyecto de Ley sobre fiscalización de la sociedad civil, se presentó un documento firmado por más de 400 organizaciones de todos los ámbitos, en el cual se denuncia el proyecto y se solicita que sea retirado (Comunicado conjunto, 2023). Asimismo, los organismos de investigación y defensa de los derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas han tomado conocimiento de la situación y han alertado sobre ella. Estas acciones muestran que las OSC están conscientes del peligro que representa la ley y han recurrido a sus redes de articulación intersectoriales, nacionales e internacionales, para enfrentar ese peligro.

Conclusiones

Las posibilidades de supervivencia de las OSC venezolanas pueden ser evaluadas en términos de cuatro variables: a) Capacidad de autosustentación; b) Capacidad de establecer alianzas con otros actores democráticos; c) Solidaridad internacional y d) Cierre o apertura del régimen. 

a) Capacidad de autosustentación y su mayor o menor dependencia de fuentes de financiamiento externo: la capacidad de autosustentación es limitada por el entorno de grave crisis económica y acoso estatal. Eso ha hecho que buena parte de las organizaciones dependan de subsidios externos para cumplir sus fines. Entre los financiadores externos se encuentran actores estatales como la Unión Europea y fondos de ayuda al desarrollo de varios países. Por ello, la ley recientemente aprobada en primera discusión podría dar un golpe mortal a muchas organizaciones que no tienen otras fuentes de financiamiento.

b) Capacidad de establecer alianzas con actores políticos democráticos. Sabiendo que el régimen pretende una aceleración y profundización de la carrera hacia la hegemonía, la mayoría de las OSC tiende a coincidir con las posiciones y proyectos de los partidos de oposición. Sin embargo, en los últimos años, dichos partidos enfrentan no solo la persecución oficial sino también sus propias divisiones, así como el desprestigio causado por sus errores en la lucha contra el régimen. El desafío para las OSC, incluyendo a los sindicatos y gremios, está en articularse a una alternativa política que defienda su derecho a existir sin que ello implique perder su autonomía ni su identidad específica como sociedad civil. 

c) Apoyo y la solidaridad de organizaciones internacionales, públicas y privadas. Aunque dicho apoyo sigue existiendo, es previsible que encuentre cada vez más obstáculos legales y prácticos.

d) Mayor o menor disposición del régimen a permitir espacios mínimos de acción social autónoma. El régimen ha sido coherente desde sus inicios en su voluntad de someter o instrumentar a las organizaciones de la sociedad civil, o de crear una sociedad civil paralela articulada en torno al Estado. La intimidación hacia los posibles donantes, la escasez de oportunidades de autofinanciamiento en un contexto de crisis económica y la propia persecución contra las organizaciones muestran que la intención de sustituir a la sociedad civil autónoma por una puramente formal no es secundaria, sino que forma parte de un proyecto coherente a largo plazo. No hay razones para pensar que, sin una intensa presión interna y externa, vaya a retroceder en esta meta, por lo cual su límite estará más en la capacidad y recursos que pueda utilizar para este fin, que en un cambio en su proyecto. 

En consecuencia, las OSC que pretendan mantener su autonomía tendrán que plantearse modos de supervivencia que no cuenten con la buena voluntad ni la disposición al diálogo por parte del Estado. Esta relación con el poder podría ser denominada “de resistencia”, entendida como respuesta de una sociedad o un grupo humano que, no teniendo los recursos para efectuar los cambios sociopolíticos a los que aspira, tampoco se adapta pasivamente a las exigencias del poder existente, sino que, por su actitud de defensa de los principios que la orientan, trata de mantener en el tiempo su identidad política, social y cultural. El hecho de mantener el funcionamiento de las organizaciones, a pesar de las dificultades, puede ser considerado como una forma de resistencia. Frente al desgaste y los intentos de dividir, penetrar y corromper sus organizaciones, una visión estratégica debe contemplar la hipótesis de una supresión creciente de la vida asociativa autónoma. En la Venezuela actual, para las OSC el solo hecho de existir ya es en sí mismo un desafío al poder. Si hasta hace poco se podía afirmar que “existir es resistir”, parece llegado el momento de “resistir para existir”.

Referencias

Cartaya, V. (2013). La sociedad civil organizada en Venezuela. Roles, retos, entorno, Caracas, Sinergia. 

Comunicado conjunto: Proyecto de ley intenta suprimir el derecho de libre asociación en Venezuela. https://www.civilisac.org/alertas/comunicado-conjunto-proyecto-de-ley-intenta-suprimir-el-derecho-de-libre-asociacion-en-venezuela. [Consulta: 13/2/2023]

Gómez Calcaño, Luis. “La autocratización de Venezuela y su impacto en la sociedad civil”. Desacatos 69.  Mayo-agosto 2022, pp. 48-63Guerra, Carlos Armando, 2020, “Feliciano Reyna: la participación ciudadana le da el sentido a todo”.  Correo del Caroní. <https://www.correodelcaroni.com/especiales/43-aniversario/feliciano-reyna-la-participacion-ciudadana-le-da-el-sentido-a-todo/&gt;. [Consulta: 13/2/2023]

Gurza, A., et al. (2005). In whose name? Political representation and civil organisations in Brazil. Brighton, IDS Working Paper 249.

Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. https://provea.org/wp-content/uploads/2021/05/LEY-DE-FISCALIZACION-REGULARIZACION-ACTUACION-Y-FINANCIAMIENTO-DE-LAS-ORGANIZACIONES-NO-GUBERNAMENTALES-Y-AFINES-v24.01h2.00-2.pdf[Consulta: 13/2/2023]

Linz, Juan (2000). Totalitarian and authoritarian regimes. Boulder. Lynne Rienner.

Schedler, A. (2002). “Elections Without Democracy: The Menu of Manipulation”, Journal of Democracy, 13 (2), pp. 36-50.

Scruton, Roger (2007). The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought. Third Edition. New York, Palgrave Macmillan.

Sinergia-Cesap (2018). Roles de la sociedad civil venezolana en un proceso de transición democrática. Versión 30 de abril 2018.  Manuscrito inédito.

Venezuela, “enemigos internos”. La defensa de derechos humanos bajo ataque. Informe de misión de investigación (2020). OMCT, Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Centro para los defensores y la justicia, Cofavic. https://www.fidh.org/IMG/pdf/venezuela_informe_2020.03_informe_completo.pdf [Consulta: 13/2/2023]

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^[1] Este artículo se basa parcialmente en Gómez Calcaño (2022).

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Las divisiones de la oposición venezolana: la batalla (verbal) por la Plaza Altamira

Los hechos son aparentemente simples: el domingo 23 de noviembre, un  pequeño grupo de manifestantes enmascarados cerró la avenida Francisco de Miranda frente a la Plaza Altamira de Caracas, espacio público donde se venía celebrando desde hacía una semana el Festival de la Lectura de Chacao. Frente a la inmediata aparición de la Guardia Nacional, el alcalde de Chacao y los organizadores de la feria decidieron desalojar al público para protegerlo.

La justificación aparente de la manifestación y del cierre fue protestar contra la prolongada prisión de estudiantes y otras personas detenidas por su participación en las protestas del primer trimestre de este año. Y si seguimos con lo aparente, no tiene nada de particular que un grupo de personas quiera protestar con una reivindicación muy justa como es la liberación de detenidos por ejercer su derecho a la protesta. Pero como no todo es apariencia, es necesario ir más allá de ella.

Para algunos grupos de opinión y acción política, hacer un festival de lectura en la Plaza Altamira es una transgresión simbólica de varios tabúes: en primer lugar, la plaza ha sido desde hace mucho tiempo el epicentro de las protestas más radicales de oposición, así como el escenario donde cayeron algunas de las primeras víctimas de las protestas a manos de las bandas armadas del gobierno; ese espacio ha adquirido para algunos un carácter de monumento conmemorativo, y por lo tanto de espacio sagrado que no debe ser profanado por actividades menos dignas que la protesta y el sacrificio de la propia vida. En segundo lugar, la plaza fue también el escenario donde se dieron algunos de los mayores y más durables enfrentamientos de las protestas de este año; y finalmente, fue precisamente a causa de esas protestas que el festival, que debió celebrarse en abril, tuvo que ser suspendido.

La celebración del festival significaba así un cierre simbólico de aquel ciclo de protestas y el reconocimiento explícito de un “regreso a la normalidad” que parece moralmente inaceptable a un cierto número de ciudadanos. No es que el festival sea la causa de este regreso a la normalidad, sino todo lo contrario, es una consecuencia del mismo, pero su celebración significa, para quienes no terminan de aceptar que ese ciclo de protestas se agotó, ahondar la herida que produjeron las expectativas frustradas.

Retomar el festival significaba también un triunfo o al menos una ratificación de la política del alcalde Ramón Muchacho durante las protestas de este año, reticente a identificarse con sus fines y métodos y crítico de las desviaciones que muchas veces las afectaron. Para algunos de quienes apoyaron las protestas, la actitud del alcalde rayaba en la “traición” en la medida en que no puso los recursos de la alcaldía ni su respaldo personal al servicio de la estrategia impulsada por los grupos más radicales, sino más bien trató de disuadir a los manifestantes para que, al menos, cambiaran sus métodos.

En un primer momento, no se trataba de un debate sobre las estrategias políticas de la oposición, ya que la realización o no de un programa cultural sólo tiene una relación muy lejana con los problemas reales de acumulación de fuerzas, organización, articulación entre partidos y organizaciones civiles, estrategias electorales y no electorales para avanzar, etc.

Se trataba, para los manifestantes y quienes los apoyaban, de la sensación de que era “inmoral” o “indigno” desarrollar una actividad “normal” de la alcaldía siendo que todavía permanecen presos o enjuiciados más de un centenar de quienes protestaron recientemente. El problema de esta actitud es que el festival no es la única actividad “normal” que se hace hoy en día en Venezuela, a pesar del descontento o la indignación que muchos podamos sentir por la forma en que se maneja el país. Incluso aquellos a quienes más disgusta el festival no sólo han continuado trabajando y haciendo otras cosas necesarias para la supervivencia, como hacer colas en los mercados, sino también actividades optativas como leer, ir al cine, hacer alguna actividad creativa, visitar a sus amigos, viajar u otras semejantes. Por lo tanto, ¿cómo hacer para seleccionar, entre tantas actividades culturales, como la apertura de una exposición, la presentación de un festival de cine o el montaje de una obra de teatro, cuáles son morales y dignas y cuáles no? Si me siento en un banco de la plaza a conversar, ¿Estoy siendo inconsecuente con los presos políticos que no pueden hacerlo? ¿No debería estar protestando incesantemente hasta que los liberen? Responder a estas preguntas nos pone frente a la evaluación de nuestra propia conducta: si criticamos al alcalde y a quienes van al festival porque han olvidado a los presos y se distraen con actividades culturales, ¿Estamos nosotros mismos al abrigo de esa crítica?

Pero el hecho de que la indignación de algunos se haya centrado sobre el festival obedece a que alrededor de él han cristalizado, como sobre un “significante flotante” al estilo de Laclau, un conjunto de tensiones y conflictos que atraviesan a la población opositora venezolana y a sus expresiones organizadas.

Si se considera que no es digno tolerar ni un minuto más la situación de violencia, escasez, inflación y opresión que se vive (por más que todavía haya un sector importante de la población que parece dispuesta a tolerarla o ignorarla), cada día que pase sin que “la gente” salga a la calle a protestar o a derribar al gobierno es un golpe a esa dignidad que se quiere defender, incluyendo la propia. Se produce entonces una especie de disonancia cognitiva, en la cual nuestro sentimiento de la propia dignidad tropieza con la realidad de la impotencia del esfuerzo individual y grupal para “salir de esto” con la urgencia que la moral y esa misma dignidad exigen. Y esta tensión, que se produce como una lucha interna en la persona opositora, también se produce en y entre las organizaciones que pretenden expresar a este sector de la población. Los meses de febrero y marzo de 2014 exacerbaron la contradicción entre quienes impulsaron y creyeron en una resolución rápida de la tensión y aquellos que, considerándose más realistas, insistieron en transitar los caminos grises y poco gloriosos de lo institucional y electoral. La contradicción se resolvió, en los hechos políticos, en favor de estos últimos, no porque esos caminos hayan sido especialmente fecundos, sino porque la protesta se fue agotando sin lograr los grandes objetivos de corto plazo que se planteó.

Sin embargo, las interpretaciones sobre este fracaso han profundizado las divergencias entre esos grupos, ya que ambos se culpan mutuamente de los resultados: para quienes impulsaron “la calle” el fracaso se debe a la “traición” de la dirigencia de la MUD, que aceptó dialogar con el gobierno cuando este estaba “contra la pared”, mientras que para los partidos mayores de esa organización la protesta representó un retroceso porque ni siquiera logró la incorporación mayoritaria de la población opositora y contribuyó involuntariamente con la estrategia oficialista de satanización de este sector.

Esta división de perspectivas, aunque hasta ahora no ha resultado en una división formal de la MUD ni en un abandono de la estrategia institucional, encontró en el anuncio de la realización del festival un nuevo terreno de batalla. Algunos grupos no sólo criticaron ese anuncio, sino que se adelantaron a ocupar parte del territorio de la plaza con recordatorios simbólicos de su carácter sagrado: colocaron fotografías de los estudiantes presos, cruces y lápidas evocadoras de las víctimas de la violencia política, así como carteles alusivos a ellos, en zonas de la plaza que serían recorridas por los visitantes del festival, como para recordarles que el lugar donde ellos venían a una actividad de esparcimiento era en realidad un santuario para las víctimas del gobierno opresor, y que su presencia con esa intención frívola era una especie de profanación, en la medida en que despojaba a la plaza de su carácter heroico y propicio al martirio.

Durante la primera semana pareció que esta discreta presencia de la protesta, totalmente respetada por los organizadores, iba a ser la única expresión del cisma opositor, mientras que las actividades conexas a la venta de libros, como foros y presentaciones de autores, casi invariablemente identificados con la oposición, se desarrollaron con toda normalidad.

La protesta del domingo 23 rompió la “ilusión de armonía” entre las dos posiciones, no tanto por los hechos mismos ocurridos en y alrededor de la plaza, sino por el intenso debate que se produjo de inmediato en los medios sociales. Algunos autores e intelectuales conocidos (ni hace falta decirlo, todos de oposición) hicieron saber su molestia contra quienes protestaban, considerando que su gesto era una agresión contra la cultura que poco perjudicaba al gobierno; otros defendieron la acción, considerando que había sido necesaria para despertar la conciencia adormecida de la gente y recordarles la existencia de los presos políticos. Pero en los textos de ambos bandos el debate desbordó rápidamente desde la situación inicial hasta el enfrentamiento entre estrategias que ha signado a la oposición venezolana en los últimos meses.

Un acontecimiento que en cualquier otra sociedad habría sido rutinario y normal, la competencia por la atención del público entre una feria de libros y una pequeña manifestación de protesta, se transformó en la tensa y polarizada Caracas de hoy en un síntoma del malestar de la sociedad y, especialmente, el de la oposición. Twitter (y en menor medida Facebook) se convirtieron en campos de batalla entre partidarios de la feria y de la manifestación, en los cuales lo que se discutía realmente no eran los hechos, sino las estrategias y tácticas de la oposición.

Lamentablemente, quizás por el carácter de los medios en los que se desarrolló, propicio para el ataque anónimo y la palabra irreflexiva, el debate no alcanzó (con pocas excepciones), un mínimo nivel de profundidad ni de intento de comprender las posiciones del antagonista. En lugar de reflexionar sobre las posibles razones legítimas que podría tener uno u otro grupo para defender sus opciones, rápidamente se formaron las trincheras inamovibles que hemos visto en otros debates opositores recientes: el insulto sustituyó a los argumentos y la sordera al diálogo, para gran regocijo de los oficialistas que miraban desde la otra orilla.

Si creyéramos lo expresado por muchos participantes en el debate, la oposición venezolana estaría compuesta de dos bandos igualmente detestables: por un lado, un pequeño grupo de irresponsables que insiste en desarrollar acciones aisladas y divisionistas, sin efecto alguno sobre la población todavía chavista que se quiere conquistar; y por el otro, unas cúpulas partidistas empeñadas en desmovilizar a la población para mantener su contubernio con el gobierno, que les depara ventajas materiales y políticas.

Sin embargo, ese espejo deformante que son las redes sociales nos puede estar haciendo sobreestimar lo que no fue más que un incidente muy local y limitado, si lo ponemos en la perspectiva de los inmensos problemas del país y de las tareas que enfrenta una oposición cada día más acorralada en lo económico, mediático y político por un gobierno que, paradójicamente, sufre también de una disminución aguda de su capacidad para manejar la complejidad de la crisis.

En el fondo, se trata de un dilema entre dos formas de concebir el compromiso ético por la defensa de los fines comunes de la oposición, dilema que suele presentarse en muchos movimientos opositores a regímenes autoritarios: para algunos, lo que consideran como una opresión intolerable exige una respuesta inmediata, heroica, sacrificial e indiferente a las consideraciones del realismo político, al que consideran sospechoso de cobardía o traición; mientras que para otros, la racionalidad de la estrategia debe evitar la contaminación de la acción política por la emoción, y por lo tanto tratan de controlar o evitar al máximo cualquier acción espontánea que se desvíe del plan a largo plazo. En ambas posturas existe el riesgo de confundir el método con el fin, la táctica con la estrategia; sin emociones que enciendan el impulso a la acción, la mejor estrategia puede dar paso a la complacencia y el acomodo con el adversario. Pero sin una estrategia que logre canalizarlo, ese impulso termina por agotarse ante las sucesivas derrotas. El breve y casi insignificante incidente de la Plaza Altamira quizás ha sido una oportunidad, hasta ahora no aprovechada, de dialogar dentro de la oposición para tratar de encontrar, conjuntamente, el equilibrio entre ambos extremos.

¿Han sido los gobiernos de Chávez y Maduro ineficaces y son sus políticas públicas de mala calidad?

Pensamos que en términos estratégicos, no hay incapacidad ni irracionalidad instrumental en la mayor parte de las políticas de estos gobiernos. Avanzar hacia el socialismo, hacerlo irreversible, no es posible sin destruir el capitalismo, es decir, hacerlo inviable. Toda la política económica de los últimos años ha sido consistente con este fin: se trata de ir asfixiando lentamente a la empresa privada, controlando sus precios, limitándole el acceso a los insumos y bienes de capital, encareciendo la mano de obra e impidiéndole los despidos por cualquier razón, expropiándola arbitrariamente y sin compensación; finalmente, destruyendo la moneda y convirtiéndola de hecho en no convertible. ¿Que esto ha implicado un alto costo social y va a implicar uno todavía mayor? No importa, porque es parte del objetivo. Cuando la gente, desesperada, trate de rebelarse, no habrá posibilidad de protestar, ni de regresar a una economía de mercado; será la oportunidad de profundizar aún más el socialismo de miseria.

Naturalmente, las capacidades de gestión en el vasto aparato estatal que ha construido el actual régimen son variables. Pero no se puede negar que algunos de los altos jerarcas (tanto venezolanos como sus asesores cubanos) son inteligentes y hábiles para lograr sus fines, como lo era Chávez, aunque uno esté en desacuerdo con ellos. Otro factor que produce una impresión de incapacidad es el desvío de fondos para repartir a otros países, para las campañas electorales o para el simple enriquecimiento personal. Muchas veces las políticas no se ejecutan o los proyectos no se terminan simplemente porque los fondos desaparecieron, y no por una especial incapacidad de la gestión.

Es cierto que el socialismo de tipo soviético termina por fracasar tarde o temprano dadas sus limitaciones intrínsecas, la mayoría de las veces sin siquiera haber llegado al poder. Pero en algunos casos, que en el siglo XX lograron abarcar a un tercio de la población mundial, logra imponerse sobre la sociedad y se hace tan difícil de desalojar que dura décadas en el poder, destruyendo millones de vidas a su paso.

La caracterización del régimen venezolano actual es en gran parte una tarea por hacer. Por eso es necesario profundizar en algunos temas y aspectos que requieren más discusión, como los siguientes:

1- La palabra «socialismo» tiene muchas acepciones. Al hablar de «socialismo de miseria» nos referimos al modelo cubano de origen soviético, porque, independientemente del grado de desarrollo relativo de las diferentes economías que lo han practicado, tiene algunos rasgos comunes como centralización de la economía, monopolio de un partido único, fusión Estado-partido-sociedad-fuerzas armadas, monopolio de los medios de comunicación, y otros aspectos. En el caso de Venezuela, el rentismo petrolero ha sido un medio favorable para acumular el poder, porque ha facilitado el modelo de dominación a partir del monopolio estatal de los medios de producción.

2-Tanto Chávez como sus herederos han tomado como modelo, más aún, se han subordinado, al régimen cubano. Aunque un marxista «humanista» negaría la condición de «socialista» de ese régimen, el hecho es que se trata de uno de los modelos de socialismo, el que pretende ser una etapa para llegar al comunismo. El hecho de que existan en esos regímenes corrupción, grandes desniveles de ingreso, relaciones mercantiles toleradas o ilegales, no impide que su discurso legitimador sea el del socialismo, entendido en los términos del grupo dominante, es decir, dictadura del partido camuflada como dictadura del proletariado. En ese sentido, aunque el régimen cubano sea, desde el punto de vista de las «relaciones de producción» muy diferente al de sus modelos europeos o asiáticos, su modelo de dominación, por cierto muy eficaz, es el bolchevique.

3- A pesar de la existencia de espacios y prácticas “capitalistas” parciales en esos regímenes, el núcleo estratégico para el grupo en el poder es el control total sobre la vida de los habitantes y su movilización permanente, como han destacado los estudiosos del totalitarismo. Los autoritarismos no comunistas del siglo XX, como las dictaduras latinoamericanas, reprimían a sus enemigos y desmovilizaban a la población, en lugar de movilizarla hacia una utopía.

La tesis que hemos manejado en otros trabajos (que pueden verse en este blog) es que el actual régimen venezolano es un autoritarismo electoral, pero lo es porque no ha podido implantar el modelo totalitario, o porque tiene una estrategia de irlo implantando gradualmente, para disminuir las resistencias. Es bien conocido el debate acerca de si tal o cual régimen ha sido plenamente totalitario (algunos años del nazismo, algunos del estalinismo y del maoísmo, casi nadie se lo atribuye al fascismo). Un híbrido interesante, y que ya tiene mucha influencia en Venezuela, es el régimen chino, que va transitando al capitalismo sin ceder en lo más mínimo el monopolio del partido y el control de los medios de comunicación. La trampa en la podríamos encontrarnos es terminar por aceptar un modelo tipo chino porque es «menos malo» que el cubano.

En todo caso, los planes explícitos y las políticas a desarrollar por el gobierno en los próximos meses y años deberán ser analizadas para detectar qué dirección está imprimiendo a la sociedad venezolana.

Un solo texto, dos versiones sesgadas

El comunicado de la Red de Apoyo en el que toma posición sobre el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a recibir fondos del extranjero fue recogido por los medios de comunicación el 15 de septiembre de 2010. En forma algo sorprendente, no podemos conocer directamente el texto original del comunicado porque el mismo no ha sido publicado (cuatro días después de su emisión) en la página web de la organización (http://www.redapoyo.org.ve). Ello permitió a los medios del gobierno y de la oposición enfatizar los aspectos del texto que más coincidían con su propia visión, lo que muestra los peligros de la polarización en nuestros espacios públicos: quien no haya leído sino una de las dos versiones del documento tendrá una visión radicalmente distinta de quien haya leído la otra versión; por eso a continuación copiamos ambas, para que el lector pueda deducir parcialmente el sentido completo y verdadero de la posición de la Red de Apoyo, mientras seguimos a la espera de la publicación de su versión oficial.

La versión de la agencia oficial de noticias:

ONG reconoce que es deber del Estado tomar medidas para regular financiamiento externo

Caracas, 15 Sep. AVN .- La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz reconoció que el «Estado puede tomar medidas a fin de evitar intervenciones indebidas en los asuntos internos del país», al referirse al financiamiento extranjero que reciben algunas Organización No Gubernamental (ONG) de derecha.

Así lo manifestó esta ONG a través de un comunicado que este miércoles publica el diario opositor El Universal.

No obstante, la misiva reseña que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz aboga por el derecho de las ONG Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) a recibir recursos del exterior siempre y cuando sean destinados «para fines lícitos, transparentes y pacíficos», al tiempo que se opone a la investigación que adelanta en esa materia el Gobierno Nacional.

Organizaciones venezolanas como Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) son las principales beneficiarias del financiamiento que el Departamento de Estado estadounidense canaliza a través de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House y la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), así lo dio a conocer en julio de este año la abogada Eva Golinger.

De acuerdo con la denuncia presentada por Golinger, el Departamento de Estado ha dado un financiamiento de 4 millones de dólares al Ipys y a la ONG Espacio Público. Ese financiamiento, oficialmente otorgado para la formación de comunicadores sociales, tendría por objetivo real llevar a cabo una campaña de desestabilización en este año electoral.

Recibir financiamiento internacional para actividades de política interna supone una transgresión al artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que «los sistemas democráticos se apoyan en la participación de sus ciudadanos y de las organizaciones políticas que los aglutinan para participar en el sistema político y, así, articular la actuación pública en favor de los miembros de la sociedad nacional y no de agentes externos que pudieran intervenir en la vida política de un Estado, lesionando el derecho de la Nación a su autodeterminación, su independencia y soberanía».

12:13 15/09/2010

La versión de un diario opositor:

Defienden derecho de ONG a buscar fondos en exterior […]

JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL miércoles 15 de septiembre de 2010  12:00 AM

Las organizaciones civiles tienen derecho a buscar y recibir financiamiento del exterior para cumplir sus objetivos, siempre y cuando los mismos sean «para fines lícitos, transparentes y pacíficos».

La afirmación la hizo la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la cual se sumó al coro de voces que se han alzado contra los procesos abiertos contra Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) y a la campaña de desprestigio que contra sus directivos se ha lanzado desde medios estatales, debido a los recursos que ambas instancias recibieron fondos desde el extranjero para llevar adelante sus programas.

En un comunicado, la agrupación reconoció que el Estado puede tomar medidas para «evitar intervenciones indebidas en los asuntos internos del país». Sin embargo, aclaró que las mismas «no deben desembocar en la anulación de la cooperación internacional, que siempre será ideológicamente diversa, como diversas son las organizaciones».

La agrupación tildó de «saludable para la democracia» que se debata sobre el financiamiento que obtienen las organizaciones no gubernamentales allende las fronteras, pero demandó de los organismos públicos lo mismo y le recordó a las autoridades que los obs- táculos que han puesto al acceso a la información dificultan «la posibilidad del ejercicio de la contraloría social y de la democracia participativa».

La Red demandó de la nueva Asamblea Nacional que convoque una «mesa plural» para aprobar una Ley de Cooperación Internacional que «contemple criterios justos, equilibrados y transparentes».

El comunicado de la Red se emite una semana después de que 100 organizaciones civiles fijaran posición sobre las amenazas que se ciernen sobre ellas y el cual no suscribió. […]

Moverse entre los polos

La Red de Apoyo por la Justicia y Paz es una organización de defensa de los derechos humanos con larga trayectoria en el país. Esta organización difiere, en cierta medida, de otras del mismo campo en que ha decidido dar prioridad explícita a los derechos de los sectores populares, y tiende a identificarse con las posiciones globalmente calificables como «izquierda». Sin embargo, no se le puede acusar de ser complaciente con el gobierno actual por compartir esta ideología de izquierda; por el contrario, ha hecho y sigue haciendo denuncias serias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios gubernamentales, aunque igualmente ha denunciado dichas violaciones cuando han sido cometidas por miembros de la oposición. Y al mismo tiempo, ha colaborado en los programas de formación de funcionarios en el tema de los derechos humanos. Quizás por querer mantener esta equidistancia entre gobierno y oposición, la Red no se sumó al pronunciamiento de la mayoría de las organizaciones que  defendía su derecho a recibir fondos del extranjero. Aunque la Red también ha recibido fondos de numerosas fuentes extranjeras (evitando recibirlos de fuentes ligadas al gobierno de los EEUU) prefirió expresar su opinión en un comunicado propio, en el que coincide en términos generales con las otras organizaciones, aunque cree necesario enfatizar que dicho financiamiento es legítimo  «siempre y cuando los mismos sean para fines lícitos, transparentes y pacíficos». Aunque debería ser obvio que las organizaciones de la sociedad civil, por definición, se dedican a ese tipo de fines, la advertencia tiende a dar cierta credibilidad a las acusaciones del gobierno sobre el carácter «subversivo» o «golpista» de algunas organizaciones. En la siguiente entrada veremos cómo fue interpretada esta toma de posición de la Red de Apoyo por  medios de comunicación oficialistas y opositores.

El foro por la vida toma posición frente a la muerte de Franklin Brito

En  los últimos años, un amplio sector de organizaciones ha tratado de evitar la polarización política, situándose en posiciones intermedias y dando prioridad a sus misiones originales, sobre todo en la defensa de los derechos humanos y la auto-organización de  los sectores populares. Su labor  se ha visto presionada por los intentos del gobierno de sustituir o desplazar a las actividades autónomas, y los de ciertos sectores de la oposición por cooptar aliados. Sin embargo, han logrado hasta ahora escapar, aunque sea parcialmente, a la lógica de la polarización. Ellas han intensificado sus esfuerzos previos por restablecer el diálogo y la comunicación en el seno de la sociedad, tratando de encontrar áreas de consenso y cooperación entre todos los actores, y de defender los derechos ciudadanos independientemente de quiénes los violen. Estas organizaciones podrían llegar a ser el núcleo más sólido de una sociedad civil autónoma, actor indispensable para la reconstrucción de la democracia en Venezuela. Una característica de ellas es que tienden a agruparse en redes que potencian su alcance. Una de estas redes es el  Foro por la Vida, que agrupa 18 organizaciones promotoras de los derechos humanos, tanto de carácter nacional como regional o local, e incluye centros de investigación académica.

Ayer, el Foro por la Vida emitió una declaración en la que analiza las responsabilidades de diferentes ramas del Estado en la muerte de Franklin Brito. Más que comentarlo, el documento merece ser conocido en su totalidad, y puede ser consultado en la siguiente página:

http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=6209

Un hombre solo

Hoy se dio a conocer la muerte de Franklin Brito, como consecuencia de la última de las muchas huelgas de hambre que realizó para reivindicar la propiedad de su pequeño fundo en el estado Bolívar. El caso de este pequeño productor agropecuario se prolongó durante varios años, en los cuales se produjeron marchas y contramarchas de diversos organismos del Estado, intentos de negociación que parecían a punto de culminar para fracasar a último momento, y una cobertura mediática polarizada, como todos los temas sensibles en la Venezuela de hoy. No contamos con suficiente información para poder explicar claramente toda la madeja de errores, malos entendidos, confusión voluntaria e involuntaria que culminó en esta muerte; pero se imponen dos reflexiones: la primera es el asombro ante la insensibilidad, pero también la gran torpeza política, del gobierno. ¿Era  tan difícil  satisfacer las demandas de Franklin Brito, que después de todo, eran más simbólicas y formales que materiales y costosas? ¿Valía la pena dejar morir a un hombre por no concederle unas demandas elementales, de mínimo costo para el gobierno, y que se habrían traducido en un inmediato olvido del «caso» por la opinión pública?

La segunda tiene más que ver con el tema de la organización social: ¿Quién apoyó a Franklin Brito? Ciertamente, muchos medios de comunicación, partidos opositores y ciudadanos comunes siguieron con atención y apoyaron las acciones cada vez más desesperadas de Brito para tratar de ser oído; pero ¿Dónde estaban las organizaciones de sus pares, los pequeños y medianos productores rurales? En la práctica, estaban ausentes, y esto porque la sociedad civil en el campo agropecuario refleja en gran parte  lo que ocurre en el país. Por una parte, la Federación Campesina de Venezuela, que en principio representa a los trabajadores y pequeños productores del campo, fue siempre una organización colonizada por los partidos políticos; durante muchos años por Acción Democrática, y hoy por el oficialismo. La Confederación  Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO, que agrupa a productores medianos, aunque siguió el caso en sus publicaciones, nunca se pronunció formalmente. Esta Federación, aunque no es controlada directamente por el gobierno, mantiene una extremada prudencia frente a él, dada su dependencia de las políticas agrícolas estatales. En síntesis, no hubo un respaldo organizado de los gremios que, en principio, debieron poner todo su peso organizativo y de presión tras las denuncias y reivindicaciones de Franklin Brito;  la debilidad de este  sector de la sociedad civil también contribuyó, en algún grado, a su muerte.

¿Dónde está la sociedad civil en Venezuela?

A pesar de los intentos de delimitar y precisar el ámbito de la sociedad civil y las características que definen a una organización como perteneciente a ese ámbito, no es posible establecer fronteras perfectamente definidas entre la sociedad civil y otras esferas de la vida social. Por eso, todo intento de describir o clasificar a la sociedad civil en un país debe ser considerado como una aproximación, más que como una medición exacta.

El Centro de Investigaciones Sociales CISOR (www.cisor.org.ve) emprendió hace varios años la enorme tarea de hacer un censo de las organizaciones de la sociedad civil que actúan en Venezuela (o, en los términos usados por CISOR, «Asociaciones y organizaciones privadas sin fines de lucro»). Esa tarea ha ido avanzando en medio de grandes limitaciones de recursos, por lo cual hoy sólo podemos contar con los datos recogidos hasta el año 2002, que se muestran en el cuadro siguiente. A pesar de esta limitación, los datos permiten constatar que la sociedad civil es una realidad en Venezuela, independientemente de las debilidades o insuficiencias que ella tenga; y que es un aspecto de la realidad venezolana que no puede ser ignorado, a riesgo de hacerse una imagen deformada e incompleta de esa realidad.

Los criterios de inclusión y clasificación pueden ser, por supuesto, discutibles. De acuerdo con la definición dada en la entrega anterior de este blog, los partidos políticos no deberían estar incluidos en el ámbito de la sociedad civil. Sin embargo, en la clasificación de CISOR sí se incluyen, porque en ella se parte de otros criterios teóricos según los cuales es legítimo incluirlos.  Pero más allá de esas posibles divergencias, el cuadro es un punto de partida de gran riqueza para investigar y profundizar en la realidad de la sociedad civil venezolana.

Asociaciones y organizaciones privadas sin fines de lucro en Venezuela a inicios del año 2002 según la base de datos de CISOR
		Total				Nota
Cultura		3383
Beneficencia, filantropía		874
Cooperativas		2154				a
Deportes y recreación, clubes		1045
Educación		1026				b
Condición física, género, familia		2048
Hábitat, ambiente, vivienda, transporte		1758
Asociaciones y cámaras empresariales		1021
Previsión social y cajas de ahorro		431
Organizaciones campesinas		1805				c
Desarrollo social y comunitario		440
Políticas		742				d
Comunicación y opinión		592				e
Iglesia y religión		2558				f
Salud		631
Vecinales		3160
Consumidores y usuarios		3012				g
Sindicales y gremiales		4486
Científicas y profesionales		639
Desarrollo regional		208
TOTALES		32013
Notas
a.-Cooperativas: todas las registradas en la antigua ley (mil aproximadamente) y unas pocas de la nueva ley
b.-Educación: planteles sin fines de lucro (por ejemplo los de AVEC,Asociación Venezolana de Educación Católica, más de 700); más las organizaciones de fomento y apoyo educativo;
el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes registra en el país más de 20 mil planteles
c.-Las organizaciones campesinas registradas son principalmente aquellas afiliadas a la Federación Campesina de Venezuela
d.-Partidos y demás grupos políticos que en algún momento tuvieron alguna actividad
e.-Se incluyen algunos medios privados
f.-De la iglesia católica : más de mil parroquias (en cada una hay al menos una asociación de carácter
religioso: cofradía, legión, etc.); no se incluyen congregaciones y casas religiosas cuyas obras y
servicios figuran en otras categorías. Se incluyen las iglesias y cultos no católicos (estos últimos no completos).
g.-Incluyen centros de estudiantes y asociaciones de padres y representantes (estas últimas deben ser más numerosas, considerando el número de planteles en el país).

La ofensiva presidencial contra la sociedad civil

Hemos descrito en entregas anteriores los ataques desde el poder legislativo y judicial contra la sociedad civil, pero falta el más importante, porque es el origen de los otros dos: los ataques verbales del presidente Chávez, que sirven como señal orientadora para que los otros poderes activen sus mecanismos de persecución. El 15 de febrero de 2004, en el programa «Aló Presidente», Chávez se refirió al financiamiento recibido por el  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por su siglas en inglés), organismo relacionado con varias ONGs venezolanas de derechos humanos. Entre otras cosas, Chávez afirmó:

«Esto se lo dan a un Centro llamado Por la Justicia y Derecho Internacional, es el beneficiario, vamos a ver quienes son estos, ¿quiénes serán estos chico? ¿son venezolanos estos, seguro? El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, aquí aparece una firma de Viviana Krstisevic, lo que no estoy seguro si este es un centro venezolano, vamos a ver aquí tiene que decir, aquí dice, vamos a ver, beneficiario: Center for Justice and International Law.»  […] «Vean ustedes como utilizan la figura hermosa de los derechos humanos, primero para cogerse unos reales porque seguramente algunos se quedan en los bolsillos de más de uno, y por otra parte para atentar contra un gobierno legítimamente constituido. Bueno, vamos a investigar también, ah pero aquí están, miren, no aquí están las instituciones, vamos a ver qué dice aquí, el Centro este de Derechos Humanos empleará un abogado para preparar y avanzar los casos relacionados con Venezuela ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es decir, aquí está la plata, ya lo hemos descubierto hoy yo, al menos yo, no tengo duda ya de dónde saca tanta plata esta gente para viajar a Washington, para viajar a Madrid, a pagar abogados, para acusarme a mí de que yo estoy violando aquí los derechos internacionales, los derechos humanos y bueno, y que estoy bueno, inmerso o incurso en un delito de lesa o delitos de lesa humanidad, pidiendo que me enjuicien en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal Internacional, el tirano Chávez, pues, ahora sí se, ahora estamos sabiendo de dónde sale la plata, del gobierno de los Estados Unidos, vale. […] Citando el proyecto de CEJIL: » ‘En este caso, el Centro continuará su colaboración con un diverso espectro de organizaciones venezolanas que promueven los derechos humanos, incluyendo a Cofavic, esa es una; Cofavic, nombre y apellidos, Provea. Cofavic, Provea, otra que se llama Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, la iglesia.» Vean ustedes, Vicaría Episcopal de Caracas, Vicariato Apostólico de Machiques y Humanidad vigente, corporación jurídica. Bueno, aquí entonces dice, habla de entrenamiento, entrenan gente aquí y diseminación de información. O sea, los enseñan pues, todo esto, aquel señor que se plantó una vez frente al Tribunal Supremo en huelga de hambre, un señor, todo eso los entrenan, ellos no son sino actores de un reparto macabro, de una gran conspiración contra Venezuela, y después los llevan a Londres, perdón a España y los ponen a hablar ante un juez español, todo esto lo financia o no sé si todo, al menos una parte, por aquí por esta vía. Bueno, imagínense ustedes, 83 mil dólares.»

Fuente: http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2004/coyuntura_133.htm#07

Respuestas desde la sociedad civil a la sentencia del TSJ contra Súmate

Cuando la sentencia  796 de la Sala Constitucional del TSJ asume que, por recibir fondos de un Estado extranjero, Súmate se convierte automáticamente en un agente de ese Estado, está acusando, sin proponérselo, al propio Estado venezolano, que ha financiado y sigue financiando organizaciones en todo el mundo. Generalmente, ellas son definidas como «grupos de solidaridad con Venezuela», por lo cual no tendrían incidencia en la política interna, pero se han producido denuncias en varios países sobre la injerencia de esos grupos en campañas y otras actividades políticas.

Esta paradoja fue subrayada por el coordinador de Provea, Marino Alvarado, al recordar la situación de los activistas de las «Casas del Alba» en Perú:

«Alvarado defendió la legalidad de la cooperación internacional, alegando que la misma es parte de las relaciones entre los Estados y recordó que Venezuela destina grandes sumas de dinero a apoyar a movimientos estadounidenses, ecuatorianos y peruanos.

‘El Gobierno venezolano cuestionó que se procesara a los activistas peruanos que pusieron en funcionamiento las Casas del ALBA con recursos suyos, entonces por qué aquí defiende lo contrario’, se preguntó el vocero de Provea, quien indicó que los fondos que reciben del exterior las agrupaciones de derechos humanos les permite mantener su autonomía frente a un Estado con el que interactúan o se confrontan permanentemente.»

Reportaje: “Estado también se beneficia de fondos que reciben ONG”, en: http://www.derechos.org.ve/proveaweb/?p=5587